Mañana jueves volverán a reunirse en Washington las delegaciones de diálogo de Estados Unidos y Cuba, por tercera vez desde que en diciembre pasado ambos gobiernos anunciaran su intención de restablecimiento de relaciones diplomáticas y el camino hacia la normalización.
De la agenda prevista, explícita o implícita, tras el 17D, el tema de la apertura de embajadas sigue siendo el más inmediato, a pesar de que, tras cinco meses, de lo más relevante alcanzado en la práctica es la propuesta de sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Aunque es muy poco probable que surja un imprevisto, el Congreso todavía tiene hasta el 29 de mayo para vetar la medida. Hasta esa fecha no se hará efectiva. Y esa es, a todas luces, la primera condición, indispensable, para que las sedes diplomáticas se establezcan en ambas orillas. Pero no es ese ahora el problema principal.
Las delegaciones que lideran Josefina Vidal y Roberta Jacobson tendrán que hablar sobre otros dos asuntos que también obstaculizan por el momento que ambos países desplieguen representaciones diplomáticas plenas: en primer lugar el logro de una solución para la gestión financiera de la sede cubana en Estados Unidos, que quedó sin servicios bancarios desde noviembre de 2013; y en segundo lugar, los términos de la movilidad y actuación de los funcionarios diplomáticos en ambos territorios, sus prerrogativas y su marco regulatorio.
El primer tema solo podrá saldarse si el gobierno de Estados Unidos y sus agencias de operacionalización del bloqueo, como OFAC, ofrecen garantías a alguna firma bancaria de que no se aplicará la ley en su detrimento. Es decir, si pueden hacer un baypass, mirar para otro lado, establecer una excepción que luego, como todas, podría -como efecto colateral- estimular la imaginación de otros posibles beneficiados.
Ya se rumorea que esta solución estaría a punto de anunciarse, aunque hasta el momento no se conocecuál será la entidad bancaria ni en qué términos dará servicios financieros a la futura sede diplomática cubana en Washington, en la que, también se rumorea, será nombrado como embajador José Ramón Cabañas.
Tener un banco listo para operar, entre otras cosas, exoneraría de muchas dificultades actuales a la actividad consular de Cuba en Washington, bastante intensa y onerosa para quienes tramitan documentos.
Será además ofrecer un ejemplo para otras entidades financieras como Mastercard o Visa, a las que se les ha prometido una relación fluida con y en la isla, pero que todavía están acoquinadas: conocen que la madeja de regulaciones que penalizan los usos ilegalizados del dinero en Cuba podría eventualmente afectarlas.
Digamos que si un norteamericano viene a Cuba cumpliendo con los requisitos de las 12 categorías que lo amparan para viajar, en teoría y según lo propuesto por las medidas del 16 de enero, podría empezar a utilizar sus tarjetas de débito: “Instituciones financieras estadounidenses estarán autorizadas a enrolar clientes y procesar transacciones con tarjeta de crédito y débito para los viajes relacionados y otras operaciones autorizadas. Estas medidas mejorarán la velocidad y la eficiencia de los pagos autorizados entre Estados Unidos y Cuba.”
Pero si por el camino el viajero siente deseos de ir a Varadero a hospedarse y tomarse un mojito y algo más, no podrá esgrimir estas formas de pago; no podrá dejar rastro, so pena de que los bancos sean castigados porque su cliente violó la definición del bloqueo que impide el estatus de turista a los ciudadanos de Estados Unidos en Cuba.
El segundo tema que podría aparecer en la agenda de este jueves, y al cual se refirió enfáticamente el presidente Raúl Castro hace pocos días tras despedir al mandatario fránces François Hollande de visita en La Habana, es el de las formas reguladas de actuación de los diplomáticos norteamericanos en la isla.
El gobierno cubano insiste en que esa actividad debe ser estrictamente legal y no a la vieja usanza, cuando los funcionarios de Estados Unidos en La Habana actuaban abiertamente en labores de inteligencia y de estímulo a la subversión antigobierno.
Lo que falta no son las normas. Esas están provistas en la Carta de las Naciones Unidas y en las Convenciones de Viena. Lo que más se dificulta es conseguir, luego de más de 50 años de enfrentamientos, un clima de confianza y garantías mutuas.
También los diplomáticos norteamericanos señalan que sus pares cubanos deben atenerse a sus funciones legalmente reconocidas.
La confianza, se sabe, no se manda a hacer ni se compra hecha, hay que construirla paso a paso. Los dos países vienen siguiendo una secuencia de acciones que parecerían indicar un plan a mediano plazo donde ya muchas cosas están previstas. Y todo bajo la impronta de que el tiempo se acaba. La salida de Obama de la Casa Blanca en 2016 supone un deadline al que todos miran con cierto desasosiego.
En cinco meses no se ha logrado mucho, y se ha logrado un mundo. Solo hay que recordar el modo en que se trataron Raúl Castro y Obama en Panamá.
No hay por qué asumir que este tempo que llevan las negociaciones sea óptimo pero se puede apostar a que no debe haber vuelta atrás, y que los compromisos más generales están sellados. Tampoco hay que olvidar que estos dos gobiernos, de forma muy profesional, conversaron durante más de un año y medio sin que nos diéramos cuenta. (Algo dejaron caer, pero que salte el que pudo prever la magnitud del 17D).
El jueves veremos otra vez las caras de las dos mujeres en cuyo ánimo se traducen ahora las tensiones del drama Cuba-Estados Unidos. Ojalá se aproximen sonrientes, al menos como la cubana inició el primer encuentro en enero, espléndida. Ojalá se dispongan también, en serio, a hablar de la base naval de Guantánamo: cuentecilla pendiente de mucha envergadura que sería un gran gesto, uno de los que le ganaría a Washington en el pueblo cubano la mayor simpatía.