En ocasión de celebrarse en Cuba el 13 de marzo el día del arquitecto, fecha en que quedó constituido en 1916 el Colegio de Arquitectos de La Habana y en que, 41 años más tarde, fue asesinado el estudiante de Arquitectura José Antonio Echeverría por la policía batistiana, se han desarrollado numerosas actividades culturales dirigidas a recuperar el papel marginal que ha ido recibiendo en el país la actividad arquitectónica.
Hablar de arquitectura no es solo discutir sobre el valor de la obra proyectada o construida, sino reflexionar además sobre las condiciones en que se ejerce esa práctica. ¿Quién proyecta, cómo, para qué, para quién? ¿En qué condiciones se ejerce en Cuba en la actualidad? ¿Son estas las mismas cuando el cliente es el Estado o el sector privado? Son muchas las reflexiones que nos debemos.
No cabe duda de que la decisión de autorizar la libre compraventa de viviendas en 2011 cambió el panorama en las ciudades cubanas. A partir de ahí emergió y se incrementó bruscamente el mercado inmobiliario, comenzó a expresarse una creciente demanda de proyecto arquitectónico para reformas y rehabilitaciones constructivas y empezaron a multiplicarse los llamados estudios de arquitectura, creados en su mayoría por jóvenes graduados, sin una cobertura legal clara, pero que fueron constituyéndose y organizándose cada vez más.
Ya en febrero de 2018 aparece una página en Facebook a nombre de GECA (Grupo de Estudios Cubanos de Arquitectura) y al año siguiente se constituye una sección de base en la UNAICC (Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción) con el fin de cubrir institucionalmente de algún modo la creciente actividad de dichos estudios.
En julio de 2020 el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) anunció una inmediata reorganización del sector privado —tímidamente bautizado como un “redimensionamiento del sector no estatal”— con lo que se crearon grandes expectativas sobre la posibilidad de, por fin, ejercer profesionalmente de manera independiente. El anuncio de que iba a revisarse la lista de las actividades permitidas para limitarla solamente a las prohibidas incrementó todavía más las esperanzas.
Comenzaron a dirigirse cartas al presidente de la República, al ministro de la Construcción solicitando el reconocimiento de la práctica independiente (respecto de las empresas estatales) y en febrero de 2021 el ministro de la Construcción citó a un grupo de representantes de GECA para oír sus planteamientos.
Dos meses más tarde, y en contra de todo pronóstico, en el VIII Congreso del Partido se leyó el Informe al Comité Central donde se afirmaba textualmente:
Sin siquiera haber implementado esta importante decisión, se ha demandado el ejercicio privado de algunas profesiones mientras a las demás no se les permite. Parecería que el egoísmo, la codicia y el afán de mayores ingresos provocan en algunos el aliento para desear que se inicie un proceso de privatización que barrería los cimientos y las esencias de la sociedad socialista construida a lo largo de más de seis décadas. Por ese camino, en poco tiempo se desmontarían también los sistemas nacionales de educación y de salud pública, ambos gratuitos y de acceso universal para todos los cubanos.
En efecto, cuatro meses más tarde, en agosto de ese año fue publicado el Decreto 49 sobre las actividades no autorizadas, que prohibía explícitamente el ejercicio no estatal de actividades profesionales relacionadas con la arquitectura y la ingeniería.
El conflicto entre la enorme demanda de arquitectura acumulada y su prohibición era evidente. Estaba claro que el compromiso de la Revolución de resolver el problema de la vivienda no se había podido alcanzar.
En su más reciente esfuerzo por resolverlo, el Micons había propuesto un programa de construcción de vivienda desde 2018, que aspiraba a construir más de medio millón de nuevas viviendas en diez años y se comprometía, además, a rehabilitar más de 400 mil.
Los resultados reales hasta hoy son desoladores: al cabo de seis años solo se ha construido alrededor de la mitad de lo planificado y en el sector estatal el cumplimiento no alcanza ni el 25 % del plan en el último año.
Ello permite suponer que buena parte de la solución deberá seguir siendo asumida por las propias familias, que requerirán de un proyecto de arquitectura específico. La respuesta no podrá consistir en los proyectos típicos de los grandes planes estandarizados y repetitivos de nueva vivienda sino de individualizadas acciones de construcción y, sobre todo, rehabilitación.
Por si fuera poco, la actividad económica privada requiere a menudo de adaptaciones y remodelaciones de los locales para ejercer su actividad productiva o de servicios y ello necesita también de proyectos específicos.
Preocupados y ocupados por esta contradicción, en la mencionada reunión de febrero de 2021 se le expuso al Ministerio de la construcción la fundamentación de los reclamos organizada en seis puntos principales:
- La incongruencia consistente en permitir el ejercicio privado de todas las actividades de la construcción menos la inicial, fundamental, de diseño arquitectónico e ingenieril.
- El volumen esperable de la demanda de proyecto no atendida para vivienda nueva y otros pequeños proyectos no atendidos por las empresas estatales . (Una reciente tesis de graduación de jóvenes arquitectos levantó las fichas de unas 1300 edificaciones construidas en el Nuevo Vedado en los años 50. Se pudo constatar que ese esfuerzo constructivo demandó del trabajo de alrededor de 500 arquitectos.)
- La importancia de la rehabilitación y la cantidad de proyectos específicos que serán necesarios para ese fin.
- La constatación de la baja calidad estética y técnica de la construcción improvisada, sin proyecto arquitectónico, demasiado habitual en estos momentos. De ahí la importancia de recuperar las licitaciones y los concursos.
- El muy preocupante y considerable éxodo de jóvenes profesionales (cerca de la mitad de los estudios existentes se han disuelto y sus integrantes se han ido del país en los últimos años).
- La falsa incompatibilidad entre arquitectura privada y socialismo. Basta consultar la Ley vietnamita de arquitectura y apreciar la calidad de las obras de arquitectura diseñadas por profesionales independientes en ese país.
En la mencionada reunión la respuesta del ministerio se limitó a repetir lo expresado más arriba en el Informe al Congreso del PCC.
Ante la negativa se dirigió una segunda carta al ministro solicitando la rectificación del Decreto 49, firmada esta vez por unos 200 arquitectos e ingenieros que, con el tiempo, se iría engrosando y superaría en pocos meses las 700 firmas de profesionales de todas las provincias del país. No se trataba de un grupo de jóvenes arquitectos exaltados, sino que entre ellos encontramos una decena de Premios Nacionales a la Vida y Obra, decanos, profesores universitarios, investigadores titulares, doctores en ciencias y numerosos y reconocidos profesionales.
En septiembre de 2021 el ministro de la Construcción contestó las demandas escuetamente: …por el momento se ha valorado que no es conveniente la autorización del ejercicio de nuevas actividades profesionales por las vías no estatales o de manera independiente…
Dos reuniones adicionales no lograron desatascar la situación. Era obvio que la negativa provenía de niveles superiores. La única propuesta de solución del ministerio consistió en la oferta de constituir mipymes… estatales (¡!), en las que los socios fueran los gobiernos municipales. Dos años y medio más tarde (marzo de 2024) el ministerio no ha logrado constituir ni una sola.
Aprovechando esta coyuntura, la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana (OHCH) tomó la iniciativa de proponer, como socio estatal, la constitución de mipymes estatales de arquitectura a tres estudios preexistentes. Uno de ellos, h[r]g arquitectura, que venía ejerciendo desde 2011, accedió. La mipyme fue aprobada por el MEP en noviembre de 2022 y quedó constituida como tal ante notario en mayo del 2023, teniendo como socio estatal a la empresa Restaura de la OHCH. Es todavía la única existente en todo el país en la actualidad.
Al constatar la inutilidad de continuar los intercambios con el Micons se publicaron en los meses siguientes numerosos artículos de prensa dando a conocer la situación.
♦ Construcción privada sí, arquitectura privada no (IPS)
♦ Arquitectura prohibida en una ciudad que cambia (El Toque)
♦ La ciudad reclama arquitectura (OnCuba)
♦ Vietnam, Cuba y los arquitectos (La Joven Cuba)
♦ Abel Tablada: “Sin cambios radicales, La Habana no se salvará” (OnCuba)
♦ El sector privado en Cuba reclama una reforma real de la economía (El País, España)
♦ La arquitectura cubana no puede perder más tiempo (La Joven Cuba)
El único medio de prensa estatal que se refirió al tema fue la Revista Bohemia, pero solo para dar a conocer las opiniones de una viceministra del MEP.
Simultáneamente, durante el año 2022 se dirigieron numerosas cartas explicativas a todas las instituciones relacionadas con el diferendo: las oficinas de la Presidencia y del Primer Ministro, los Ministerios de la Construcción, de Economía y Planificación, de Cultura, de Trabajo, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), la UNAICC… Ninguna fue contestada.
Ante el anuncio de la celebración del Congreso de la UNAICC en enero de 2023 se desarrolló un esfuerzo en numerosas secciones de base para elevar a esa instancia los diversos planteamientos. Estos fueron escuchados, pero se diluyeron en las resoluciones del Congreso y nada cambió (salvo el acuerdo de activar el Registro de los profesionales de la Construcción).
Después de más de tres años de empeño no queda otra que constatar la inutilidad de los esfuerzos. Ni las reuniones con el ministerio, ni las cartas a las autoridades, ni la campaña de prensa, ni los planteamientos en el Congreso de la UNAICC, tuvieron los resultados esperados. En todo momento se cuidaron las formas, el debido respeto institucional, la detallada fundamentación de las propuestas. En el mes de marzo de 2022 se entregó al Micons un detallado documento de 32 páginas con las “Propuestas para el ejercicio de la Arquitectura desde las Formas de Gestión No Estatal”, elaborado por GECA con la asesoría de la Consultora AUGE. Tampoco tuvo respuesta. De nada sirvió.
¿En qué situación nos encontramos a casi cuatro años del inicio de esta ya larga batalla?
El contexto económico y constructivo es en extremo precario. En las ciudades solo destacan las edificaciones destinadas al turismo. La situación de la vivienda es muy difícil y cada vez más arriesgado adelantar análisis y propuestas debido a la práctica ausencia de información al respecto.
Tanto la ONEI (Oficina Nacional de Estadística e Información) como la Dirección de Vivienda no producen una estadística relevante; el Censo de Población y Vivienda está aplazado por ahora hasta 2025; los imprescindibles resultados del catastro urbano arrastran ya un retraso de casi diez años; y a ello se suma la demora y la falta de transparencia en la redacción de la nueva Ley de la Vivienda, varias veces aplazada.
El silencio político y administrativo, así como el de los medios de difusión no pueden ser la respuesta a un conflicto no resuelto de tanta trascendencia para nuestras ciudades.
Estamos seguros de que algún día llegará la autorización, como ha ocurrido con muchas otras prohibiciones absurdas, pero cada día que pasa incrementa los costos sociales y económicos: la degradación cada día más acentuada de las ciudades y su patrimonio construido y el de un considerable éxodo profesional. Recientemente se anunció una revisión del Decreto 49 para inicios del presente año. ¿Prevalecerán el buen juicio y el realismo?