La reforma económica en Cuba: atrapada en el medio

Secuenciar y parcializar en exceso las medidas adoptadas ha conducido a la economía cubana a una situación indeseable. Ni rige la lógica del pasado, ni se ha permitido que prospere una nueva lógica económica.

Foto: Otmaro Rodríguez.

Es claro que Cuba ha pasado de una larga primera etapa en la que se entendían las reformas como un mal necesario, pero reversible (entre 1990 y 2008), a otra en la que las reformas se conciben como deseables, aunque se carece de una concepción integral del proceso y de una secuencia de cambio suficientemente dinámica.

El miedo a los costos que las reformas comportan –en muy diversos ámbitos, también en el político–, ha hecho que la definición de un marco integral de reformas y del escenario al que conduce a la economía cubana se posponga una y otra vez.

Es importante que se cierre también esta etapa y que la reforma se contemple con la ambición propia de un programa de acción simultáneo e integral. Las reformas en unos ámbitos requieren de acciones en otros si se quiere que rindan frutos. Aunque se reconozca el valor de la prudencia, el carácter fragmentario de las acciones tiene sus costos.

Secuenciar y parcializar en exceso las medidas adoptadas ha conducido a la economía cubana a una situación indeseable. Ni rige la lógica del pasado, ni se ha permitido que prospere una nueva lógica económica. Diríamos que desde hace años, Cuba aparece en tierra de nadie, atrapada en el medio de un proceso de cambio (stuck in the middle), quizás la peor de las opciones.

Se pueden identificar dos factores principales que afectan a la eficacia del proceso de reforma económica: la ausencia de una meta reconocible y su dosificada parcialidad.

Ausencia de una meta reconocible

En primer lugar, el proceso de reforma económica planteado en Cuba carece de la definición de un escenario de llegada preciso que oriente los esfuerzos. Se asumen como necesarios cambios institucionales sucesivos, pero se omite la definición precisa de cuál es la meta final a la que se encamina.

Los textos que se presentan como estratégicos (los Lineamientos de política económica y social del partido y la revolución para el período 2016-2021 y el Plan nacional de desarrollo económico y social 2030 de Cuba) son documentos políticos que mantienen un tono dominantemente declarativo, pero resultan poco útiles para definir un modelo económico reconocible. Ni siquiera el documento titulado Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista cumple ese propósito: se trata más bien un texto desiderativo con limitada precisión en materia de estrategias y de definición del marco económico del futuro.

El gobierno presenta los cambios como el avance hacia un socialismo próspero y sostenible, pero sin definir el significado de ese lema. Por momentos la prensa oficial alaba los éxitos del modelo chino y vietnamita, pero en otros demoniza el trabajo del sector privado.

La actual coyuntura de crisis económica y financiera, en medio de mayores sanciones de la administración Trump y el estancamiento del intercambio con Venezuela, no ha llevado al nuevo gobierno a afianzar una posición reformadora, o al menos a revelar su propio diagnóstico sobre las causas de las fallas del sistema económico.

Se acrecienta la indefinición de la meta cuando en vez de ofrecer una mejor definición del futuro modelo al que se quiere llegar, la nueva propuesta que aparece en la agenda económica de la actual presidencia consiste en retomar algunas de las trasformaciones de los años 90, tales como la redolarización parcial de algunos mercados e industrias, lo cual va a contravía de la tantas veces anunciada unificación monetaria.

Ante la ausencia de compromisos respecto al ritmo de las reformas, los grados de discrecionalidad de las autoridades para la toma de decisiones son elevados. Y esa misma discrecionalidad otorga márgenes añadidos a los sectores resistentes al cambio para que se organicen y presionen a fin de demorar o relegar las reformas que consideran más lesivas para sus intereses.

En ese contexto de incertidumbre, los agentes sociales son incapaces de anticipar los cambios: su actitud es permanecer a la expectativa, a la espera de noticias que confirmen una nueva reforma. Su incertidumbre –extensible a las empresas internacionales que operan en Cuba–, no solo limita su implicación efectiva en el respaldo a la reforma, sino también daña su disposición a la inversión, dada la ausencia de escenarios creíbles de mediano plazo.

La parcialidad de las reformas

La ausencia de una meta precisa explica la falta de un plan sistemático e integral de reformas. La lógica de conjunto se pierde en beneficio de una dinámica de «parcheo»: se toman decisiones parciales concatenadas a medida en que se detectan problemas y se tienen los márgenes políticos para darles solución. En algunos casos, las decisiones tratan de avanzar en una reforma anteriormente pospuesta; en otros, de corregir las consecuencias inadvertidas o las lagunas de decisiones previas.

Como quiera que sea, el proceso viene regido por la suma de acciones parciales, más que por la lógica de un plan integral. Visto en su conjunto, el problema no es que no haya reformas: han sido bastantes –y algunas de calado. El problema es que muchos de estos cambios no logran el efecto debido por no acompañarse de reformas en otros ámbitos complementarios.

Obtener éxitos parciales es sin embargo crucial, especialmente si se adopta una senda de reformas gradual y prolongada en el tiempo, porque permite ensanchar secuencialmente el respaldo social al proceso (reduciendo el margen de los sectores resistentes al cambio) y porque posibilita ampliar la viabilidad de las reformas ulteriores.

En el caso de Cuba, la parcialidad de las reformas hace que ambos objetivos se logren de manera muy limitada.
En suma, porque se carece de un plan de reformas integral, y porque se fragmentan y parcializan las reformas, el efecto de los cambios inducidos está muy por debajo de lo esperado. Las consecuencias de los cambios internos no han llegado a la mayoría de la población –que depende del empleo en el sector estatal o está pensionada–, ni han mejorado los niveles de competitividad y crecimiento de la economía a escala agregada.

La presencia de una nueva jefatura de Estado ha incorporado nuevas formas de proceder y nuevos estilos de gobierno, pero sin que haya comportado una inflexión en la tendencia dosificada de reformas fragmentarias heredada del período previo, el de Raúl Castro.

La situación se agrava por el nuevo curso que adoptó la administración Trump respecto a Cuba (y a América Latina, en general). Hace tres años, parecía que el restablecimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos presentaba una opción clara de diversificación para las relaciones internacionales de la Isla, pero con Trump esa opción se detuvo. Al mismo tiempo, se han retomado las medidas más agresivas frente a Cuba, como las que se derivan de la Ley Helms-Burton.

Frente a este entorno internacional adverso, la economía cubana necesita encontrar nuevos amortiguadores al shock venezolano. La solución a sus problemas no está tanto en identificar los apoyos que se pueden concitar desde el exterior (siendo estos importantes), sino en la capacidad para poner en marcha en un proceso coherente y previsible de transformaciones productivas e institucionales que atraigan la inversión y estimulen la productividad.

Por último, no habrá reforma económica si no hay, al mismo tiempo, una modificación en los marcos institucionales que rigen la economía y los procesos de decisión colectivos en Cuba. La renuencia a asumir un plan de reformas más integral solo cabe explicarla por la rigidez de las estructuras colectivas de decisión y de gobierno, poco sensibles a ampliar los espacios de autonomía de los agentes en sus procesos de decisión.

No obstante, hacer más flexible y creativa la economía pasa por ampliar esos espacios, transitando desde decisiones jerárquicas y administrativas hacia aquellas más autónomas que responden a un adecuado diseño de incentivos. Un marco institucional correcto es el que pretende lograr que los retornos de las decisiones privadas estén lo mejor alineados posible con los retornos sociales, haciendo más eficiente el esfuerzo colectivo.

Ese debiera ser el propósito.

* Resumen del documento de trabajo del Foro Europa-Cuba. Publicado en coautoría del economista cubano Pável Vidal. Se reproduce con la autorización de sus autores.

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