Carlos Fernández de Cossío, el nuevo director general de Estados Unidos de la cancillería cubana, ofreció una conferencia de prensa en la que reiteró que la decisión de ese país de mantener indefinidamente la reducción del personal de su embajada en la Isla tiene motivaciones de carácter político.
“El Departamento de Estado ha renovado, además, el uso del término ataques, cuando conoce con total seguridad que no ha habido ataques ni ha habido acto deliberado alguno contra sus diplomáticos en Cuba. Es un término cuyo uso entraña mala intención y no se corresponde con el vocabulario ni el contenido de los intercambios oficiales”, señaló el funcionario.
Estados Unidos retiró a la mayor parte de su personal diplomático en Cuba a finales de septiembre de 2017 por considerar que no puede garantizar la seguridad de su personal en la Isla, debido a los supuestos ataque acústicos que sufrió parte de su personal en la Isla.
Cossío afirmó que esa medida carece de relación alguna con la seguridad de los funcionarios norteamericanos en La Habana y reiteró que no existen evidencias sobre dichos ataques y calificó como un nuevo acto hostil y difamatorio la renovación de la alerta del Departamento de Estado que aconseja a los estadounidenses reconsiderar visitas a Cuba.
El funcionario insistió en que esta medida unilateral de EE.UU. afecta a las familias y los ciudadanos comunes de Cuba.
“Estados Unidos ha impuesto así un castigo financiero a decenas de miles de personas, además de angustia e inseguridad en las relaciones de ellas con sus familiares y allegados. Es una medida con un costo humanitario del cual es responsable el gobierno de Estados Unidos”.
Los cubanos se quejaron en las semanas pasadas por el costo adicional que incluye pasajes a Bogotá, alojamiento por 10 días, alimentación y transporte a fin de llegar a sus citas para visas a Estados Unidos, adonde viven familiares y amigos.
Otra de las consecuencias del retiro de los funcionarios estadounidenses será el incumplimiento en la entrega de 20,000 visas anuales para emigrantes que Washington se comprometió a dar a ciudadanos cubanos, luego de la última crisis migratoria llamada de “los balseros”. Los acuerdos bilaterales fueron firmados en 1994 y 1995.
“Cuba ha trasladado oficialmente su preocupación al gobierno de Estados Unidos”, reconoció Fernández de Cossio sobre el eventual incumplimiento para este año fiscal 2018 de la entrega en los documentos de viaje. “Es cierto que es una obligación dentro de los acuerdos migratorios y es cierto que afecta la vida de muchas personas. Es una responsabilidad de los Estados Unidos y les corresponde a ellos responder cómo van a cumplir con este compromiso”.
La Habana y Washington restablecieron sus embajadas y relaciones diplomáticas en diciembre de 2014 luego de cinco décadas de interrupción. El gobierno del expresidente Barack Obama consideró que la política de aislamiento a Cuba a fin de cambiar su modelo político no había rendido fruto, pero su sucesor Donald Trump volvió a imponer medidas restrictivas.
Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado, dijo que la denuncia del gobierno de la isla era “ridícula”.
“Recordémosle a Cuba: la Convención de Viena los obliga a proteger a nuestros diplomáticos. Es muy grave que 24 de nuestros colegas del gobierno federal sufrieran ataques a su salud, algunos de ellos con síntomas graves y persistentes. El secretario (de Estado Rex) Tillerson tenía que proteger a su personal limitando nuestra labor en la embajada de Estados Unidos en La Habana a servicios de emergencia”, declaró.
“Mientras nuestra investigación está en curso, en lugar de encontrar excusas, Cuba debería enfocarse en ayudar a localizar quién o qué es responsable del daño causado a los ciudadanos estadounidenses”, añadió Nauert.
AP / OnCuba