Veintiocho

El número representa la cantidad de permisos que deben obtenerse para llegar al final del proceso de concreción de una empresa con capital extranjero. 28, no puedo decir si son muchos o si son muy pocos, pero sin duda parte de la demora en la concreción de negocios de inversión con capital extranjero está en la permisología. Sin embargo, esos 28 permisos quizás apenas sean la “punta del iceberg” hay otros muchos implícitos que subyacen en ese largo camino de concretar un negocio de este tipo.
El 20 de diciembre de 2017 en un breve reportaje sobre la discusión acerca de la “lentitud” de los procesos de inversión extranjera sostenido en la 2da. Sesión del Parlamento Cubano cuyo título era “Sacudirles las demoras a los procesos de inversión extranjera” se exponían un grupo de “frenos” entre los que estaban “persisten dilaciones en las negociaciones, atrasos en la elaboración de los estudios, demoras en el cumplimiento de los trámites y falta de preparación de las entidades cubanas”. Esta semana en la Mesa Redonda que trató este asunto se repitieron esas mismas razones.
Ese artículo finalizaba con la siguiente idea: “De ahí la necesidad de profundizar en la capacitación de los empresarios y los grupos negociadores, incrementar la agilidad y proactividad de las empresas cubanas para la concreción de los proyectos y diversificar los vínculos con potenciales socios extranjeros para no depender de un solo mercado.” También estas mismas palabras se repitieron en la Mesa Redonda.
Lo cierto es que Cuba necesita de la Inversión Extranjera Directa, pero la IED necesita de Cuba. Lo cierto también es que después de muchos años, la IED, hoy es reconocida como una necesidad estratégica para nuestro desarrollo, casi como lo es el agua, pero la diferencia con a relación a la necesidad que del agua tenemos es que en el caso de la IED se necesita de dos partes bien claras: el inversionista, que se mueve por determinados estímulos y que generalmente tiene una información preliminar del mercado que le interesa, además de poder comparar riesgos y costos de oportunidad, y la otra parte es el necesitado de la inversión extranjera, que debe “promoverse como un buen destino” primero y después demostrar que quiere ser un buen “socio”, partner”, etcétera. Esto es, lograr que ese proceso que comienza en el aeropuerto sea suficientemente fluido y medianamente comparable a otros procesos en otras regiones y países, en los que ese mismo inversionista se ha visto involucrado.
Pues bien, estamos necesitados de la inversión extranjera directa, hace años que lo estamos, de hecho la modificación / modernización de la ley que condujo a la Ley 118 de 2014 respondió al reconocimiento de esa necesidad. Sin embargo pareciera que haber reconocido que es estratégica, haber modificado la ley y constantemente reconocer que hay lentitud en estos procesos, no es suficiente.
¿Y por qué persiste la lentitud? ¿Es que acaso son nuestros empresarios tan torpes? ¿O será que el “entorno institucional” que rodea a las empresas estatales no promueve / estimula / incentiva una verdadera actitud proactiva hacia la inversión extranjera?
El ser humano es sus circunstancias, nuestros empresarios estatales no son tan malos, lentos, torpes y falta de iniciativa como muchas veces se les dibuja. Creo que tienen más horas de cursos de capacitación que cualquier otro empresario en el mundo y que, si disfrutaran del entorno institucional adecuado, sorprenderían a muchos.
Lo que les falta no es capacitación. Si un país ha gastado recursos capacitando empresarios es Cuba. Desde los antes famosos y ya extinguidos Institutos de Dirección de la Economía, pasando por las Escuelas Ramales hasta la actual Escuela Nacional de Cuadros. Es probable que le falte práctica, probablemente habilidad para negociar en algunos casos, pero su mayor déficit es el entorno institucional (las reglas del juego) dentro de las cuales ellos tienen que desarrollar su actividad.
Se necesitan otras instituciones para que las empresas estatales sean las empresas que necesitamos. Es cierto que existe una nueva ley para la IED pero todos los procesos de negociación pasan por la empresa estatal, tiene que ser así. Una parte de la lentitud que padecen hoy las negociaciones no está motivada por deficiencias de la ley 118 (que las tiene), ni por la poca habilidad de los empresarios estatales (que la hay), sino porque aún nuestras empresas estatales y nuestros empresarios estatales siguen estando muy limitados en su capacidad real de decisión, porque aún dependen en un por ciento elevado de interpretaciones que alguien o álguienes más arriba de ellos en esa misma estructura empresarial hacen de una letra (la Ley) que muchas veces es obviada o preterida.
Cuando en algún momento de esta historia cambiemos esos marcos institucionales que hoy entrampan a nuestras empresas estatales, habremos dado un paso elemental para hacer menos lenta la negociación con inversionistas extranjeros. Y esta transformación –la verdadera transformación de la empresa estatal– es una deuda que se arrastra desde mucho antes de 1975, y que seguimos debiendo.
Quizás haga falta actualizar / modernizar / transformar la Ley 18 nuevamente, pero lo que realmente se requiere y con urgencia es una Ley de Empresas que tenga como principal propósito crear incentivos al crecimiento que tanto se necesita.
Aun así tendremos que seguir cambiando. Un solo ejemplo de las diatribas de la IED en Cuba puede ilustrarlo. En el mundo, por lo general, el inversionista extranjero reclama tener las mismas condiciones del inversionista nacional. En Cuba resulta todo lo contrario, es el inversionista nacional el que aspira a tener las mismas condiciones que el inversionista extranjero. ¡Vaya paradoja esta que hemos creado!, y que es hora de erradicar.
Hay incluso ventajas que se desaprovechan y que son convertidas en desventajas y obligaciones. Tómese el caso de las “compañías de contratación de fuerza de trabajo”. Para quien llega a Cuba, desconocedor del mercado cubano, una compañía que le preste ese servicio es que casi un regalo de Dios. De hecho en el mundo es un servicio que se ha tercerizado y son muchas las compañías que lo brindan y muchas las compañías que lo contratan. En Cuba ese servicio no es una opción para el inversionista extranjero, es una obligación por la cual debe pagar hasta un 20 por ciento del valor de la contratación.
¿Por qué no es al revés? ¿Por qué no lo ofertamos como un servicio que el inversionista puede tomar o no tomar? En Cuba existen hoy todas las instituciones necesarias que garantizan el cumplimiento de nuestras regulaciones laborales, desde el Ministerio del Trabajo, hasta los Sindicatos. ¿Por qué las “reglas de juego” deben asegurarle clientes a una compañía estatal –que no invierte un centavo en la formación de esa fuerza de trabajo– independientemente de la calidad de su gestión? Tener compañías que faciliten la contratación puede ser un valor agregado, que hoy convertimos en una obligación y aparece como parte de las “anomalías” del mercado cubano, sumado al hecho de sostener que no hay disconformidad del inversionista extranjero sobre este asunto.
Veamos ahora una restricción macro que ha perdido todo el significado que en algún momento tuvo. El inversionista extranjero paga en moneda libremente convertible el salario al personal contratado. La regulación cubana estipula un convertidor monetario de 2 CUP por 1 dólar si la inversión está fuera de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel y 10 CUP por 1 dólar si está en la ZEDM. Pero nuestros trabajadores hacen una parte de sus gastos de consumo en CUC o en CUP a la tasa de 24 CUP por 1 USD. Hay aquí una diferencia cambiaria que es apropiada por el Estado cubano pero que a la vez constituye un desincentivo para el obrero cubano (aunque es cierto que mejora mucho su salario en relación a lo que se paga por ese mismo empleo 100 por ciento estatal), que sabe que no le pagan lo que por él se paga. Es también un desincentivo para el inversionista extranjero.
Esa regulación que reduce sustancialmente el ingreso que debería devengar el trabajador contratado, puede tener dos propósitos. A: mantener cierto grado de equidad. B: obtener rentas adicionales que incrementan los recursos del Estado en moneda libremente convertible.
Con relación al primero, resulta evidente hoy que la peor de las diferenciaciones no viene de la mano del ingreso que reciben los trabajadores contratados en un proyecto de IED, sino que vienen de la mano de otras formas de obtener ingreso alejadas de los resultados del trabajo.
Con relación a la segunda, si se le pagara a los obreros directamente en CUC el valor de su contrato descontando los impuestos sobre su salario, de todas formas el Estado gana, pues la “moneda libremente convertible” queda en manos del Estado. Si se le paga en CUP al cambio de 24 CUP por 1 dólar, menos las deducciones correspondientes a impuesto, etcétera, el efecto sería el mismo. En este caso también la moneda libremente convertible quedaría en manos del Estado.
Si en ambos casos el Estado gana, si la diferenciación que se genera es una diferenciación que se debe al trabajo, a los resultados del obrero y a los resultados para Cuba, entonces debe haber otras razones por las que no se hace. ¿Cuáles son?
Para “sacudirles las demoras a los procesos de inversión extranjera” hay que sacudir algo más.