La devaluación de la tasa oficial de cambio del peso cubano frente al dólar, la reforma salarial y el manejo administrado de los precios de algunos bienes y servicios se han convertido en una combinación que no siempre produce el efecto deseado. Al menos, en lo que va de este proceso de ajuste estructural de la economía nacional denominado tarea ordenamiento.
Por los libros de macroeconomía y de microeconomía conocemos que toda devaluación debe generar incentivos positivos sobre la eficiencia del sistema en su conjunto; sobre la productividad del trabajo y sobre las exportaciones. Debe provocar mejoras en los tres, aunque no en el corto plazo.
También por los libros de macro y micro conocemos que toda devaluación produce un efecto de corto plazo sobre los precios y, por lo general, los empuja hacia arriba. Ese efecto, en economías donde existe una dinámica adecuada de sustitución de factores de producción (capital, trabajo, tierra y know how) y donde la oferta es suficientemente elástica y variada, debe de servir de contención al esperado “efecto-precio” de corto plazo.
En el pensamiento económico universal, Alfred Marshall y León Walras defendieron puntos de vistas diferentes sobre el papel de las cantidades y los precios en ese necesario proceso de ajuste. Es cierto también que aquellos análisis partían de supuestos difíciles de conseguir en la vida real: información completa, mercados atomizados, competencia perfecta, libertad de elección de los consumidores, etc., etc. Pero la poca consistencia de los supuestos no resta valor al rol de los precios en la dinámica global de la economía, cualquiera que sea esta.
En Cuba, la devaluación provocada por la unificación cambiaria debería impactar positivamente en los precios de los productos finales de bienes y servicios de exportación. Sin embargo, pueden ocurrir efectos perversos, que merecen ser rectificados cuanto antes.
Un ejemplo: producto de exportación X
Un contenedor de 20 toneladas de dicho producto debe producir X cantidad de dólares de ingresos, o sea, X pesos cubanos al cambio de 24 cup por 1 dólar.
De esos X dólares, la empresa se queda con el 80 % del total exportado que se convierten a CL (capacidad de liquidez), más el otro 20 % en pesos cubanos. De los dólares con los cuales se queda, debe deducir además el 8,6 % que paga como comisión a la empresa estatal exportadora, solo porque ella ha sido designada para exportar. Entonces, los ingresos totales por exportación de la empresa descontado la comisión de la exportadora equivalen al 93,1% del ingreso inicial en pesos cubanos.
El ajuste de las nuevas tarifas a partir de la devaluación ha provocado lo siguiente:
- El costo de transportar un contenedor desde los centros de beneficio hasta el puerto se ha incrementado en un 520 %.
- La tarifa que la empresa productora debe pagar a la organización que garantiza la carga en el puerto lo ha hecho en 426 % por encima del precio anterior.
- Los precios de compra al productor también se han incrementado y es hoy 211 % superior.
- Otros gastos como beneficio del producto, envases, energía, transporte hasta el centro de beneficio, seguridad social y contribución al desarrollo territorial también se han incrementado y llevan la cuenta total de egresos hasta una cifra que los hace caer en una pérdida equivalente al 3,8% de los ingresos totales en cup por contenedor exportado.
Hasta aquí tenemos que la misma cantidad de producto en virtud de la elevación de precios por la devaluación de la tasa oficial de cambio convierte lo que era un buen negocio de exportación en lo contrario. Sin dudas, la empresa tendrá que revisar todos sus procesos, todos sus costos y, si quiere seguir exportando, deberá encontrar formas de hacerlo. También es cierto que no tiene muchas opciones para encontrar nuevos proveedores, que hay tarifas de servicios que pueden estar excesivamente altas, y que quizá sea posible racionalizar la cantidad de personas empleadas. Algunas soluciones son más factibles que otras, más deseables que otras, más políticamente adecuadas que otras. Por ejemplo, con solo poder exportar directamente y evitar la comisión de la exportadora, se ahorraría 11 888 cup (495 usd) y con ello dejaría de estar en números rojos.
En los bienes de exportación, a diferencia de los bienes y servicios que se venden en el mercado nacional, la empresa no puede elevar sus precios de venta, pues en el mercado existen otros competidores que venden a ese mismo precio o más barato. Por tanto, en estos casos, el precio internacional es un dato que obliga a ajustar los costos nacionales hacia abajo o a obtener algún tipo de subsidio.
Los precios internacionales de cualquier producto deberían servir para medir la distancia que nos separa de las condiciones de medias del mercado y de los niveles de producción y productividad internacionales. Esto se cumple para las exportaciones, especialmente si queremos lograr en algún momento una sustitución “efectiva” de estas.
Lo útil de la devaluación es que hoy podemos, como nunca antes, medir nuestros costos y precios con los costos y precios internacionales. Podemos dividir entre 24 y comparar y también podemos, de forma más transparente, comparar a las empresas nacionales entre sí, algo imposible antes de la medida.
Desconozco cuál es el nuevo costo de una tonelada de carne de res producida nacionalmente, o de una tonelada de tomate, o del millar de toallas o sábanas. Pero si rebasa el precio de importarla, será muy difícil, por ejemplo, que los hoteles, cuando el turismo reabra, compren a productores nacionales, si pueden comprar más barato a un suministrador internacional de productos de igual o mejor calidad.
Gráfico: Precio mensual de carne de res / USD por kilogramo
La devaluación debería impulsar la tendencia hacia los precios y costos internacionales, pero para ello se requieren otras condiciones del entorno normativo, que permitan/ faciliten a las empresas estatales lograr los arreglos/ajustes microeconómicos necesarios, al menos, en el mediano plazo. De lo contrario, la empresa nacional se encuentra dentro de un tornillo de banco. Por un lado, los nuevos costos que produce la devaluación la presionan. Por el otro, restricciones normativas le impiden usar las variables que permitirían el ajuste.
Claro que la otra referencia obligada es la capacidad de compra del ingreso de la población. Así pues, traspasar toda la devaluación a los precios parece que no es políticamente adecuado. Se ha tratado de evitar, como han explicado más de una vez los funcionarios encargados.
Topar en un limite máximo el incremento de los precios, si bien intenta evitar un mayor deterioro del poder de compra del ingreso de la población, ya ha conducido a la expansión del mercado negro, donde los precios son aún mayores. Mercado al cual solo puede tener acceso una parte minoritaria de la población, lo que, a su vez, contribuye a incrementar las desigualdades que se pretendían evitar con aquella medida.
Las tarimas vacías de los mercados agropecuarios —todos, los estatales y los de oferta y demanda— están ahí para llamarnos la atención todos los días. Dicho efecto desplaza la demanda hacia otros productos (pan, pollo, etc.), incrementándola en un mercado desabastecido, lo cual alimenta nuevamente el mercado negro. Ese que divide por más de 24 el ingreso nominal de la población.
Incrementar las exportaciones, incentivar su sustitución y dinamizar el mercado interno son metas difíciles de alcanzar. La devaluación y las medidas asociadas por sí solas no las producirán, menos aún en el corto plazo. Se requerirá coherencia y alineación con el propósito.
Demoran además otras medidas que pudieran contribuir a estos propósitos, tanto en términos de oferta de empleo como de oferta de bienes y servicios. Pareciera que la pequeña y mediana empresa, las cooperativas no agropecuarias y la lista negativa de empleos por cuenta propia, que estaban a la espera de la tarea ordenamiento, han vuelto a su lugar en el horizonte: la línea que se aleja de nosotros en la medida en que nos acercamos a ella.
Sin dudas, queda mucho por hacer en esa difícil tarea de “ordenar el ordenamiento”.