El canciller cubano, Bruno Rodríguez, condenó este lunes la decisión del gobierno de EE.UU. de suspender solo por un mes y con limitaciones una norma que permitiría a cubano-estadounidenses reclamar propiedades en la Isla confiscadas hace más de cinco décadas.
“Rechazo enérgicamente anuncio del Dpto. de Estado #EEUU de autorizar demandas, bajo Título III de la Ley Helms-Burton, contra lista de compañías cubanas sancionadas arbitrariamente por el gob. de Trump”, publicó el ministro de Exteriores en su cuenta de Twitter.
Su tuit responde al comunicado del secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, que horas antes anunció que mantendrá suspendido durante un mes más el título III de la ley Helms-Burton.
Rechazo enérgicamente anuncio del Dpto. de Estado #EEUU de autorizar demandas, bajo Título III de la Ley Helms-Burton, contra lista de compañías cubanas sancionadas arbitrariamente por el gob. de Trump. Prórroga 30 días en el resto de los casos es inaceptable amenaza vs. el mundo
— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) March 4, 2019
El título III, que permitiría a los cubano-estadounidenses reclamar ante cortes de EE.UU. sus propiedades que fueron nacionalizadas tras la Revolución de 1959, nunca se ha aplicado desde su promulgación hace 23 años, ya que generaría una compleja maraña de litigios internacionales con empresas de diversos países que operan en Cuba.
Tras semanas amenazando con activar esta disposición, el gobierno de Donald Trump anunció este lunes que finalmente prorrogará su suspensión, aunque con una salvedad: sí podrán interponerse demandas contra aquellas compañías incluidas en una “lista negra”.
En ese listado figuran entidades “bajo el control” de la inteligencia cubana, de las Fuerzas Armadas o efectivos de seguridad, así como el personal con “transacciones financieras directas” que podrían dañar al pueblo cubano, según el Departamento de Estado.
No obstante, en caso de que propiedades de entidades sancionadas se gestionen en régimen de empresa mixta por corporaciones extranjeras, como el grupo español Meliá, las denuncias solo podrán interponerse contra la parte cubana incluida en esa “lista negra”; pero no contra las compañías europeas que participan en esa sociedad, según detalló a la prensa una alta funcionaria estadounidense.
En un estudio publicado en 1996, el Departamento de Estado estimó que la activación del título III permitiría que se interpusieran entre 75,000 y 200,000 demandas ante cortes de EE.UU.; pero como la decisión de hoy tiene un alcance más limitado, el número de denuncias será mucho menor.
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En opinión del profesor William LeoGrande, de la American University de Washington, se trata “en gran medida de un gesto simbólico”, ya que las compañías cubanas se negarán a pagar indemnizaciones y EE.UU. no tiene poder para hacerles cumplir una eventual sentencia en su contra.
“Dudo mucho que los cubano-estadounidenses vayan a pagar el dinero para la demanda y vayan a reunir toda la documentación necesaria para probar su caso, cuando hay pocas probabilidades de cobrar una indemnización”, dijo LeoGrande a Efe.
Por otra parte, la prórroga de la suspensión del título III en el resto de los casos, principalmente empresas extranjeras que operan en Cuba, será solo por 30 días más –hasta ahora eran plazos renovables de seis meses–, lo que según el canciller cubano es una “inaceptable amenaza contra el mundo”.
La nueva suspensión decretada este lunes es de 30 días y expirará el día 17 de abril, según el comunicado del Departamento de Estado en Washington.
Rodríguez dijo que la medida es “un acto hostil e irresponsable” del gobierno estadounidense, que busca “asfixiar la economía cubana” y que “tiene oposición en el mundo y en el propio EE.UU.”
Además, afirmó que su gobierno reitera a sus socios económicos “todas las garantías para la inversión extranjera y los proyectos conjuntos”, con el respaldo de “las leyes cubanas, el Derecho Internacional y las leyes de sus propios países”.
#Cuba reitera a sus socios económicos y a las empresas extranjeras que operan en el país todas las garantías para la inversión extranjera y los proyectos conjuntos. Tienen como respaldo las leyes cubanas, el Derecho Internacional y las leyes de sus propios países.
— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) March 4, 2019
Cuando el título III se aprobó en 1996, el bloque europeo y otros países con intereses empresariales en la Isla se opusieron ferozmente porque temían que sus compañías fueran demandadas en EE.UU. y, por ello, la Unión Europea (UE) denunció a Washington ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La batalla concluyó con el compromiso de EE.UU. de mantener la norma suspendida a cambio de la retirada de la querella.
Exiliados cubanos de clase alta, muchos de los cuales ahora son ciudadanos de EE.UU., han reclamado durante mucho tiempo la activación del título III para recuperar las fortunas que les fueron expropiadas tras la Revolución cubana y por las que nunca fueron compensados debido a las tensiones políticas bilaterales de la época.
EFE / OnCuba