Hubo un tiempo en que en Cuba identificamos a la Inversión Extranjera Directa (IED) procedente de los países capitalistas como un mecanismo de extorsión de los países ricos sobre los países pobres —lo cual es cierto en buena medida—, y en nuestro caso específico, la IED se vio como enemigo de la Revolución y del socialismo. Nos protegimos de esa AMENAZA para impedir que se aprovecharan de nuestro país y del trabajo de todos los cubanos.
Después vino otro tiempo en que —porque no quedó más remedio luego de la desaparición del campo socialista y del socialismo soviético— se cambió ese enfoque/percepción/juicio ideológico y entonces se comenzó a asumir la IED como un MAL NECESARIO.
Para protegernos de ese mal, cuidar nuestra soberanía y evitar la contaminación ideológica se inventaron decretos leyes, después leyes, reglamentos y organizaciones —por ejemplo, las agencias de contratación de personal— muchas de las cuales aún permanecen, y otras persisten en las “propias cabezas acomodadas” de muchos.
Luego se descubrió y se consideró que la IED era una NECESIDAD ESTRATÉGICA para el desarrollo del país. Sin embargo, lejos de crear normas coherentes con esa nuevo enfoque/percepción/juicio, las normas y procedimientos —las reglas del juego para este caso— siguen estando alejadas de nuestras reales necesidades y nos han llevado hasta poder compararnos con Haití en cuanto a los flujos de inversión extranjera. Muchas de esas reglas del juego han terminado espantando muchos posibles y buenos negocios, que hubieran ayudado a la reconstrucción productiva de nuestro país.
Es cierto que el bloqueo de Estados Unidos ha contribuido significativamente a frustrar esas posibilidades, pero no sería una pérdida de tiempo poder establecer, con datos que lamentablemente no son públicos, cuántos otros muy buenos negocios se han malogrado por esas normas y, con ello, han ayudado —quizá sin querer, pero no por desconocimiento—, a la política del Gobierno de Estados Unidos que busca ahogar a nuestro pueblo.
Hubo un tiempo también en que “lo no estatal” fue considerado por default como enemigo de la Revolución y del socialismo, como indigno e inmoral, antipatriótico y como ideológicamente perverso, y fue excomulgado de nuestra sociedad. Luego fue incluido dentro de los males necesarios. Ya bien entrado este nuevo siglo, que nos ha sorprendido con cosas tan viejas, ha sido elevado a la categoría de COMPLEMENTO.
Pero, después del reciente paquete regulatorio, es como si, más que complemento, se considerara y se tratara como un APÉNDICE prescindible.
Adelantaré algunas consideraciones sobre ese nuevo paquete regulatorio que tantas opiniones ha levantado hasta el momento y que tantas otras va a producir en el futuro, en la medida en que nuevos decretos y reglamentos se sumen al publicado.
¿Un complemento inconveniente?
Lo primero que llama la atención es que, siendo el sector no estatal un “complemento” —apenas representa el 15 % del PIB y mucho menos de las exportaciones— al complemento se le haya dedicado tanto tiempo, esfuerzo legislativo y mediático.
Mientras, al corazón de la reforma, al motor de la economía, al sistema empresarial estatal, se le mantiene en espera de una ley que, aunque no será la varita mágica, debe ayudar a que ese sistema lidere la reconstrucción productiva del país. Y ya son varios los años de espera.
Si nuestra economía anda mal no es porque hace dos años se hayan “permitido” las mipymes, ni porque florezcan bodeguitas, bodegones, quincallas y timbiriches, amparados en esa figura de TCP; ni porque los primos de “afuera” pasen un dinero para que los de adentro hagan su “trigo”.
Tampoco es porque esas mipymes estén poniendo precios exorbitantes, debido, entre otros factores, a que deben trabajar con una tasa de cambio que no es la “oficial”, porque nuestras autoridades monetarias no han sabido/podido resolver ese problema heredado de un ordenamiento monetario mal concebido y peor ejecutado. Pero han venido bien las mipymes para compartir esas culpas, igual que a veces han servido los ciclones o las sequías.
Si nuestra economía anda mal —bloqueo y lista mentirosa de patrocinio del terrorismo incluidos—, es porque nuestro sistema empresarial estatal y socialista, responsable del 90 % de todas las ventas del país, de más del 80 % de las exportaciones y receptor de todas las inversiones, ya sea con fuentes propias o extranjeras, ha estado sometido a regulaciones arcaicas —planificación incluida—, maniatadas por sus ministerios respectivos, cuyas burocracias no alcanzan a adaptarse a estos tiempos.
Luego de años de anuncios reiterados, la esperada ley de empresas sigue aguardando por el consenso y dependiendo de los que no desean que la empresa estatal sea lo que debe ser.
La economía cubana anda mal porque no se logran suficientes ingresos por exportaciones. Y sí, es cierto, los nuevos actores en su casi totalidad no tienen aún vocación exportadora. Sin embargo, de las más de 2000 empresas estatales, solo en 20 de ellas —esto es, en menos del 1 % del total— se concentra el 80 % de los ingresos por exportaciones.
Si el motor principal de la reforma, la empresa estatal, que tiene la ventaja de acceder a los recursos y las inversiones, que integra delegaciones oficiales para promover exportaciones, que accede con ventaja a las empresas extranjeras interesadas en establecer negocios en Cuba no logra una dinámica exportadora, entonces cómo pedirle al “complemento/apéndice” que se convierta en una “potencia exportadora”.
Pero a pesar de las evidencias, desde los reguladores se ha hecho énfasis en que una de las razones por las cuales nuestras empresas estatales no obtienen los resultados que debieran es porque están en desventaja con relación a las mipymes, para lo cual se ha legislado un decreto ley que intenta poner a las mipymes lo más cerca posible de las condiciones bajo las que operan las empresas estatales. ¡Vaya con la innovación institucional!
El déficit fiscal que nos agobia
Las mipymes, y en general los actores no estatales, han puesto en evidencia cuánto puede aportar ese sector a reducir ese flagelo que es y ha sido el déficit fiscal. Han contribuido con 30 mil millones de pesos (el 9 % de los ingresos brutos recaudados y el 15 % de los tributarios) a los ingresos fiscales y quedan otros 40 mil millones que se han perdido por evasión fiscal.
Sin duda elevar la disciplina fiscal es decisivo, nadie en su sano juicio puede negarlo. Actuar para reducir esa evasión es muy importante. Pero de no existir las mipymes y los TCP esos 30 mil millones no existirían hoy y aquel potencial que queda por recuperar, tampoco.
Por eso llama la atención que, en vez de promover la creación de más actores no estatales, de implementar mecanismos más expeditos para su creación, disminuyendo trabas burocráticas, el balance de lo legislado en este último paquete sea de más dificultades. Por ejemplo: presentación de un proyecto; objeto social restringido; mantenimiento de actividades prohibidas; subordinación de la aprobación a la estrategia de desarrollo del municipio en el cual se propone —estrategia, por cierto, que a los propios ciudadanos de esos municipios les cuesta mucho conocer—, obligatoriedad de circunscribir su actividad al territorio del municipio donde el actor tiene su residencia fiscal, etc.
Lejos de facilitar el nacimiento y crecimiento de nuevos actores, reduce y desestimula su creación. Por lo que ese objetivo de hacer más nutrido el tejido empresarial, algo que nuestra realidad ha evidenciado, no parece que pueda alcanzarse fácilmente.
Pero junto a la elevación de la disciplina fiscal de los actores no estatales deberían reducirse significativamente los gastos, las transferencias desde el presupuesto al sistema empresarial estatal y hacer más transparente los destinos de los ingresos, en especial en los municipios.
Habría que ordenar también esta otra parte de la ecuación, porque el estado de nuestras infraestructuras, de nuestros hospitales, de nuestras escuelas, de servicios básicos como la recogida y tratamiento de la basura, dejan hoy mucho que desear y mueven al ciudadano, sea o no un nuevo actor, a preguntarse por la utilización de sus dineros.
Las más de 160 páginas del nuevo decreto contienen contenido suficiente para contrastar propósitos y realidades de nuestra economía.
Para muchos, el apéndice —ese órgano insignificante con el que nacemos— es, cuando más, un olvido de la evolución o del Creador, y solo estaba ahí para molestar y complicarnos la existencia, porque al final puede ser amputado sin consecuencias para la salud. Su función es producir y proteger las bacterias buenas de nuestro organismo, pero no es indispensable.
Así pues, nos acordamos del apéndice cuando se inflama y nos produce apendicitis o cuando no la atendemos a tiempo y entonces nos puede conducir a una peritonitis.
Pareciera que nuestras mipymes, todas ellas, así como los TCP y todos los que integran el llamado sector no estatal, luego de este decreto, se acercan más al apéndice que al complemento.