Un segundo juez federal en Miami ha rechazado un pedido de la naviera Carnival en el sentido de que se desestimara una demanda que la acusa de “traficar” con propiedades nacionalizadas en los inicios de la Revolución Cubana.
Carnival había pedido a la juez Beth Bloom que rechazara la demanda interpuesta por los herederos de Havana Docks Corporation, antiguos dueños de los actuales muelles Sierra Maestra, en el puerto de La Habana, porque no sostiene con argumentos suficientemente sólidos que la propiedad en cuestión le pertenecía, y no al gobierno cubano, al momento de la nacionalización.
La decisión de la juez se da un día después que Havana Docks amplió el número de demandas contra empresas navieras que efectuaron rutas de cruceros a la isla hasta recientemente. Además de Carnival, ahora las demandas se han ampliado a Msc Cruises, Royal Caribbean y Norwegian Cruise Line. Al mismo tiempo, otro demandante contra las navieras, Javier García-Bengochea también sumó las dos últimas navieras a otra demanda también contra Carnival, y que vio el lunes el juez James Lawrence King rechazar un pedido de desestimación por parte de la línea de cruceros.
En una opinión de 9 páginas la juez Bloom afirma que basada en el Ley Helms-Burton, en el marco de la cual fueron interpuestas las demandas, el tribunal afirma que es valido el argumento de Havana Docks de que la citada ley permite aplicar una excepción a los viajes autorizados. El centro de la cuestión planteada por Havana Docks es si el hecho de que el Departamento del Tesoro diera permiso para la realización de los cruceros contradice la prohibición de estadounidenses viajar a la isla en calidad de turistas.
La juez sostiene que no. “Los demandantes no están obligados a negar una defensa afirmativa en su queja”, dijo. De hecho, “esta cuestión le corresponde a Carnival y el demandante no está obligado a establecerla”. Aún así, “aunque es posible que las actividades de Carnival se incluyen dentro de la materia del caso, ese argumento no es válido a esta altura del proceso”.
La cuestión es que Carnival sostuvo que al estar autorizada por el Departamento del Tesoro a realizar los cruceros no se aplica el término de ‘traficar’ con propiedades nacionalizadas ya que de todos modos debiera usar esas propiedades para llevar a cabos esas actividades. O sea, de todos modos necesitaría usar el puerto.
Pero la juez matiza: “El lenguaje de la (Helms-Burton) dice claramente que toda persona que trafica con propiedad confiscada por el gobierno cubano puede ser demandada en Estados Unidos. De hecho el lenguaje de la ley ni siquiera precisa que ese tráfico pueda ocurrir aunque una parte tenga o no un interés financiero en la propiedad”. Lo que quiere decir que Havana Docks no necesitaba estar en posesión de la administración de la propiedad para que el “tráfico” ocurra.
Este último argumento de la juez es capital para Havana Docks porque Carnival sostuvo en la respuesta inicial a la demanda que el contrato de arrendamiento de los muelles habanero expiró antes de la nacionalización.
Las cinco demandas nuevas
El miércoles, aparecieron en los archivos del tribunal los textos de cinco nuevas demandas. Estas son constituyen una especie de complemento de las dos anteriores, que abrieron el proceso. La de García-Bengochea por la nacionalización de propiedades en Santiago de Cuba y la firma familiar La Marítima y su terminal naviera, y la de Havana Docks por el muelle Sierra Maestra, últimamente conocido como el muelle de los cruceros.
Las cinco nuevas demandas son iguales y esgrimen los mismos argumentos de las dos primeras, que las compañías navieras usaron las instalaciones en disputa para operar sus cruceros a Cuba y piden a los tribunales que decidan una compensación “justa” y el pago de todos los gastos, de tribunal y abogados, por parte de los acusados.
Llegados a este punto, las decisiones tomadas hasta ahora por los jueces colocan en franca desventaja a las empresas navieras. Tanto que el director del US-Cuba Trade and Economic Council, John Kavulich, se pregunta si no ha llegado el momento para que las empresas comiencen a negociar un acuerdo fuera del tribunal con los demandantes.
“Teniendo en cuenta la decisión contra Carnival y las razones alegadas por el juez King y la gran posibilidad de que otros jueces sigan esa línea, diría que los demandantes tienen razones para estar optimistas de que van a ganar y los demandados mejor comenzarían a considerar discutir entre ellos una forma de llegar a un acuerdo fuera del tribunal”, afirmó en una conversación con OnCuba.
Es que los términos de las dos decisiones de los jueces, a su vez, representan una oportunidad única para los demandantes para colocar aún más contra la pared a las navieras. “Esta decisión (Kavulich se refería a la del juez Lawrence King que después fue seguida por la juez Bloom) permite a los abogados de los demandantes tener acceso a buscar más información, poder consultar todos los libros e informes internos y a ninguna empresa le gusta eso”, apuntó. Es lo que en lenguaje jurídico se llama el discovery, un permiso para consultar todo lo que se estime que es relevante para un proceso y no puede ser negado.
Es más, si los jueces determinan que las navieras estaban realizando viajes de turismo el asunto empeora más aún. “Los cruceros van argumentar que tenían una licencia del Departamento de Tesoro para ir a Cuba. Pero eso no significa que (el turismo) sea legal, de hecho sigue siendo ilegal”, puntualizó Kavulich.
Por eso, a partir de ahora “el debate va a ser de ley versus hechos. Qué dice la ley y qué dicen los hechos”.