Desde el año 1995 la economía cubana no ha presentado una inflación significativa. Ocurren movimientos estacionales de los precios en los mercados agropecuarios e incrementos puntuales por la escasez de algún producto. Los precios se mantienen altos en los mercados estatales en pesos convertibles como resultado del excesivo margen comercial y la ausencia de competencia. El salario en el sector estatal no alcanza para cubrir las necesidades básicas de una familia, lo que refleja la obstinación de sostener y subsidiar un extenso grupo de empresas estatales inalterablemente improductivas. Pero no hay inestabilidad monetaria, no han ocurrido desde entonces incrementos sistemáticos y descontrolados de los precios.
En los últimos tres años las presiones al alza de los precios ciertamente han aumentado debido a una menor disponibilidad de productos en los mercados. Lo que los economistas llamamos inflación de oferta (para destacar la razón por la que suben los precios). La crisis venezolana, las nuevas sanciones económicas de la administración Trump, la caída de las exportaciones y del turismo y el congelamiento de las reformas estructurales forman un coctel que produce estancamiento/recesión de la economía, obliga al recorte de importaciones e impacta negativamente sobre la oferta de productos.
No hay datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 2018 y 2019, pero informaciones anecdóticas hablan de aumentos de precios en los mercados informales de varios productos, entre ellos el huevo, la leche, la carne y los materiales de construcción, entre otros. En 2017 el dato oficial de aumento del IPC en pesos cubanos fue de apenas el 0,6%. Este IPC tiene varios problemas en su cálculo y deja fuera los precios en pesos convertibles. Si miramos el índice de precios implícitos de las cuentas nacionales de la ONEI, vemos que en 2017 la inflación para el consumo de los hogares en los mercados formales subió a 4,7% (tabla 5.4 del Anuario Estadístico). Si a ello le sumamos la inflación “anecdótica” en los mercados informales, se puede asumir que sí existe una tendencia a cierto aumento de los precios, aunque todavía en niveles moderados y manejables.
En los años noventa se aprendió la lección. Durante más de veinte años los grupos de trabajo del Ministerio de Economía y Planificación, el Banco Central, el Ministerio de Finanzas y Precios, y el Ministerio de Comercio Exterior produjeron de forma coordinada análisis y recomendaciones de política para evitar una repetición de los desequilibrios que llevaron a las tasas de inflación de 200% y 300% a inicios de los noventa, a una devaluación extrema de la tasa de cambio y a la pérdida de confianza en el peso cubano, impulsando así la dolarización. La liquidez monetaria, los salarios, la compra y venta de monedas en las casas de cambio, el déficit fiscal, la circulación mercantil minorista y las cuentas de ahorro, formaban parte de la batería de indicadores que se seguían rigurosamente para alertar los riesgos para la estabilidad monetaria.
Todo parece indicar que estos grupos de trabajo hoy no existen –o no se les escucha. Los argumentos, explicaciones y acciones tomadas este año por los funcionarios del gobierno cubano son impresentables ante las lógicas de los grupos de trabajo que durante años cuidaron la estabilidad del peso cubano y propiciaron la desdolarización de la economía a comienzos de siglo.
Este año han aparecido señales muy preocupantes que apuntan a un manejo de la política económica más bajo la influencia de una lógica populista que fundamentada en análisis técnicos. La política económica cubana ha tenido como hándicap la visión estado-céntrica y la poca confianza en el sector privado y el mercado, pero reconocía y hasta cierto punto respetaba la racionalidad de los equilibrios macroeconómicos. Vamos de mal en peor si ahora se combina un sistema de producción estructuralmente ineficiente con un gasto salarial y fiscal desbocado y sin respaldo financiero.
La expansión salarial decretada representa un incremento del 68% del salario nominal promedio para la mitad de los empleados del sector estatal. Dado que se trata de entidades presupuestadas (y no de empresas) los recursos tienen que provenir del presupuesto del Estado. Se trata de una suma que supera el valor del déficit fiscal aprobado para este año, y que representa un 12% del gasto fiscal total. Antes del incremento salarial decretado ya el presupuesto del Estado andaba en una situación financiera límite, pues había incrementado el déficit a niveles no vistos desde principios de los años noventa.
Nadie niega que los salarios en el sector estatal deben ajustarse al alza, pero no ahora. No en momentos en que no alcanzan los ingresos fiscales para financiar los gastos públicos de siempre. No en medio de una escasez creciente de bienes de consumo y cuando todavía no se divisa una alternativa a Venezuela.
El efecto sobre los precios es inevitable, no importa la cantidad de resoluciones que se emitan y la escala de la retórica política. Ahora además, alimentado por un aumento excesivo del gasto, lo que los economistas llamamos inflación de demanda, que tiende a ser más permanente y a propagarse con mayor facilidad que la inflación de oferta. Tomen en cuenta que el aumento salarial es para siempre, comienza en agosto y no tiene fin.
Los aumentos salariales sin respaldo productivo o financiero y controles administrativos de precios no son el tipo de medidas que se necesitaban para superar la crisis. Mientras más controlen los precios en los mercados formales, más inflación e inestabilidad habrá en los mercados informales. Mientras más prohíban los aumentos de precios, menos se incentiva el sector productivo a aumentar la oferta de bienes y servicios, que es –en definitiva– la única opción para mantener bajo control la inflación.
El objetivo no debe ser que no crezcan los precios, lo cual es una respuesta natural ante una expansión súbita de la demanda, sino que los precios no se incrementen en la misma proporción que el salario nominal, para que se logre un efecto neto positivo sobre el salario real. Ello solo se logra cambiando las regulaciones que hoy impiden una respuesta productiva positiva. Esperemos a ver qué tiene preparado el gobierno en este otro terreno, aunque con expectativas bajas después de tantas decepciones.
Por el momento, tal como se han presentado las cosas, los topes de precios solo promoverán más informalidad y escasez. Si no hay cambios estructurales importantes en el sistema productivo, asomarán poco a poco distorsiones que parecían superadas y que no se repetirían: exceso de liquidez en pesos cubanos, tasas de cambios que comenzarán a estar más devaluadas que en las casas de cambio, y mayor uso del dólar estadounidense.
El gobierno cubano argumenta que las medidas que se han tomado se hicieron para alejarnos del Período Especial. En realidad, nos acercan. Se había logrado manejar bastante bien el ajuste económico, a pesar de las enormes complejidades del entorno internacional. Teníamos escasez, pero se había preservado la estabilidad monetaria. Ahora tendremos escasez más una aceleración de la inflación en los mercados informales, más parecido a lo que vivimos en los años noventa.