Desafortunadamente el ataque al capitolio por los partidarios de Trump, alentados por el incitador en jefe, no será la ultima barrabasada de una administración que Estados Unidos desespera para que termine. Trump insiste en causar tanto daño como sea posible a los intereses y valores de Estados Unidos. No solo sabotea una transición ordenada sino que insiste en torpedear el mandato del pueblo estadounidense a la administración entrante. El lunes, la administración Trump comenzó con la inclusión gratuita de Cuba en la lista de países terroristas, el martes Trump celebrará la supuesta conclusión del muro en la frontera con México (que por cierto México nunca pagó). Nadie sabe el precio que Estados Unidos tendrá que pagar por la próxima irresponsabilidad de Trump y sus sicofantes.
Pocos cómplices en ese desastre emulan con el secretario de Estado Mike Pompeo. En diciembre, Pompeo anunció que la transición presidencial en enero sería “al segundo periodo de la administración Trump”. El sueño de la coronación se le tornó en pesadilla. El 20 de enero de 2021, Pompeo saldrá de Foggy Botton como el último de los miembros del gabinete carente de la mínima vergüenza para renunciar. Después de la insurrección contra el Congreso, rama de la que él mismo formó parte, Pompeo trata de compensar su falta de coraje con una ráfaga de torpedos contra políticas anunciadas por el presidente y la vicepresidenta electa. Tanto Biden como Harris han aclarado que ven la política de los últimos años del presidente Obama como la más apropiada para actuar con la dignidad de una potencia democrática en la relación con Cuba y la interacción sobre Cuba con otros estados de la comunidad internacional.
La inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado es una distracción que intenta comprometer los recursos de Estados Unidos contra una amenaza que no existe. Tal irresponsabilidad tiene el efecto colateral de desacreditar un instrumento de política exterior norteamericana que podría ser útil para señalar ante la comunidad internacional a algunos estados por colaborar con el terrorismo. ¿Quién puede creer en la seriedad de esta lista cuando los argumentos para incluir a Cuba no pueden ser más pedestres?
Una inclusión que debilita la lucha antiterrorista
El “argumento” de que Cuba es aliada del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela para catalogar a Cuba como patrocinador del terrorismo carece de todo asidero. El gobierno de Maduro está sentado en las Naciones Unidas y lo más probable es que en los próximos meses sea reconocido de nuevo por la Unión Europea que ya ha categorizado a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional “saliente”. Si el Departamento de Estado quiere hacer una lista de países aliados de Venezuela puede empezar por Rusia, China y otros más. Si lo que quiere es una lista de países odiados por exiliados de derecha en el sur de la Florida, pues llámese por ese nombre. La política contra el terrorismo no es el espacio apropiado como terapia para descargar traumas.
El segundo pretexto de Pompeo para traer a Cuba de vuelta a la lista es que Cuba no extraditó a Colombia a diez líderes del Ejercito de Liberación Nacional (ELN) que estaban en la Habana como parte del diálogo entre esa guerrilla y el gobierno colombiano. Noruega, aliado de Estados Unidos en la OTAN, y co-acompañante con Cuba en las conversaciones de paz ha reiterado que las garantías de seguridad a los guerrilleros fueron parte del protocolo de negociación adoptado por los mediadores con el consentimiento del gobierno colombiano. No solo Cuba no ha cometido ni apoyado ningún acto de terrorismo internacional acorde a la base de datos sobre el tema colectado por el consorcio nacional para el estudio del terrorismo y respuestas al terrorismo (Start), Cuba contribuyó al proceso de paz en Colombia como ningún otro estado.
Si en lugar de bloquear a Cuba, la administración Trump hubiese continuado la política de interacción del presidente Obama, que incluyó la presencia de Bernie Aronson, ex subsecretario de Estado para Asuntos hemisféricos bajo el presidente Bush (1989-1993) como representante de EE.UU, quizás hoy, el dialogo auspiciado por Noruega entre gobierno y oposición venezolana hubiese avanzado con el apoyo de aliados de las partes en conflicto. Otro tanto podría decirse del diálogo entre el ELN y el gobierno colombiano que más temprano que tarde tendrá que ser reanudado como la vía óptima para desmovilizar esta guerrilla y los disidentes de las FARC que se mantienen en armas en el territorio colombiano.
El problema de las extradiciones entre Cuba y Estados Unidos
La tercera “razón” argumentada por Pompeo se refiere a que Cuba no ha extraditado a un grupo de perseguidos por los tribunales estadounidenses por acciones terroristas contra las autoridades norteamericanas. Como parte de la guerra fría, Cuba y Estados Unidos otorgaron refugio a personas que compartían sus posiciones políticas a tono con las visiones de aquel momento y los enfrentamientos de la época. Los gobiernos de Barack Obama y Raúl Castro decidieron mover la relación difícil entre los dos países a una fase más manejable que re-litigar disputas que tenían su origen en tiempos de la guerra fría. Dado el récord estadounidense de apoyo a posiciones y figuras impresentables del exilio cubano, no está en el interés estadounidense reabrir ese debate.
Habría que recordar que entre Cuba y Estados Unidos no está vigente el acuerdo de extradición firmado en 1904 porque Washington detuvo su aplicación en 1959 para proteger escapados de la revolución que estaban asociados con el régimen dictatorial de Fulgencio Batista. El acuerdo regulaba la extradición recíproca de violadores de las leyes de ambos países, excluyendo a aquellos en actividades políticas no violentas. Estados Unidos pudo haber dado asilo a partidarios del régimen derrotado pero devolver a Cuba a todos los implicados en delitos de sangre o violentos contra la revolución instalada. No lo hizo antes de 1960, y después tomó como su responsabilidad la tarea de aupar el sabotaje, el terrorismo y hasta la organización de una invasión de exiliados contra Cuba bajo su directo mando y supervisión.
A lo largo de más de seis décadas, EE.UU ha conferido asilo político a centenares de individuos envueltos en actividades violentas contra Cuba o incluso en los propios Estados Unidos, calificadas por su propio departamento de justicia como terrorismo. Bajo diferentes administraciones norteamericanas, criminales como Orlando Bosch y Luis Posada Carriles no fueron ni extraditados a Cuba, Venezuela o Italia, país de la victima de uno de los ataques reivindicados en autoría por este último, ni juzgados en EE.UU como dictan varias convenciones contra el terrorismo de las que Estados Unidos es signatario. Bosch y Posada fueron los autores de la explosión en pleno vuelo en Barbados de un avión de Cubana de Aviación. Los documentos clasificados demuestran que aunque Estados Unidos no planificó este ataque, elementos de su planeación fueron de conocimiento de la administración Ford sin que esta los comunicase al gobierno cubano.
Repasando escenarios para un acuerdo de extradición entre Cuba y EE.UU.
Entre las personas demandadas por Estados Unidos destaca el caso prominente de Asata Shakur, a quien se le acusa de estar envuelta en la muerte del policía Werner Foerster en Nueva Jersey como parte de su militancia en el Black Liberation Army. Todos los pedidos de extradición de Estados Unidos existían antes de la salida de Cuba de la lista del departamento de Estado en mayo de 2015 y la reanudación de relaciones diplomáticas entre la Habana y Washington. Desde 2010, en varios reportes sobre la inclusión de Cuba en la lista antes de su salida no se mencionaba a Shakur, ni otros casos. Políticos prominentes del caucus afroamericano en el congreso como la congresista Maxine Waters (D-CA) habían dirigido cartas al gobierno cubano y a las autoridades norteamericanas denunciando la prominencia del caso como una vendetta política que olvidaba el contexto de los grupos por los derechos civiles de los afroamericanos en décadas pasadas y las acciones ilegales desde el gobierno contra los mismos como el proyecto Cointelpro.
Cualquiera que sea la opinión sobre el caso Shakur u otros, la cuestión importante a resolver es si sirve a los objetivos de la lucha antiterrorista que Estados Unidos, con su propia historia de otorgar refugio a Bosch, Posada y otros, de conjunto con el acoso a líderes del movimiento de derechos civiles, reviva ese tema. Cuba ha cooperado, incluso bajo la administración Trump, en devolver a Estados Unidos a violadores de las leyes norteamericanas, aún sin existir un acuerdo de extradición entre los dos países.
Mal diagnóstico, mala política
El acto irresponsable de Pompeo brinda al nuevo secretario de estado de la administración Biden el fácil recurso de desmontar, sin contemplaciones, el intento de torcer la imagen oficial de Cuba en los Estados Unidos. Los daños potenciales de la designación a la política enunciada por Biden y Harris hacia Cuba son notables. Un diagnóstico, que mira a Cuba como una amenaza a la seguridad de EE.UU que no es, distrae de un enfoque realista que mire a la Isla como un país en medio de una importante transición económica y de liderazgo con grandes consecuencias tanto para su futuro como oportunidades para un nuevo comienzo con Estados Unidos.
Raúl Castro se retira de su posición cimera en el Partido Comunista y el liderazgo cubano pasa a una nueva generación, implementando una difícil reforma económica con ajuste con potenciales efectos migratorios para Estados Unidos. ¿Qué sentido tiene afrontar esa realidad compleja a partir de un diagnóstico falso sobre terroristas atacando a EE.UU desde Cuba que solo existe en las conspiraciones y fantasías de Trump, Pompeo y sus cómplices?
Tratar a Cuba como país patrocinador del terrorismo abre de nuevo los tribunales de Estados Unidos, particularmente los del sur de la Florida, a juicios oportunistas en los que abogados inescrupulosos usan la condición de inmunidad soberana limitada del estado designado para obtener jugosas ganancias en procesos legales a los que Cuba no se presenta. Esos juicios producen fallos judiciales a favor de demandas millonarias contra Cuba que hacen intratable el difícil tema de las compensaciones entre Cuba y Estados Unidos. Hasta en el caso de Irán, varias administraciones norteamericanas han presentado argumentos a las cortes estadounidenses para pedir, por interés de política exterior, que no se conduzcan juicios que a la larga complicarían con resultados parcializados las posibilidades de un entendimiento entre los dos países.
Un efecto de esos juicios sería desacreditar a los Estados Unidos ante la población cubana. La administración Obama dejó —contra el criterio de los sectores más recalcitrantes dentro del aparato ideológico del PCC que emprendieron una campaña para presentar al primer presidente afroamericano como “un lobo con piel de oveja”— una imagen de frescura y apertura en la relación con Cuba mas allá de la historia de conflictos y desavenencias. Esa imagen de cambio en el que se puede creer contrasta con la postura imperial de Trump hacia Cuba y otros temas. La administración Biden no solo debe revivir la cancelación de las demandas bajo el capitulo III de la ley Helms-Burton sino también cerrar la posibilidad de esas caricaturas ofensivas al estado de derecho que son los juicios a Cuba con inmunidad soberana limitada por motivos de una denominación inmerecida de terrorismo.
Con un retorno rápido a un rumbo de acercamiento, Biden tiene la oportunidad de ratificar la separación entre un presidente como Trump enganchado a la ley Helms-Burton y los mejores valores de la democracia estadounidense representados por la mano abierta al dialogo que Obama tendió en la Habana en 2016. La población cubana conoce al dedillo todas las agresiones, la hipocresía y la falta de estándares de civilidad que caracterizó las políticas imperiales de guerra sucia contra Cuba. El designar gratuitamente a Cuba como país patrocinador del terrorismo revive en la memoria de muchos cubanos la operación Northwoods, cuando la junta de jefes de estados mayores de las fuerzas armadas norteamericanas bajo el mando del general Lyman Lemnitzer propuso actos terroristas de falsa bandera en los que supuestos cubanos atacarían a EE.UU brindando un pretexto para invadir Cuba.
A pesar de todo eso, la imagen del primer presidente afrodescendiente y su decisión ultima de proponer un rumbo diferente hacia Cuba, le confirió a Estados Unidos y al partido demócrata una reserva de buena voluntad entre muchos cubanos. No hay nada más dañino al poder suave que la decepción. El equipo de Biden debería tenerlo en cuenta, siendo desde el principio, y con dramatismo, cambio, nunca continuidad con Trump. Los partidarios de Trump tratarán de crucificar a Biden por lo que haga, sea pequeño o grande. Para citar el propio dicho católico del presidente electo, “no tiene sentido inmolarse en una cruz pequeña”. El equipo entrante debe retornar en grande a la política enunciada por Obama en su orden presidencial de octubre de 2016.
Si la administración Biden quiere mandar un mensaje de enfrentamiento serio al terrorismo y su apuesta por el multilateralismo, sacar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo es un caso test. La idea de que Biden tiene prioridades distintas de Cuba en su agenda es un pretexto insostenible. El secretario de estado entrante, Anthony Blinken no debe otorgar impunidad a las trampas que Pompeo ha puesto en su camino. La nueva administración no le debe nada a los exiliados cubanos de derecha en la Florida, interesados en convertir la lista en un bate de béisbol para pegar a Cuba. Es una cuestión del elemental profesionalismo diplomático invocado por la administración entrante que el caso Cuba sea revisado con criterio técnico no-partidista: ¿Ha estado Cuba involucrada, después de su salida de la lista en 2015, en el patrocinio de alguna organización o acto terrorista? Si la respuesta es no, Cuba debe salir de la lista sin dilación.