Charlie Craig y Dave Mullins son una pareja gay de Colorado que el 19 de julio de 2012 decidieron unir sus vidas en matrimonio. Tuvieron que moverse a Provincetown, Massachusetts, para lograrlo porque en ese estado no era legal que dos hombres pudieran casarse. Al regreso, acudieron a la repostería Mastership Cakeshop para que les confeccionara el cake de fiesta para su boda, pero Jack Phillips, el dueño del negocio que se define a sí mismo como una suerte de artista de la panetela y el merengue, se negó a ofrecerles ese servicio alegando razones religiosas. La Comisión de Derechos Civiles de Colorado dictaminó entonces que los derechos de la pareja habían sido violados.
Pero el dulcero apeló. La Corte Suprema de los Estados Unidos decidió tomar el caso, algo que como se sabe no ocurre todos los días. Seis años después, el 5 de junio de 2018, en apretada decisión, los jueces de esa instancia dictaminaron que la Comisión de Colorado había mostrado hostilidad hacia la religión.
Los conservadores, que señorearon el dictamen, concluyeron que Phillips no había incurrido en un caso de discriminación o violado la igualdad ante la ley. Sin embargo, en la clásica opinión disidente característica de estos casos, los cuatro magistrados liberales se mostraron convencidos de que el hombre de negocios tenía que atender a todos sus clientes, al margen de su orientación sexual.
Este es el origen de una serie de movidas legales, a manera de réplicas, que sobrevienen después de un terremoto, en este caso la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo, lo cual ocurrió en los Estados Unidos el 26 de junio de 2015 (Obergefell v. Hodges).
Pero desde antes y sobre todo a partir del fallo último de Suprema, estados como Kansas y Oklahoma han venido proponiendo/aprobando leyes que permiten echar mano a creencias religiosas para negar prestaciones de servicios a miembros de la comunidad LGBT.
El próximo 1 de julio entraría en vigor en Mississippi la Ley HB1523 (“Protecting Freedom of Conscience from Government Discrimination Act”), que define al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer; establece que el sexo debe estar limitado al matrimonio heterosexual; y que el género no puede ser cambiado/alterado. Un evidente timonazo en U respecto a lo avanzado hasta aquí.
“Este es un día triste para el estado de Mississippi y para los miles de habitantes de Mississippi a quienes desde ahora se les podrían negar servicios comerciales y cuidados básicos en virtud de quienes son” –declaró Chad Griffin, de Human Rights Campaign.
En Mississippi este problema está enraizado en lo legal-conservador considerando toda una historia previa. Digamos que en 1996 el gobernador Daniel Kirkwood “Kirk” Fordice (R) estableció una orden ejecutiva prohibiendo el matrimonio no hetero en tesitura con la Ley de Defensa del Matrimonio, documento federal que entonces impedía reconocer el matrimonio igualitario. Y que en noviembre de 2014 un juez local, Carlton W. Reeves, legisló que el matrimonio entre personas del mismo sexo era inconstitucional. Hay que recordar que la actividad sexual entre personas de igual sexo es legal en Mississippi solo desde 2003. Y también que el sentimiento mayoritario de la población norteamericana, en este punto bien liberal, se ha venido moviendo hasta aprobar la legitimidad de los matrimonios entre parejas de un mismo sexo. Una encuesta Gallup de hace dos meses arrojó que dos tercios de los encuestados los veían con buenos ojos.
Hace algún tiempo, Michelle Obama dijo una verdad al aludir a “la rapidez con que el progreso puede echarse hacia atrás, lo fácil que es señalar a un pequeño grupo y marginarlos por ser quienes son o hacer lo que les gusta”.
De eso se trata ahora mismo.
De los coletazos.