La activación plena de la Ley Helms-Burton por el gobierno de Donald Trump, con la entrada en vigor de su Título III en abril pasado, pudiera golpear la mesa de los cubanos más de lo imaginado.
Más allá de disuadir a futuros inversores y poner a pensar a los ya asentados en Cuba, la posibilidad de que ciudadanos estadounidenses y cubano-americanos demanden a compañías que se beneficien de terrenos o inmuebles que fueron nacionalizados tras la Revolución de 1959, también podría afectar las ventas de alimentos de EE.UU. a la Isla, de acuerdo con fuentes citadas por la agencia Reuters.
Desde 2001, una excepción del embargo comercial de Washington ha permitido que agricultores estadounidenses hayan vendido a Cuba pollo, maíz, soya y otros productos por cerca de 6,000 millones de dólares, una cifra nada despreciable. De los 2,000 millones que La Habana gasta en productos agrícolas al año, unos 150 millones se destinan a las compras en el país del norte, según datos de la American Farm Bureau Federation publicados por BBC.
No obstante, las regulaciones de EE.UU. obligan a Cuba a pagar en efectivo, lo que limita las importaciones de la Isla y, con ello, las ganancias de los vendedores.
Bajo el sistema actual, explica Reuters, un exportador estadounidense contrata ventas de alimentos con Alimport –el importador estatal de Cuba–, que luego emite una carta de crédito de un banco de un tercer país. Cuando el vendedor recibe el pago a través del banco, entrega entonces los alimentos a Alimport.
Un banquero, que pidió el anonimato, dijo a la agencia británica que los abogados de las instituciones financieras “desconfiaban cada vez más” de aprobar transacciones a Cuba, incluso si sus clientes no estaban infringiendo las sanciones.
Como garantía, algunos bancos han solicitado ver títulos de propiedad de los puertos cubanos antes de financiar proyectos con la Isla, de acuerdo con un diplomático europeo del que tampoco se revela el nombre.
Otras fuentes anónimas confirmaron que el Banco Nacional de Canadá –que facilita gran parte del comercio de alimentos entre Estados Unidos y Cuba– “está preocupado” por posibles demandas en su contra si los barcos con los productos estadounidenses son descargados en puertos que se hallan en propiedades nacionalizadas.
Según estas fuentes, que Reuters identifica como hombres de negocios occidentales, el banco canadiense “quiere asegurarse de que cuando se entreguen los alimentos de los Estados Unidos Cuba, el área del puerto no sea propiedad nacionalizada”.
Por un motivo parecido –atracar en los puertos de La Habana y Santiago, en propiedades reclamadas por dos familias estadounidenses– ya está siendo demandada la compañía de cruceros Carnival.
Y aunque un portavoz del Banco Nacional de Canadá dijo en un correo electrónico que las preocupaciones de que no entregaría más cartas de crédito a agricultores estadounidenses “eran inexactas”, la incertidumbre parece justificada.
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Diplomáticos, abogados y empresarios consultados por Reuters aseguran que el gobierno cubano no ha accedido a proporcionar escrituras de propiedades previas a las nacionalizaciones de los años 60, amparado en que estas “se llevaron a cabo de acuerdo con las leyes internacionales y cubanas”.
La Habana explica que sí ofreció una compensación a algunos cubanos y a los empresarios de los demás países, excepto a los de Estados Unidos, cuyo gobierno en lugar de negociar aplicó un embargo.
Ante este panorama, los agricultores estadounidenses parecen estar bajo fuego cruzado y, ante la creciente hostilidad de la Casa Blanca hacia Cuba –ahora con el argumento de que La Habana sostiene al gobierno de Nicolás Maduro– depositan sus esperanzas en el Congreso.
“Los crecientes desafíos de obtener cartas de crédito para exportar alimentos a Cuba son un fuerte indicador de que el Congreso debe actuar para proteger el comercio agrícola del Título III”, aseguró a Reuters Paul Johnson, presidente de la Coalición de Agricultura de Estados Unidos para Cuba.
A pesar de que en los últimos años se han presentado varios proyectos legislativos para facilitar los intercambios, estas iniciativas no han tenido éxito. El propio presidente Trump ha dicho que vetaría cualquier ley que elimine o suavice el embargo a Cuba.
Por otro lado, Alimport dijo recientemente a algunos exportadores estadounidenses de alimentos que los contratos pendientes debían cumplirse “antes del 27 de mayo” –o sea, ya se cumplieron– y no les solicitó nuevos envíos como lo hace normalmente, sin dar ninguna explicación. Reuters asegura que “autoridades cubanas no respondieron una solicitud de comentarios” al respecto.
Mientras, las colas para comprar alimentos crecen azuzadas por el fantasma de un nuevo “Período Especial” y las autoridades cubanas aumentan el control sobre un grupo de productos de alta demanda, entre ellos el pollo, las salchichas y los huevos.
La ministra del Comercio Interior, Betsy Díaz, explicó que las medidas de racionamiento responden a una coyuntura financiera “muy compleja” y pretenden garantizar una distribución “justa y racional” de los productos y “evitar el acaparamiento”.
En opinión del profesor William LeoGrande, citado por Reuters, el gobierno cubano “entiende que el descontento sobre la economía es su mayor vulnerabilidad política” y por ello “hará todo lo posible para mantener el suministro de bienes básicos”.
Sin embargo, más racionamiento y control no bastan para eliminar las consecuencias de los males de fondo que han lastrado durante años la economía cubana. Como tampoco las recientes medidas de Washington son, a pesar de la insistencia en ellas dentro del discurso gubernamental cubano, las únicas responsables de la tensa situación actual.
La crisis en Venezuela, principal aliado económico y político de Cuba y cuyos envíos de combustible se han venido recortando drásticamente, es una variable clave en esta difícil ecuación. Pero también la disminución de los ingresos por exportaciones, la imposibilidad de captar toda la inversión extranjera necesaria y la crónica ineficiencia interna, combinación que afecta la disponibilidad de divisas e implica mayores restricciones a la hora de importar.
Cuba importa entre el 60 y el 70 % de sus alimentos, según datos oficiales. Y el escuálido crecimiento económico pronosticado está en duda, tras los pronunciamientos del liderazgo cubano sobre el agravamiento de la situación en los “próximos meses”.
La reducción de las ventas de los agricultores estadounidenses como consecuencia indirecta de la Ley Helms-Burton sería entonces otro cubo de agua fría para la golpeada economía de la Isla y, sobre todo, para la mesa de los cubanos.