La ofensiva militar de Rusia en Ucrania colocó en un serio dilema al gobierno cubano. ¿Cómo posicionarse frente a una acción violatoria del derecho internacional y que, en lugar de los violadores habituales, ha sido cometida por uno de los principales socios económicos y políticos de Cuba?
Dos días antes del inicio de la operación militar rusa, el 22 de febrero, el MINREX cubano emitió una declaración abogando por una solución diplomática a través del diálogo y haciendo un llamado a preservar la paz y la seguridad internacionales. El siguiente día, el presidente Miguel Díaz-Canel recibió a Viacheslav Volodin, Presidente de la Duma Estatal rusa. Según una nota informativa publicada por la cancillería cubana ese mismo día, además de expresar “su solidaridad a la Federación de Rusia ante la imposición de sanciones y la expansión de la OTAN hacia las fronteras de ese país”, el mandatario cubano habría abogado “por el diálogo y una solución pacífica del conflicto entre Rusia y Ucrania”. Curiosamente, este último aspecto, tan relevante, no fue igualmente reflejado en una nota informativa similar publicada el día siguiente en la edición impresa del diario Grama.
Dos días después del inicio de las hostilidades, el 26 de febrero, el gobierno cubano emitió una declaración señalando a la expansión de la OTAN como el factor conducente hacia el actual escenario en Ucrania y afirmó que “Rusia tiene derecho a defenderse”. Por otra parte, mediante un fino ejercicio de malabarismo verbal, reconoció el “uso de la fuerza y la no observancia de principios legales y normas internacionales”, pero sin censurar a Rusia explícitamente. Asimismo, ratificó el apego de Cuba al derecho internacional y su compromiso con la Carta de las Naciones Unidas, además de proclamar “que siempre defenderá la paz y se opondrá al uso o amenaza de la fuerza contra cualquier Estado”. Finalmente, entre otros aspectos, abogó por una solución diplomática seria, constructiva y realista de la crisis.
Paralelamente, el conflicto en Ucrania ha provocado un frenesí diplomático en el sistema de Naciones Unidas. El 25 de febrero, Rusia vetó una resolución condenatoria de sus acciones en el Consejo de Seguridad, presentada por Albania y los Estados Unidos. Una iniciativa similar sí fue aprobada en la Asamblea General, el 2 de marzo, contando con un apoyo ampliamente mayoritario (141 votos a favor y 5 en contra), aunque cabe resaltar que no fue apoyada por algo más de una cuarta parte de los países miembros de la ONU, número bastante significativo en la actual coyuntura, cuando los Estados Unidos y sus aliados occidentales intentan establecer la imagen de que el mundo entero se opone decididamente a la intervención militar rusa. Cuba estuvo entre los que se abstuvieron, acompañada de otros 34 países, incluyendo algunos con los que tiene importantes vínculos bilaterales o que ostentan un significativo peso a nivel global o regional, como Angola, Argelia, China, India, Irán, Kazajistán, Pakistán, Sudáfrica y Vietnam. Otros doce países, entre ellos Venezuela, no participaron en la votación. Posteriormente, el 4 de marzo, fue aprobada otra resolución del mismo tenor en el Consejo de Derechos Humanos con 32 votos a favor, 2 en contra y 13 abstenciones, incluyendo la de Cuba entre estas últimas.
El espíritu de la Ostpolitik o el desastre a las puertas de Europa
Las abstenciones de Cuba en la Asamblea General y en el Consejo de Derechos Humanos pudieran resultar sorprendentes, pues su diplomacia suele tomar partido ante cuestiones trascendentales de la política internacional (aunque una abstención en un organismo internacional no significa necesariamente no tomar partido en un sentido político, como señalaré más adelante).
Al respecto, en ciertos medios y en las redes sociales algunas personas han levantado la peregrina idea de que, al no condenar las violaciones del derecho internacional por parte de Rusia, el gobierno cubano estaría poniendo en riesgo la seguridad de su propio país, al facilitar así la creación de condiciones para una eventual invasión militar de los Estados Unidos. Tal aseveración evidencia un muy pobre entendimiento de las realidades de la política internacional y de la política de los Estados Unidos hacia Cuba, por no decir que se trata de un planteamiento francamente malintencionado. Indudablemente, el derecho internacional es un importante factor contribuyente, dentro de un conjunto más amplio de elementos, para imposibilitar cualquier tipo de intervención militar estadounidense contra Cuba. Pero de ahí a pensar que el derecho internacional es una especie de escudo protector que garantiza la seguridad física de Cuba frente a la superpotencia vecina, hay una gran distancia y sería una muestra de gran ingenuidad. Los mecanismos disuasorios de Cuba frente al enorme poderío militar estadounidense se basan principalmente en factores políticos y militares muy variados y multidimensionales que determinan, en un análisis costo-beneficio desde la perspectiva estadounidense, que no se configure una situación favorable para una intervención militar contra Cuba. Dicho en otras palabras, la historia de la política exterior estadounidense, en general, y de sus relaciones con los países de la Cuenca del Caribe, en particular, ofrecen amplias evidencias de que el gobierno de ese país no dudaría en aplastar el derecho internacional si en algún momento llegara a considerar que una acción militar contra Cuba tendría beneficios claramente superiores a sus costos.
Con relación al mismo tema, en un comentario anterior ya he argumentado la improcedencia de intentar establecer una especie de equivalencia o antojadiza comparación entre las situaciones de Ucrania y de Cuba, en tanto países relativamente pequeños situados en la vecindad geográfica de respectivas grandes potencias mucho más poderosas. Sobre esto, me limitaré a recordar que, a diferencia del camino seguido por el actual gobierno ucraniano, la dirigencia cubana no ha dado absolutamente ninguna señal en el sentido de tener la intención de establecer una alianza militar con Rusia enfilada contra los Estados Unidos.
La posición abstencionista de Cuba en las votaciones debería entenderse como la única opción que permite lograr un equilibrio entre las consideraciones que tienen que ver con el realismo político y aquellas que tienen que ver con su tradicional apego al respeto irrestricto del derecho internacional, en unas circunstancias en las que los márgenes de maniobra del gobierno cubano son muy reducidos. Si solo hubieran sido consideradas las primeras, Cuba debió haber votado en contra de las resoluciones condenatorias de las acciones de Rusia en Ucrania. Por el contrario, una ponderación absoluta del derecho internacional, hubiera llevado a Cuba a votar a favor de las resoluciones.
Rusia es uno de los principales socios comerciales de Cuba y ambos países desarrollan una amplia cooperación técnica en las más variadas esferas. Se trata del país que, dicho literalmente, trajo oxígeno al pueblo cubano durante el peor momento de la pandemia, evitando así la ocurrencia de una mayor pérdida de vidas por causa de la COVID-19, además de realizar importantes donativos materiales. En las presentes y muy graves circunstancias internacionales, votar a favor de las resoluciones en la ONU hubiera sido interpretado por el gobierno ruso como un acto inamistoso y una manifestación de proverbial ingratitud. Y esa no parecería ser precisamente la receta para mantener buenas relaciones con un importante socio económico y político, que además es una gran potencia dentro del concierto de naciones, con armas nucleares y derecho a veto en el Consejo de Seguridad. Un país como Cuba, hostilizado y bloqueado por los Estados Unidos desde hace más de sesenta años, y que por esa y otras causas padece una crisis económica que ya dura más de tres décadas, no se puede dar el lujo de pelearse con una gran potencia que la ayuda, para favorecer a otra adversaria que la fustiga. Para resumir el punto, votar a favor de las resoluciones y, por tanto, en contra de Rusia, hubiera sido una monumental demostración de cretinismo político. En cambio, en la actual coyuntura, una posición de abstención en las votaciones de los organismos internacionales resulta políticamente favorable a Rusia y su gobierno seguramente así lo entiende. Por otra parte, un voto contrario a las resoluciones hubiera sido indefendible para un país como Cuba, que proclama su apego al respeto irrestricto del derecho internacional.
Algunos comentaristas también han reprobado la postura cubana de apuntar sus críticas hacia las políticas y las acciones de los Estados Unidos y la OTAN, en lugar de rechazar públicamente las acciones rusas. En este debate internacional sobre la adjudicación de responsabilidades por la presente crisis, al igual que sucede con las votaciones en la ONU, las posiciones del gobierno cubano se ubican en el bando minoritario, pero eso no significa que estén mal acompañadas. Al respecto, considero suficiente constatar que actores tan dispares como John Mearsheimer, posiblemente el principal teórico de las relaciones internacionales vivo, y el diario Global Times, portavoz oficioso del Partido Comunista de China, han coincidido en asignar una responsabilidad primordial a los gobiernos de los Estados Unidos y de la OTAN por su política expansionista hacia el este de Europa. Pero este tipo de análisis más objetivo y profundo encontrará muchas dificultades para poder prevalecer, al menos en el corto plazo, por encima de la avalancha mediática superficial e histérica promovida por un bloque occidental que pareciera interesado en recrear un pandemónium antirruso.
En dependencia del resultado final de los procesos en curso, y con el beneficio del análisis retrospectivo, los futuros historiadores calificarán a la intervención militar de Rusia en Ucrania como una jugada brillante que habría modificado a su favor la distribución del poder internacional, o como un desastroso error de cálculo que habría catalizado el descenso de su estatus dentro del ranking de las grandes potencias. De la misma manera, la posición asumida por la diplomacia de Cuba podrá ser enjuiciada históricamente, pero cualquier análisis político contemporáneo, serio, realista y ecuánime, debería concluir que la abstención fue la decisión más sensata y que mejor atiende al interés nacional cubano en las presentes circunstancias.