Venta de carros en Cuba, ¿nuevas medidas económicas o más de lo mismo?

El gobierno cubano sigue apelando a las transferencias desde el exterior para captar divisas en lugar de crear las condiciones para el impulso de la producción nacional.

Foto: Kaloian.

La televisión cubana ha transmitido ayer, 6 de febrero, una Mesa Redonda para informar acerca de “nuevas medidas” económicas relacionadas con la venta de artículos en moneda libremente convertible (MLC).

En realidad, se mantuvo el discurso de consignas, en el sentido de que todas las “medidas” tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida de “nuestro pueblo” aunque la mayor parte de la población solo pueda contemplar los anaqueles de dichas tiendas como simples espectadores.

Los ministros y funcionarios convocados dieron detalles sobre el funcionamiento de las nuevas cadenas de tiendas orientadas a las divisas convertibles y se reconocieron los problemas de suministros “porque la demanda es muy alta”, pero no se ofrecieron cifras de niveles de ventas, o de niveles de ingresos de divisas a las cuentas.

Se anunció que se incorporaría la venta de automóviles (los cuales se vendían desde 2014 en pesos convertibles, CUC, y a precios exorbitantes) así como ciertos productos de la industria nacional sin entrar en detalles. Se precisó que el 85% de los ingresos obtenidos por la venta de automóviles se destinarían al desarrollo del sistema de transporte público masivo, pero es sabido que los precios de los automóviles que se venden en Cuba superan varias veces los precios internacionales.

En la actualidad, Cuba es probablemente el único país del mundo en el que circula una moneda nacional (peso cubano, CUP) en la que ganan sus salarios la inmensa mayoría de la población, pero cuyos salarios están muy lejos de permitir la satisfacción de las necesidades elementales de consumo.

Al mismo tiempo circula otra moneda nacional con el apelativo de convertible (CUC), que cada día lo es menos porque carece de respaldo real y cuyo tipo de cambio muestra la distancia abismal entre los niveles de ingreso de la población y su capacidad adquisitiva real.

Además, aunque se afirme lo contrario, comienza a circular el dólar (resumiendo en él a las demás divisas cuyos depósitos se permiten en cuentas especialmente creadas a estos efectos), aunque se afirme que no circula sino que solo está en cuentas pero con el que se pueden comprar ciertos bienes que no se ofertan ni en el mercado que funciona en pesos ni en el que funciona en CUC.

Aunque las autoridades no quieran reconocerlo estamos en presencia de una dolarización parcial de la economía, de forma que pareciera que el CUC tiende a extinguirse pero el CUP no recupera las condiciones que por ley se le confiere a la moneda nacional, a saber, el curso legal obligatorio y la fuerza liberatoria ilimitada.

Es evidente que la creación de estas tiendas obedece a la profunda escasez de divisas con las que cuenta el país y la pérdida sistemática del respaldo del CUC, que había sido la condición establecida para la “caja de conversión” que se estipuló cuando se creó. Así las cosas, es el reconocimiento implícito de la pérdida de convertibilidad del peso convertible.

Después de escuchar a los ministros de Economía y Planificación, Finanzas y Precios y Transporte y los vicepresidentes primeros del Banco Central de Cuba y de la Corporación CIMEX, surgen varios comentarios:

1) el gobierno cubano sigue apelando a las transferencias desde el exterior para captar divisas en lugar de crear las condiciones para el impulso de la producción nacional (sobre esto se habla mucho pero hay muy poco realizado de forma concreta),

2) se mantienen los niveles de concentración de los canales de importación en manos del Estado a través de tres cadenas: CIMEX, Caribe y ZAZA,

3) se sigue responsabilizando al bloqueo estadounidense de los problemas económicos del país y se condiciona la adopción de medidas tales como la eliminación del gravamen aplicado a los depósitos en USD en efectivo a la eliminación del bloqueo,

4) el anuncio de una «rebaja comercial» del 10% de los precios en USD respecto a los precios en CUC de ciertos bienes, pareciera el primer indicio de una devaluación inicial del CUC respecto al USD en esa magnitud,

5) se reconoce, implícitamente, que el país afronta serios problemas de liquidez cuando se aclara que cuando se produzcan retiros de MLC depositados en las cuentas de las personas naturales «podría no existir la disponibilidad de MLC» y sería necesario gestionar la divisa, lo cual, en la práctica, significa que las cuentas creadas a estos efectos no son «depósitos a la vista» y,

6) la concepción que fundamenta estas medidas pareciera orientarse a la vieja idea de que la economía nacional se maneja como una bodega en la que lo que ingresa va a una especie de «bolsa común» desde la cual se redistribuye desde el centro del poder para «beneficio de la mayoría».

Todas estas medidas parten de la premisa de que los recursos para que las familias cubanas puedan comprar productos tales como mini-splits, lavadoras, neveras, televisores, freidoras de aire, motocicletas eléctricas, automóviles u otros tipos de bienes llegan desde el exterior, es decir, de los familiares que por diversas razones se han establecido en el exterior, han trabajado en el exterior y deben transferir los recursos para que sus familias en Cuba disfruten de los bienes que en los países normales los ciudadanos obtienen con el fruto de su trabajo.

No es posible seguir bajo ese tipo de premisa. Es necesario crear las condiciones para que el trabajo de cada ciudadano cubano residente en el país valga para obtener los bienes necesarios para la vida moderna. Y ello solo se logra permitiendo el desarrollo de la creatividad y del emprendimiento empresarial y esto no solo se refiere a empresas privadas o cooperativas, las cuales por supuesto deben ser desarrolladas, sino también a las empresas estatales, que siguen careciendo de la autonomía necesaria en la toma de sus decisiones económicas y se enfrentan a un entramado burocrático de tintes kafkianos.

La concentración de la actividad importadora en tres empresas del Estado genera condiciones de monopolio (aunque son tres, el propietario es uno, el Estado), con los conocidos efectos negativos de disfrutar una condición de monopolio, ante la ausencia de competencia.

Sería necesario verificar con qué prontitud estas empresas «satisfacen» las demandas de personas naturales en un sistema en el que el cliente jamás ha sido soberano. Y no solo la prontitud sino a qué precios. Un monopolio puede establecer precios de monopolio y el consumidor está obligado a pagar o a no consumir. Todo esto sin mencionar los canales de corrupción que pueden desarrollarse para satisfacer “con prontitud y eficacia” las solicitudes de importación.

Si se permitiera el establecimiento de empresas privadas y cooperativas que pudieran operar la actividad de comercio exterior y como en cualquier país normal se aplicaran aranceles, se obtendrían probablemente más ingresos para el fisco cubano, lo cual garantizaría las transferencias a esas actividades priorizadas que pueden tener impacto en toda la población.

Cuba sigue enfrascada en la inconvertibilidad real de sus monedas, lo cual impone la urgencia de solucionar esto, adoptando medidas para estimular la actividad exportadora de bienes y servicios, facilitando todo lo que se oriente a este objetivo.

Un último comentario frente a la afirmación de la ministra de Finanzas sobre que hay una “gran demanda”. La ministra se equivoca. La capacidad adquisitiva que se manifiesta es el resultado de transferencias desde el exterior y no de la demanda que genera la población con sus ingresos. Esa línea delgada valdría la pena tenerla muy clara a la hora de diseñar políticas económicas.

En resumen, creo que esta debería orientarse a adoptar todas las medidas necesarias para estimular el emprendimiento productivo, con independencia del tipo de propiedad, la creación de empleo, el fomento de las exportaciones (no solo del sector estatal sino creando las condiciones para que los sectores privado y cooperativo participen en pie de igualdad con el sector estatal en el fomento de las exportaciones), la libertad de importación estableciendo un sistema arancelario que constituya un estímulo a la producción nacional sin ser prohibitivo y que al mismo tiempo cumpla funciones recaudatorias.

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