A pocas horas de que comience la reunión de presidentes de las Américas en Panamá, funcionarios del Departamento de Estado han informado a la cadena CNN que enviaron a la oficina oval la recomendación de retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Este paso era una condición necesaria para comenzar el proceso de retirar a Cuba de esta penosa lista, en el que todavía falta la decisión del presidente Obama, presumiblemente confirmatoria, y el transcurso luego de otros 45 días en que el Congreso podría bloquear la decisión del Ejecutivo, a través del voto de una resolución conjunta de desaprobación.
Por primera vez desde 1982, el Departamento de Estado no considera al gobierno de La Habana como un Estado Patrocinador del Terrorismo. Cuba podría salir de esta lista tras un proceso de revisión que a todas luces ha sido una mera formalidad realizada por la oficina de John Kerry: retrasada intencionadamente hasta estas fechas, a pesar de que constituye un obstáculo principal en el camino de la normalización de relaciones entre ambos países.
El equipo gubernamental que sugirió la salida de Cuba de la lista estaba bajo presión por parte de “altos niveles de la Administración para que concluyeran su investigación” según confesaron unos funcionarios norteamericanos sin identificar, a la agencia de noticias Reuters.
La jefa negociadora de Cuba ante EE.UU., Josefina Vidal, ha denunciado que esa designación endurecía aún más la política de sanciones y restricciones contra su país, al “recrudecer las sanciones que nos son aplicadas por el bloqueo.”
Esta, por cierto, es la principal causa por la cual la Sección de intereses de Cuba en Washington está desprovista desde hace más de un año de una cuenta bancaria en Estados Unidos para operar desde los pagos más simples hasta los servicios consulares. En estas condiciones, es virtualmente imposible considerar en serio restablecer embajadas.
Aparecer entre las naciones señaladas desata una red de sanciones directas e indirectas realmente onerosas para cualquier país. Por ejemplo, prohíbe a cualquier ciudadano estadounidense “involucrarse en una transacción financiera con un gobierno de la lista terrorista sin una licencia del Departamento del Tesoro.”
La clasificación unilateral como Estado Patrocinador del Terrorismo es una potestad del Secretario de Estado, quien todos los años debe presentar ante el Congreso un informe acerca del tema.
En 2014, La Habana protestó nuevamente contra su inclusión en esa categoría, considerándola una “manipulación de un tema tan sensible como el terrorismo internacional” solo sustentada por “consideraciones de carácter político y la necesidad de justificar a toda costa el bloqueo.”
La exclusión de Cuba, de concretarse, abre un abanico de oportunidades para la economía de la isla, particularmente en el campo de las finanzas. “Aunque los bancos están interesados no van a aventurarse a hacer negocios o cambiar sus controles hasta que la isla sea eliminada de la lista”, advertía en marzo a la agencia de noticias Notimex el abogado Andrés Fernández, durante la Conferencia Anual sobre Prevención de Lavado de Dinero, organizada en Miami por la Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida.
La permanencia de Cuba por tantos años en esta lista se estableció como una herencia casi automática por las diferentes administraciones estadounidenses posteriores a la del presidente Ronald Reagan, cuyo secretario de Estado, Alexander Haig, colocó el nombre de la isla por primera vez en marzo de 1982.
En 2014, la justificación de por qué Cuba figuraba en la lista era la más escueta y poco sustentada del reporte condenatorio, en comparación con los extensos “argumentos” dedicados a Irán, Siria y Sudán, los otros tres países mencionados en el informe anual del Departamento de Estado.
Algunos analistas consideraron tan absurdo el caso que llegaban a comentar la posibilidad de haber despenalizado a Cuba por los mismos motivos que la penalizaban.
Los tres tópicos seleccionados fueron la presencia de fugitivos de la justicia norteamericana, de miembros de la organización vasca ETA y de guerrilleros colombianos en el territorio de Cuba.
Pero en el propio documento se reconocía que La Habana “apoyó y acogió las negociaciones entre las FARC y el Gobierno de Colombia destinadas a negociar un acuerdo de paz entre los dos.”
El ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero reveló en febrero de 2015, la ayuda recibida por el gobierno de Raúl Castro en el desarme del grupo etarra en 2011. Al hacer pública esa colaboración, el político ibérico decía aportar su testimonio al proceso de revisión del status “terrorista” de Cuba.
Acerca de los fugitivos estadounidenses, la diplomática cubana Josefina Vidal explicó en una conferencia de prensa que estas personas recibieron asilo político por parte de su gobierno, una concesión que “no puede entrar en este tipo de discusiones.”
El Ministerio de Relaciones Exteriores de La Habana señaló en abril de 2014 que ninguno de los asilados requeridos por Estados Unidos había sido acusado de terrorismo.
Cuba es el país más sancionado por las leyes de los Estados Unidos, según declaró en febrero pasado John E. Smith, subdirector de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. La exclusión de la lista terrorista alivia esas restricciones, pero mantiene intacto el resto de los mecanismos de castigo económico que Washington llama “embargo” y que Cuba califica como “bloqueo”.