La primera ley marcial que registra la historia moderna fue impuesta en Francia en 1775. En su superficie, se trataba de controlar la explosión popular frente al alza incontrolada de los precios de la harina y, por consiguiente, del pan, el alimento básico de las grandes mayorías. En el fondo, “la guerra de las harinas”, como se conoce ese proceso, fue un intento social de combatir el despliegue capitalista de la nueva economía de libre empresa, que fue impuesta en esa coyuntura a sangre y fuego.
Es un origen, poco reconocido, de la relación moderna entre capitalismo y democracia. Sin embargo, no se trata, por supuesto, del único perfil posible entre ambos.
La Constitución ecuatoriana de 2008 no estableció que el sistema que institucionalizaba sería alguna clase de “socialismo”. Se trataba de un capitalismo regulado, que reconocía la importancia de la propiedad privada y del mercado, con límites a su ejercicio y complementación de formas de propiedad y de ejercicio mercantil, prácticas, por demás, habituales desde una edad tan antigua como el mundo clásico romano y griego.
En dicho texto constitucional quedó aprobado el que quizás sea uno de los artículos más comprehensivos en materia de derecho de resistencia en el constitucionalismo mundial actual. Además, impone obligaciones de promoción y defensa de la economía social y solidaria y acota los requisitos de la declaración de estado de emergencia.
En octubre de 2019 el presidente Lenin Moreno acaba de declararse literalmente en guerra contra esos tres contenidos.
Primero, ha declarado la guerra contra los resistentes. Pretendió reducirlos a los transportistas, a títeres de la mano larga de Correa y de Maduro y los cubrió con las etiquetas de zánganos, delincuentes y vándalos. Los hay, como en toda explosión social, pero es un crimen la generalización.
Los blancos preferidos de esa acusación son los indígenas y la población migrante venezolana y colombiana. Hospitales, universidades, centros de refugio de mujeres y niños, han recibido bombas lacrimógenas. Son prácticas condenadas incluso para situaciones de guerra convencional.
Cientos de detenidos, una parte importante de ellos en condición irregular, varios muertos, un gran número de lesionados, cientos de víctimas de violencia policial y de terror psicológico —en una escala que no se veía en Ecuador desde hace décadas— van siendo el saldo de la guerra declarada por Moreno contra sus ciudadanos.
Segundo, ha declarado la guerra contra cualquier consideración “social y solidaria” de la economía. El paquete propuesto, receta típica del FMI, supone la destrucción de puestos de trabajo, despidos masivos, rebaja de sueldos, cortes de derechos laborales, exención de impuestos a la salida de divisas, condonación de deudas a grandes empresas, privatización de activos públicos. Como siempre, ha dicho que “no hay alternativas”.
Foto: Carlos Noriega/AP.Por supuesto, existen. En lo particular, existen márgenes para financiar el transporte público a través de nuevas regulaciones sobre el transporte privado. En lo general, era posible evitar la condonación de deudas corporativas cuyo importe total es similar al préstamo del FMI y es posible potenciar soluciones al enorme desequilibrio del sector externo, que favorece las importaciones, condena a productores nacionales y asfixia el mercado interno.
Tercero, la Corte Constitucional convalidó — con una actuación completamente servil al Gobierno— el estado de excepción, que ha llegado hasta decretar el toque de queda. De política de contención y protección del orden civil, como está concebido, ha sido usado como recurso de guerra y terrorismo estatal contra la población civil. La desproporción del estado de emergencia, y la escala de la violencia, ha llamado la atención de observadores tan poco sospechosos de radicalismo como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y Amnistía Internacional. Otros actores, en cambio, han sido descrito con mayor gravedad la situación.
El capitalismo regulado de 2008 en Ecuador no fue una panacea. Otros nombres también califican su política: neodesarrollismo o extractivismo. En el proceso, generó conflictos estructurales, duraderos y con diversos grados de violencia con movimientos sociales, señaladamente con los indígenas, cuyas demandas de acceso a agua y tierra, control de territorios, y necesidad de control de la minería y de uso de material transgénico mantuvieron una agenda de resistencia al gobierno de Rafael Correa.
Por ello, la idea de la traición de Lenin Moreno tiene más de una cara.
Efectivamente, ha actuado contra su base electoral, misma que ahora reprime. Está gobernando con la agenda contraria a la que lo llevó al poder. Es difícil no calificar ese gesto como traición.
Por otra parte, conflictos que se han visibilizado en las últimas jornadas tienen más larga data. La consigna “ni Lenin ni Correa ni Nebot” lo explica. Es un “que se vayan todos” a la argentina, que sitúa el problema en el conjunto del sistema político ecuatoriano, y en sus bases y en sus compromisos, no en un líder en particular. Así entendida, la “traición” tiene en Moreno un autor destacado, pero no el único.
La idea de que Correa controla la protesta es una fantasía recurrente de Moreno, que necesitaba agitar las denuncias de corrupción y sobredimensionamiento estatal, cometiendo todo tipo de exageraciones en el proceso, para ir allanando el camino hacia el ajuste. Pero es también el delirio de quien quiere ver en ese mapa de resistencias solo la vuelta del Mesías. La dicotomía Moreno-Correa no explica el actual conflicto ecuatoriano, ni sus salidas. Es un campo plural, atravesado por problemas comunes, con muchas articulaciones (estudiantes y profesores, sindicatos, indígenas, pequeños y medianos propietarios privados, feministas), que no ha construido hasta el momento agenda común ni contra Moreno ni a favor de Correa.
De hecho, el movimiento indígena, tan denostado por cierta izquierda durante el correísmo, es ahora el superhéroe de la movilización, la “tropa de élite” del pueblo ecuatoriano. Por otra parte, el propio gobierno de Correa tiene su expediente con el FMI. En 2008, ese organismo suspendió su revisión anual de la economía ecuatoriana, por haber sido expulsados del país sus calificadores, pero en 2014 las retomó y en 2016 entregó un crédito de 364 millones de dólares, abriendo nuevamente la puerta para su presencia en el país.
El cambio ahora comporta también una cuestión de escala. Lo que fue una puerta, ha devenido una avenida sin tráfico abierto más que para los importadores y los acreedores externos, las grandes empresas, la vieja oligarquía, los corruptos históricos y el propio FMI, cuyas políticas no han dado resultados positivos, en términos de pobreza y desigualdad, en 135 países donde han sido aplicadas. La imagen de Bucaram apoyando a Moreno en la sede del poder tradicional de Guayaquil es una pesadilla para millones de ecuatorianos.
Hace unos meses, Moreno explicó su cosmovisión sobre las virtudes de la libre empresa: un “monito” —niño guayaquileño— de cinco años aprende de espíritu emprendedor mientras vende botellas de Coca Cola en las esquinas contaminadas, e inseguras, de su ciudad. Con su paquete fondomonetarista, y más allá del cinismo de la metáfora sobre el niño trabajador, Moreno ha dejado claro cuál clase de emprendimientos defiende. Con su represión, ha dejado claro también cuál democracia defiende.
Lo que está pasando en Ecuador forma parte, en específico, de un ciclo regional que cuenta con los rostros de Duque, Macri y Bolsonaro, pero la protesta social desatada es también una advertencia para ellos.
En un plano más general, muestra cómo ni siquiera el capitalismo regulado le alcanza al capitalismo que se pretende “a secas” para cubrir sus necesidades de subsistencia y acumulación. Ese es el sentido de cómo va a por todo y a por todos. La cita del “ejemplo” de Venezuela confunde los términos: no se trata aquí de capitalismo vs socialismo, esa manía trumpista, sino de algo que está mucho antes que eso: una defensa del capitalismo sin alternativa alguna a sí mismo. Y esa, obsérvese, es una de las definiciones clásicas de dictadura.
Warren Buffet, dueño de una de las grandes fortunas del mundo, decía en 2004: “si se está librando una guerra de clases en América [los EEUU], mi clase lleva claramente las de ganar”. Según datos oficiales, para junio de 2019 la pobreza a nivel nacional en Ecuador se encontraba en 25,5% y la pobreza extrema en 9,5%. En áreas urbanas, llegó a 16,8% y la pobreza extrema a 5,6%. En zonas rurales, llegó a 43,8% y la pobreza extrema a 17,9%.
Es claro cuál clase está ganando la guerra en Ecuador.
El movimiento indígena y social en ese país andino llegó a ser de los más dinámicos y poderosos del continente en los 1990. Dicho perfil cambió con el gobierno de Rafael Correa, pero conoce, recuerda y afirma el significado de “voltear” a un presidente con programa impopular. Lo ha hecho más de una vez.
El himno de los Indios de Chimborazo dice en su letra: “/ Todos despertémonos / A los ricos no les gusta / Que los pobres se reúnan / Entre todos acordándonos / Busquemos la liberación / Entre todos reuniéndonos / solo así nos liberaremos.” Ahora mismo, no están solos en la protesta. Moreno, con su ley marcial ha activado una “guerra de las harinas” de proporciones que le son incalculables.