Que existan 500 empresas en pérdidas no es para nada noticia; podría decirse que es parte del comportamiento “normal” de cualquier economía; algo que, además, acompaña al mundo empresarial prácticamente desde sus inicios. Junto a aquellas empresas que perduran están las que no lo logran.
En economías “normales”, donde el tejido empresarial es abundante, complementario, complejo, nutrido; donde crear una empresa puede demorar apenas unos días o, incluso, unas horas, donde la variedad de empresas de acuerdo a sus propietarios recorre una amplía gama de dimensiones empresariales, donde todos los días nacen y mueren centenares de pequeñas y medianas empresas; en esas economías, que existan 500 empresas en pérdida para nada sería noticia. En las dinámicas de dichas economías, la manera en que el problema de la pérdida es resuelto puede ir desde la reducción de costo —que casi siempre empieza en la reducción de personal— hasta operaciones de venta de empresas, fusiones, adquisiciones, etc., pasando por créditos —que siempre serán onerosos—, hasta la quiebra definitiva de la empresa. Una parte de todo ese proceso corresponde a lo que el economista Joseph Schumpeter llamó destrucción creativa, proceso que en parte abre paso al surgimiento de otras nuevas empresas.
No obstante, tener 500 empresas en pérdidas en un país como Cuba, cuyo tejido empresarial nada tiene que ver con el descrito antes, es, sin dudas, otro asunto, en especial cuando el mundo empresarial cubano formalmente está constituido solo por empresas 100% estatales, y algunas otras mixtas. Ni las cooperativas ni los trabajadores por cuenta propia califican hoy como empresas, aunque realmente funcionen como tal.
En realidad, en la historia empresarial de Cuba de los últimos 60 años, la existencia de empresas con pérdidas ha sido un hecho común, cotidiano, lamentablemente consustancial al sistema empresarial estatal y a la forma en que este ha funcionado. De hecho, una parte del déficit fiscal del país durante mucho tiempo fue alimentado por las transferencias del presupuesto del Estado al sistema empresarial para cubrir esas pérdidas y permitir así la supervivencia de “empresas” que no eran capaces de producir riqueza y se alimentaban de la que otros producían, parasitando el desempeño económico global, perjudicando a aquellos que sí laboran eficientemente y generando incentivos muy negativos, tanto tangibles como intangibles.
Faltó —y aun falta— en el funcionamiento del sistema empresarial estatal cubano el mecanismo de “depuración” que debería impedir de forma natural que la ineficiencia prolifere y viva a expensas de la eficiencia. Es cierto que ese mecanismo genera personas sin empleo y un costo social indeseado, pero también lo es que aquella otra práctica que las “salva” a todo costo, genera una economía sin sustento real. Vaya paradoja. Los árboles y el bosque; el bosque o los árboles.
Se ha anunciado, sin embargo, que aquellas empresas que reiteradamente incurran en pérdidas, ya sea provocadas, o no, por la Tarea Ordenamiento serán extinguidas/diluidas; proceso que según conozco no se ha descrito públicamente aún.
Parece que las cosas cambiarán y que ese universo empresarial se enriquecerá con la presencia de Pequeñas y Medianas empresas (MPyMEs), Trabajadores por Cuenta Propia (TCP) y Cooperativas en una cantidad difícil de estimar. Cualquier aproximación seguro quedaría lejos de la realidad —o por exceso o por defecto— en tanto la experiencia es inédita y mucho dependerá de la confianza que generen las normas que las acompañen, y de cuánto podrá la economía sobreponerse a la situación que enfrenta hoy. No obstante, podemos hacer una estimación simple, de esas “de bodeguero”, a pura aritmética y sin ningún supuesto, más allá de aquel que se corrobora todos los días, la estimación de la existencia de sujetos que, aun ante las peores condiciones, son capaces de identificar oportunidades.
Usemos los siguientes números: en el año 2019 existían en Cuba 617.000 TCPs, según el Anuario Estadístico de Cuba. Si se asume que el 5 % de todos esos TCP desean convertir su negocio en una MPyME entonces tendríamos unas 30.000 aspirantes a empresas; si de esos 30.000 solo el 10% lo consigue, entonces tendríamos en nuestro país 3000 nuevas empresas, con todos los derechos que una estructura de su tipo debe tener en Cuba; si de esos 3000 asumimos que el 10 % aspira o puede tener algún tipo de negocio con capital extranjero —algo que ya en la Mesa Redonda se ha planteado como posibilidad futura, pero que ya en la política y en la norma para los Proyectos de Desarrollo Local existe—, entonces tendríamos unas 300 empresas en algún tipo de Asociación Económica Internacional.
Volvamos a los números. En julio del 2020 existían en Cuba 1782 empresas estatales, 422 Cooperativas no Agropecuarias (CnA), 1519 Unidades Básicas de Producción (UBPC), 876 Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y 2464 Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), además de 2242 unidades presupuestadas. La existencia de esas nuevas 3000 empresas (son empresas, no Unidades Empresariales de Base) más que duplicarían la cantidad de empresas estatales existentes hoy en nuestro país, y esas otras 600 posibles empresas bajo alguna forma de Asociación Económica Internacional (AEI) resulta ser algún múltiplo de las empresas mixtas (no contratos de administración hotelera) que existen en Cuba hoy. No será así desde el inicio, es probable que la cantidad de MPyMEs sea de hecho menor, pero sin dudas estas modalidades llegarán a ser significativas.
Si este panorama se realiza, podremos llegar a tener un universo empresarial más nutrido y diverso, como debería ser. Si se aspira a que todos los “actores económicos” funcionen bajo las mismas reglas de juego —y no debe ser de otra forma—, si resulta necesario incentivar la competencia entre todos los “actores”, entonces deberá esperarse que todos los años un número de empresas “abandone” el juego, que una parte de ellas acabe en ese proceso de “destrucción creativa” tan necesario para la economía y que las otras dejen de ser empresas, porque la salud del bosque depende de ello. Una ley de quiebras que facilite sanear el bosque sin destruir la semilla será muy necesaria. ¿La tendremos?
Pero también será necesario y consustancial a ese eje estratégico primero de “Gobierno eficaz y socialista e integración social” que los “dueños” conozcamos cuáles son esas empresas que están en pérdidas, las que nos pertenecen a todos. De las otras, de las que no son del pueblo, que se ocupen sus gestores. No basta con decir que un número determinado de empresas es propiedad de todo el pueblo. Los dueños necesitamos saber, quizás cada seis meses, quizás cada un año, cuáles son —de todas sus empresas, de esas 1700 y tantas— las que no logran cumplir con el mandato más importante: producir riqueza para todo el pueblo.
La norma de más alto rango debería estipular que el gobierno estuviera obligado a presentar ese listado; de la misma forma, para cumplir con el numeral 50 que aparece en el documento de los ejes estratégicos (pág. 19) y que declara: “Teniendo en cuenta la estructura económica heterogénea de la sociedad, se debe asegurar un marco institucional adecuado, claro y predecible que permita la mejor combinación de los intereses y acciones de los individuos, colectivos laborales y organizaciones empresariales con los intereses de la sociedad (…)”.
Deberíamos, los “dueños”, tener también acceso a un reporte mínimo de nuestras empresas, de las que nos pertenecen, no un gran reporte, no el más complejo de todos los reportes, sino uno pequeño donde aparezcan los indicadores más significativos; cuánto produjo la empresa, cuánto ganó, cuánto perdió, cómo van sus principales inversiones, cuánto empleo generó, cuánto salarió pagó, cuánto dedicó a Investigación y Desarrollo (I+D) de sus utilidades, cuánto ganan sus directivos y las previsiones sobre el futuro de cada una de ellas. Hoy, momento en que prácticamente la mayoría de los cubanos tenemos acceso a internet, tener un sitio así, donde nosotros, los “dueños”, podamos fácilmente acceder a cómo se desempeñaron nuestras empresas, sería saludable para concretar ese eje estratégico, pues la participación de todos es fundamental y sin información adecuada no es posible hacerlo de forma efectiva.
¿No es acaso parte de nuestros derechos como “dueños”?