La discusión sobre violencia de género ha ganado visibilidad en Cuba. Lo saben las instituciones que han trabajado al respecto y también aquellas que han hecho nada o poco. Lo saben las víctimas, muchísimas. Lo saben quienes están militando contra los reaccionarismos religiosos y los conservadurismos de toda casta. Lo saben, igualmente, quienes temen que una sociedad más justa para las mujeres les quite privilegios. Lo saben los machistas que cacarean que la violencia de género no existe, que la desigualdad de género no existe, que el género no existe.
El pasado 21 de noviembre cuarenta ciudadanas solicitaron al Parlamento hacer una Ley Integral contra la Violencia de Género. Un mes después el Presidente expresaba que el tema de la violencia de género era de alta sensibilidad. Aunque parece haber conciencia sobre el asunto la propuesta de elaborar una Ley Integral no clasificó dentro del Cronograma legislativo aprobado en 2019, donde sí cupieron otras 107 normas de alta jerarquía. No hay indicio de que ese hecho vaya a cambiar, aunque sería deseable. Parte de la ciudadanía continúa pendiente.
De acuerdo con declaraciones institucionales, la alternativa a la inexistencia de una norma específica sobre violencia de género en Cuba es transversalizar en otras normas jurídicas el enfrentamiento contra esa. En realidad no son opciones excluyentes, pero ese hecho aún no tiene consenso en dentro la política institucional ni en la agenda legislativa. Ganó una opción sobre la otra. Hablemos entonces de esa otra.
¿Transversalizar qué?
En este contexto, transversalizar significa una cosa concreta: todas las normas en que sea posible tratar la violencia hacia las mujeres, harán mención a ello y lo regularán para beneficio de toda la sociedad.
Siendo así, demos el paso más amplio y firme que sea posible. Redoblemos la apuesta: propongámonos transversalizar en el cuerpo jurídico no solo la lucha contra la violencia de género sino la lucha contra la desigualdad de género.
La violencia de género existe porque existe desigualdad entre unos y otras. La violencia hacia las mujeres no tiene que ver con la idiosincrasia ni la cultura de ninguna nación. Tiene que ver con la desigualdad. Y esa desigualdad es constatable en los mundos del trabajo, las relaciones de propiedad, el funcionamiento institucional, los medios de comunicación, etcétera.
En el Informe Nacional de Cuba presentado hace unas semanas en la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, se reconocieron tres desafíos específicos para lograr igualdad de género en el país: la presencia de estereotipos de género, las altas tasas de fecundidad adolescente y la carencia de servicios de cuidado para niños, ancianos y personas con necesidades especiales. En esos tres ámbitos la situación actual limita el ejercicio de derechos para las cubanas y la igualdad ciudadana. Pero hay más.
En Cuba las mujeres tenemos menor presencia que los hombres entre la Población Económicamente Activa, en los sectores de mayores ingresos y específicamente en el sector privado y cooperativo. Dedicamos muchas más horas al trabajo de cuidados no remunerado dentro de los hogares (además de la mencionada insuficiencia de servicios de cuidados). Las mujeres somos menos propietarias de la tierra.
Otro asunto que necesita asentarse en leyes se refiere a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que han sido reconocidos constitucionalmente en fecha reciente. El derecho al aborto, por ejemplo, es operativo en la práctica institucional del Ministerio de Salud, para nuestro beneficio, pero no está garantizado en ninguna norma jurídica de alta jerarquía.
Los medios de comunicación reproducen estereotipos de género, también observables en espacios y producciones culturales de distinto tipo. Las mujeres somos menos en los catálogos de premios nacionales y reconocimientos de alto nivel al trabajo, aunque tenemos mayor presencia entre los universitarios del país y en cargos directivos.
A la vez, la tasa de mortalidad materno-infantil es sumamente baja; mujeres y hombres somos iguales ante la ley; en el sector estatal la tasa de participación laboral es casi paritaria; somos más en universidades y centros de estudio. Nada de eso desdice el párrafo anterior. La violencia de género existe en Cuba y la desigualdad de género que está en su base, también. Si vamos a transversalizar, hagámoslo del todo.
Cronograma legislativo: ¿Ventana de oportunidad?
En los próximos años se crearán o reformarán más de un centenar de normas de alto nivel. Respecto al tema que ocupa aquí, la necesidad es nítida: asegurar que todas las leyes y decretos leyes contribuyan a desactivar las desigualdades y la violencia de género.
Con ese tamiz, podríamos pensar en una Ley de Empresas que estimule los emprendimientos de nosotras, generando créditos específicos para emprendedoras, por ejemplo. Siendo que la presencia de las mujeres en el sector privado es baja y trabajan principalmente como empleadas y no como dueñas de negocios.
También es hora de tener un Código de Trabajo que garantice el cumplimiento de los derechos laborales en el sector privado (no que los mencione, sino que los garantice), incluidos los de licencia de maternidad y paternidad, guarderías, tiempo de cuidados, etc. Es claro que eso no sucede hoy. Ese mismo Código debería obligar a los centros laborales estatales y no estatales a construir y tener protocolos que se activen en casos de violencia de género, y asegurar la protección a las trabajadoras.
Las reformas a la Ley de Seguridad Social tendrían mucho que aportar en este sentido. ¿Esa Ley reconocerá pensiones a las trabajadoras no remuneradas del hogar? ¿Contribuirá a la democratización de los cuidados (infantiles, a personas mayores y con necesidades especiales) y a la responsabilización estatal con los mismos?
La futura Ley de Salud Pública también debe responder con especificidad a las necesidades de las mujeres en el país. Pronunciarse sobre la violencia obstétrica y habilitar programas para gestionar un mejor acompañamiento (no solo médico, sino de salud integral) a los embarazos y partos para madres y padres. Es imprescindible que esa norma hable también de derechos sexuales y reproductivos y los blinde frente a cualquier intento retrógrado o conservador. Que las cubanas tengamos derecho a interrumpir nuestros embarazos si queremos, a la anticoncepción, a los cuidados materno infantiles, etc. debe asentarse claramente en esa Ley y no solo en instrumentos de menor jerarquía. Derechos sexuales y reproductivos para todas las personas, asegurados legalmente.
El Decreto Ley sobre Comunicación tendría que hacer referencia y luchar contra los estereotipos de género, filtrar con ese tamiz los contenidos y producciones nacionales y la programación extranjera, buscar activamente contenidos democratizadores, crear mensajes que aseguren equidad y sacudan los sentidos comunes discriminadores. Y lo mismo sobre el Decreto sobre perfeccionamiento del Ministerio de Cultura. Los medios y el arte juegan un papel relevante en la reproducción de estereotipos y en su desactivación. ¿Cómo lo van a reconocer y regular esas normas por venir?
La Ley de Cine podría estimular la formación y trabajo de las creadoras y pensar en formas democratizadoras –en clave de género y otras– de producir, crear, distribuir.
Normas que parecerían ajenas a estos asuntos también necesitan repensarse. Pongamos atención a la Ley de Vivienda en un contexto nacional con graves dificultades para el acceso a vivienda digna. En casos de violencia de género en el ámbito familiar (agresiones sistemáticas, violaciones o abusos incestuosos, etc.) uno de los problemas más dramáticos es que, cuando los agresores son sancionados (en los casos en que lo son), luego de cumplir sus penas regresan al hogar donde continúan las víctimas, que no tienen a dónde ir ni pueden dividir sus viviendas si no son las propietarias. ¿Podríamos pensar en la posibilidad de normas y procedimientos legales, legítimos y transparentes que afronten el desafío de la frecuente desposesión de las víctimas de violencia?
Las Leyes de Educación y Educación Superior tendrían que, obligatoriamente, referirse a la desigualdad de género y a la violencia. Generar protocolos para casos de violencia y acompañar a las víctimas. Incluir en los contenidos curriculares programas de prevención de la violencia de género y contra estereotipos sexistas; y sobre la desigualdad para desnaturalizarla y develarla. Capacitar al personal docente, directivo y administrativo en estos temas. Asegurar mejores condiciones para que quienes son madres puedan continuar sus estudios y quienes son padres se co-responsabilicen con los cuidados.
Los Códigos de Niñez, Infancia y Juventud y de Familia obviamente serán vitales para la promoción de la equidad en los espacios domésticos en todos los sentidos: respecto al uso del tiempo, la propiedad conyugal, la violencia doméstica e intrafamiliar. También en el aseguramiento de que niños, niñas, adolescentes y jóvenes tengan una vida libre de violencia y una educación igualitaria.
El Código Penal, por supuesto, deberá cambiar radicalmente; así como las leyes de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil, Laboral y Económico. Reconocer la violencia de género (y no solo la intrafamiliar) y los feminicidios como delito específico, es su obligación. También es necesario que se incluya, de varias formas y sin demora, la formación en género del cuerpo policial y judicial, que asegure quebrar los perversos e inoperantes procedimientos policiales y penales que funcionan actualmente y que pueden llegar a revictimizar a las víctimas y desprotegerlas institucionalmente. La Ley sobre Tribunales Populares debería agendar contenidos similares y hacer lo suyo en su campo de competencia.
La próxima Ley de Identidad podría incorporar muchos de estos contenidos en su propia agenda. Impulsar el reconocimiento de los transfemicidios y de las múltiples exclusiones (económicas, políticas y de reconocimiento) a las que son sometidas las personas trans, intersexuales, con identidades sexuales no binarias y con orientaciones sexuales de todo tipo.
Finalmente, es imprescindible que la próxima Ley de Asociaciones se abra a la sociedad realmente existente y permita la legalización de colectivos y grupos que se conecten en el interés común de trabajar por la equidad de género, la democratización de las relaciones de género y la lucha contra la violencia, y otras, por supuesto. La enclenque norma actual que solo permite una asociación por campo social –una para “las mujeres”, otra para “los trabajadores”, “campesinos”, “ornitólogos” o lo que sea–, debe terminar sin excusa. Para las causas sobre la desigualdad de género, los esfuerzos existentes son múltiples y pueden ser convergentes, para beneficio del país.
De las 107 normas en el cronograma conocido, una de ellas, el Código de Familia, se llevará a referéndum. El contenido de las demás dependerá de comisiones y grupos de trabajo designados desde los ministerios correspondientes o la Asamblea Nacional.
Respecto a la desigualdad y la violencia hacia las mujeres, ¿habrá personas con conocimiento y formación en cada una de esas comisiones? ¿Estarán a la altura de las necesidades de Cuba de cara a ese tema? ¿Qué voces o instituciones asegurarán que sean leyes justas también para las mujeres?
Los actores de la política institucional deberán responder esas preguntas. La ciudadanía tendrá, por su parte, que ser vigilante y tener una voz activa.