El 14 de junio de 1989 el periódico Granma publicó una inesperada nota que desencadenaría el alud con el cual cerró la década del ochenta:
“Nos vemos en el desagradable deber de informar que el General Arnaldo Ochoa Sánchez, quien ha recibido del Partido y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias importantes responsabilidades y honores ha sido arrestado y sometido a investigaciones por graves hechos de corrupción y manejo deshonesto de recursos económicos”.
La noticia presentada por el Ministerio de las Fuerzas Armadas dejó atónita a la población, acostumbrada a asociar el nombre del militar, y casi de cualquier militar cubano y dado los principales reportes públicos, con “disciplina” y “proezas” que, en el caso de Ochoa, recordaban a las contiendas en África. De ahí que la gente conociera su valentía y currículo, debido al cual se mantenía visible y en lo más alto de la escala política.
Nacido en el hoy municipio holguinero de Cacocum, en 1930, Arnaldo Ochoa había peleado bajo las órdenes de Camilo Cienfuegos. Estuvo en Playa Girón, en los días de la Crisis de los Misiles y se infiltró en Venezuela para apoyar la lucha contra Rómulo Betancourt. Dirigió las tropas cubanas en Etiopía y Angola, ostentaba el título honorífico de Héroe de la República de Cuba e integraba el confiable grupo de oficiales que, mediante secretas operaciones comerciales, burlaba el bloqueo estadounidense con operaciones económicas en favor de la economía y el pueblo.
Sin embargo, hubo un detalle, solo uno parece ser, que lanzó de golpe sobre su imagen todo el peso de la “justicia revolucionaria”: los contactos que por medio de sus ayudantes estableció desde 1986 con el cartel de Medellín. Pablo Escobar, el capo, se encontraba diversificando las rutas para mover su droga y Cuba le pareció “interesante”.
El editorial “Una verdad revolucionaria no admitirá jamás la impunidad”, que, además de expresar la opinión del Granma el 16 de junio, decía llevar en sí el punto de vista del Comité Central del Partido, el del Comandante en Jefe, de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, detallaba lo sucedido.
Nunca se había desconfiado del valor y la capacidad militar de Ochoa, se trataba de un caso de corrupción, de descomposición moral, aunque “lo que constituye el hecho más grave y sin precedentes” era que tanto él, el grupo de militares de su confianza en el MINFAR, y otros que trabajaban con los hermanos La Guardia (Antonio y Patricio) en el MININT, habían hecho contactos con traficantes internacionales y sacaban beneficios de la droga usando sus altas jerarquías y poderes en el gobierno.
En la medida en que corrían las horas, los cubanos y el mundo, que seguía el tema con expectativa, despertaban con novedades estremecedoras. Discursos, pequeñas notas informativas, declaraciones y contundentes editoriales develaban lo que iba saliendo de los interrogatorios. Incluso Raúl Castro se confesaba ajeno al detonante principal del caso, dejando saber que había ido informándose, sobre todo, después del arresto.
Raúl Castro, según su propio testimonio, conversó con Arnaldo Ochoa dos veces antes de que se conociera la noticia de su encarcelamiento el 14 de junio. La primera vez sucedió quince días antes, el 29 de mayo, cuando por unas tres horas y acompañado por los generales Ulises Rosales del Toro y Abelardo Colomé Ibarra debió recordarle su historial de “charlatanería”, según contó a los 47 generales miembros del Tribunal de Honor convocado el 24 de junio.
Para Castro, Ochoa tenía el hábito de alardear y bromear, y esta característica de hacer pasar por broma cualquiera de “sus disparadas ideas” imposibilitaba estar al tanto de lo que llamó su “verdadero pensamiento”. De hecho, lo había señalado muchas veces, delante de otros militares igualmente de alta gradación; tantas que ya estaba Ochoa entre los más altos oficiales “al que más veces se le criticó por sus faltas”.
Había sucedido desde los años setenta y continuó en los ochenta cuando, además, Ochoa acumulaba un historial de malversaciones y manipulaciones de recursos financieros; sin embargo, al parecer, tales faltas “no eran lo suficientemente graves como para tomar medidas rigurosas o que impidieran su desempeño en importantes tareas”.
De hecho el entonces Ministro de las FAR aseguró que durante sus dos encuentros con el acusado había conservado la esperanza de que este cambiara. Todo esto, y de tomar literalmente estas palabras, pudo haber cambiado el destino del General de División, porque Raúl Castro, según dijo a los generales diez días después de comenzado el caso, hasta ese momento seguía manejando la idea de encargarle a Ochoa el Ejército Occidental.
En el segundo encuentro, sucedido el 2 de junio, solos los dos a petición del acusado, este “mantuvo en silencio la apropiación de 50 mil dólares provenientes del narcotráfico”, así como el resto de la historia de operaciones para introducir cocaína en la isla y luego enviarla a los Estados Unidos. “No tuve el valor para enfrentarlo”, contaría el propio Ochoa al Tribunal Militar, “no al Ministro, sino a las cosas que yo tenía que decirle. Cuando me decidí, no había tiempo”.
Lo que vino después lo seguimos con mayor o menor conciencia por la Televisión Cubana, y hoy pueden verse fragmentos del proceso en el documental 8A de Orlando Jiménez: la endemoniada posición del fiscal, general de brigada Juan Escalona Reguera, y luego los distintos estadios por los que transitó la condena, y la reacción popular. La gente apenas se animaba a decir algo ante una cámara, de tanta conmoción. “Estoy de acuerdo porque fue una alta traición”, decía uno. “No sé explicarme, pero no estoy de acuerdo”, aseguraba otra.
Al parecer solo un miembro del Consejo de Estado vaciló ante el fallo. Durante la sesión del 9 de julio, el comandante Guillermo García Frías confesaba que unas semanas antes, durante otra sesión extraordinaria, su valoración había sido distinta: “¿Con que gana más la Revolución, con el fusilamiento o no de los encartados? Y me expresé diciendo que creía que ganaba más con el no fusilamiento de los mismos. Esa fue mi expresión sincera y así lo creía honestamente en ese momento”.
García Frías aseguró haber cambiado de parecer después de escuchar las exposiciones de Raúl y Fidel Castro. De hecho, ese día Fidel cerraría la reunión con un abundante discurso en el cual, entre otras cosas, dijo: “Conocemos los estados de opinión, conocemos lo que piensa el pueblo, pero es mi deber decir que para nosotros eso no constituye, en circunstancias como esta, un factor determinante. Es mejor que exista coincidencia entre lo que el pueblo piensa y lo que pensemos nosotros, pero lo que no puede existir necesariamente es la necesidad de hacer lo que la opinión pública pida, o lo que la opinión pública piense…”.
La causa número 1 de 1989 estaba cerrada y por decisión del Tribunal Militar y ratificación del Consejo de Estado, al amanecer del 13 de julio de 1989, al mes de haberse hecho público el asunto, Arnaldo Ochoa Sánchez, Antonio de La Guardia Font, Jorge Martínez Valdés y Amado Padrón Trujillo fueron fusilados.
Treinta años después del suceso, todavía brotan teorías e hipótesis que relacionan al grupo de Ochoa y los hermanos La Guardia, incluso, con posibles efectos tropicales de la Glasnost y la Perestroika, tras la visita de Gorbachov a La Habana ese mismo año. Se han escrito libros, como los de Norberto Fuentes, tan próximo a este grupo y que tanto supo y que solo él, como los implicados, sabrá.
A mí en cambio, ahora mismo, luego de releerme los documentos publicados entonces, editados por la Dirección Política de las FAR en un mismo tomo, me surge apenas una interrogante: ¿cuántos han caído en desgracia en Cuba por reproducir un modelo de vida que, de alguna manera, se les permite si no meten la pata “hasta el fondo”?