El Título III de la Ley Helms-Burton, que permite a ciudadanos estadounidenses demandar a empresas que lucren con propiedades nacionalizadas en Cuba, cumple este sábado su primer año de vigencia sin una avalancha de demandas, pero con efectos negativos en la inversión extranjera en la Isla.
Amazon, Visa, BBVA, Mastercard, Barceló, Pernod, Meliá, Expedia, Iberostar, Accor, Royal Caribbean, NH Hoteles, Trivago y MSC son algunas de las más de medio centenar de compañías inicialmente demandadas, aunque algunas de ellas han quedado después excluidas por diversas razones.
Hasta ahora solo se han presentado 25 demandas al amparo del Título III contra 51 empresas, algunas de ellas incluidas en varias acciones judiciales, de las cuales un 45,4 % son estadounidenses y el resto de diez diferentes países, incluida Cuba.
Un 11,3 % de las demandas son a empresas de países de la Unión Europea y entre ellas las españolas son las más numerosas.
Estas cifras son del Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba, una entidad privada que ha recopilado toda la información del primer año de vigencia.
En un artículo con motivo del aniversario, el Consejo se pregunta si la decisión del presidente Donald Trump de activar el Título III ha sido un éxito “judicial o político”, pero no duda en decir que su efecto en Cuba ha sido “corrosivo”.
El Título tercero de la Helms-Burton promulgada en 1996 por Bill Clinton, estuvo en suspenso hasta 2019, porque los sucesivos presidentes optaron por no tener problemas con terceros países.
Sin embargo, Trump decidió poner esa parte de la ley Helms-Burton al servicio de su política de mano dura hacia la Isla y así el Título III entró en vigor el 2 de mayo de 2019.
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La decisión fue recibida con júbilo por la mayoría de los grupos opositores y del exilio cubano, pero el eco en los tribunales no ha sido tan grande como se esperaba en este primer año.
Cuando el Título III entró en vigor se temía una avalancha de demandas, pues incluso antes de su activación había casi 6.000 reclamaciones certificadas por el Gobierno de EE.UU. de ciudadanos estadounidenses que habían perdido propiedades en Cuba a raíz de las nacionalizaciones hechas por el gobierno de la Isla tras la revolución comandada por Fidel Castro.
No obstante, el alto costo de entablar demandas tanto por costas judiciales como por abogados puede haber echado para atrás a muchos de los que podrían acogerse al Título III, que como primer requisito deben ser ciudadanos estadounidenses.
El Consejo Económico-Comercial calcula que las demandas presentadas hasta ahora han significado más de cuatro millones de horas de trabajo que las firmas de abogados han cargado a sus clientes, un 85 % de ellas a los demandados.
De las 5.913 reclamaciones certificadas por bienes expropiados en Cuba por un valor de 1.900 millones de dólares, que con los intereses desde hace más de 60 años se elevaría a más de 8.500 millones, según la entidad privada, solo un 15 % ha dado lugar a una demanda hasta ahora.
De las 25 demandas presentadas, 9 provienen de ese grupo y las restantes 16 de reclamaciones no certificadas.
La empresa de cruceros Carnival fue la primera demandada, el mismo 2 de mayo de 2019, por el uso de instalaciones portuarias en Cuba que fueron nacionalizadas después de la revolución de 1959.
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“Algo muy decepcionante para la Administración Trump” es que las demandas contra compañías estatales de Cuba, que fueron inicialmente cinco, se han quedado en solo dos (un 4,5 % del total), dice el Consejo Económico-Comercial Cuba-EE.UU.
Aun así, la entidad que dirige John Kavulich cree que la activación del Título III sí ha sido “corrosiva” para Cuba, porque ha hecho que compañías extranjeras “congelen o abandonen” sus intereses en ese país para no verse envueltas en demandas.
Y su influencia todavía puede ser mayor, pues, según la entidad, las firmas de abogados están “recomendando a sus clientes que aguarden a ver cómo se resuelven algunas o todas las 25 demandas antes de poner el foco en Cuba. Las instituciones financieras han eliminado o reducido su exposición”.
El Consejo augura, además, que de aquí a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en EE.UU. va a haber “más medidas punitivas” contra Cuba, “particularmente si Nicolás Maduro sigue en el poder en Venezuela”, argumento usado por la Administración Trump para sancionar a la Isla en los últimos meses.
EFE / OnCuba