Aborto en Cuba: un derecho a blindar (II)

La práctica del aborto en Cuba es legal y se encuentra institucionalizada hace ya más de cinco décadas. Así aparece establecido en regulaciones y protocolos del Ministerio de Salud Pública (Minsap), entre ellos el reglamento asociado a la actual Ley de Salud, vigente desde 1983. Gracias a ello y a otros factores históricos, sociales y culturales de más larga data en el país que tampoco se pueden desconocer, la percepción colectiva sobre la interrupción voluntaria del embarazo en la Isla puede considerarse como mayoritariamente positiva, si bien no han faltado cuestionamientos y resistencias por parte de sectores conservadores y religiosos, que han venido ganando visibilidad e influencia al calor de los debates públicos acerca de la Constitución y el nuevo Código de las Familias, y que han disputado con fuerza derechos incluidos en su redacción.

En este escenario, tal como subrayamos en un primer acercamiento sobre el tema, las autoridades cubanas han asegurado que pretenden dar un paso adelante y blindar el derecho al aborto voluntario en una nueva legislación, luego de años sin cambios en este sentido y en medio de un contexto internacional —y, en particular, en el continente americano— signado por avances y retrocesos legales, y por acaloradas controversias entre partidarios y detractores de este procedimiento. Así lo confirmó recientemente el propio titular del sector, Dr. José Ángel Portal Miranda, en una conferencia de prensa ante medios acreditados, en la que recalcó que esta decisión busca hacer frente al “avance de fundamentalismos y conservadurismos que están poniendo en riesgo en el mundo y en la región una conquista fundamental de la salud de las mujeres”.

En su intervención, el ministro también resaltó las políticas y estrategias aplicadas desde la década de 1960 con el objetivo de facilitar a las mujeres cubanas el acceso seguro y gratuito a esta práctica en instituciones sanitarias de la Isla, como una manera de respaldar “la autonomía corporal, la vida y la salud de las mujeres”, y evitar la ocurrencia de muertes maternas debido a procedimientos riesgosos e inseguros. Todo ello, dijo, como parte del acompañamiento institucional a una planificación familiar “consciente”, en la que el aborto se asuma “como última instancia ante un embarazo no deseado” y no como “un método anticonceptivo en sí mismo”. No obstante, reconoció que lo establecido sobre el tema “es perfectible de mejorarse” y que, aun con los planes aplicados y la “discreta tendencia” a la disminución de estos procedimientos en los últimos años, el volumen de abortos voluntarios en el país sigue siendo elevado y las autoridades tienen el propósito de disminuirlo “al mínimo imprescindible”.

Con las declaraciones de Portal Miranda como antecedente, y atendiendo al contexto actual sobre el tema y otros aspectos asociados en la Isla, conversamos con la investigadora y activista Ailynn Torres Santana, doctora en Ciencias Sociales y columnista de OnCuba, quien nos ofrece sus valoraciones sobre el devenir y el escenario actual del aborto voluntario en la nación caribeña, y profundiza en el tema del necesario respaldo legal a este derecho de las mujeres cubanas.

¿Cuáles son, a su juicio, los aciertos y desaciertos de las políticas gubernamentales e institucionales implementadas en Cuba en las últimas décadas en lo relacionado con el aborto voluntario?

El acierto principal es asegurar un aborto seguro, libre y gratuito, así como institucionalizarlo de manera general y asegurar este derecho a las mujeres. Lo segundo es tratarlo como un asunto de Salud Pública, que es algo de gran importancia porque permite el desmarque también de la regulación del contenido de los abortos como un asunto moral o de otra índole. Eso me parece un logro relevante que, no obstante, no escapa a desafíos e insuficiencias. Esto sucede, por ejemplo, en el caso de la cobertura anticoncepcional, un aspecto en el que Cuba está por encima de otros países, de la región y del llamado sur global, y eso es clave porque no puede pensarse en el aborto sin pensarse a la vez en el acceso a anticonceptivos, como tampoco puede pensarse sin la garantía de otros derechos sexuales y reproductivos.

Entonces, en cuanto a la cobertura anticoncepcional en Cuba, esta aumentó muchísimo a lo largo de las últimas décadas, pero aun así resulta insuficiente y en los últimos tiempos ha sido más insuficiente aún. Hay falta de acceso a anticonceptivos de distinta índole y especialmente a condones, y eso es un desacierto para las políticas de Salud Pública, un problema muy importante en relación con la salud sexual y reproductiva en general, el cual tiene un eje de vinculación obvio con el tema del aborto voluntario.

En relación a los desaciertos, yo diría que el procedimiento de la interrupción voluntaria de los embarazos no pocas veces implica también hechos o procesos de violencia ginecológica, que es un tema que se ha venido tratando en Cuba en los últimos tiempos, tanto por voces institucionales como por no institucionales, y que ha empezado a discutirse también dentro de las instituciones de salud, que es algo que me parece bueno, necesario, pero que tiene como contraparte que no se hayan actualizado los protocolos y procedimientos ginecobstétricos a la altura de las discusiones políticas y científicas que ha habido al respecto. Estos debates tienen que ver con salvaguardar la salud integral de las pacientes, tanto física como psicológica, porque muchas veces al someterse a estos procedimientos las mujeres se enfrentan a procesos de violencias en distintas instancias que pueden derivarse de la naturalización del procedimiento. A veces no se maneja el tema del aborto colocando a la paciente en el centro del proceso y pensándolo a este como un asunto de salud integral, en el que también deben tener en cuenta aspectos vinculados con la salud mental, por ejemplo.

Y para cerrar con los desaciertos e insuficiencias, está el tema de la necesidad de programas efectivos y amplios de Educación Sexual. En el país, si bien existen estos programas como parte de las políticas institucionales, los mismos resultan insuficientes en términos de calidad y también en términos de efectividad. Y ese es un problema. No por gusto la consigna feminista en torno a este tema se refiere a tres cosas que están estrechamente relacionadas: el aborto, la educación sexual y los anticonceptivos. Entonces, en esos tres campos podemos encontrar aciertos y desaciertos en Cuba.

¿Cuál ha sido, desde su perspectiva, el impacto social y cultural de las políticas sobre el aborto implementadas en el país, tanto para las mujeres como para la sociedad en su conjunto?

Una cosa importante a tener en cuenta es que la norma social en relación al aborto en Cuba cambió drásticamente, por supuesto, después de 1965, cuando esta práctica se institucionaliza, pero ya era dable a una mayor aceptación y legitimación a lo largo del siglo XX, porque sabemos que desde 1936 había una interpretación flexible en el país de las normas relacionadas con el aborto y, de hecho, muchas mujeres de otros países, incluidos los Estados Unidos, venían a Cuba a hacerse abortos. Entonces, el hecho de que eso sucediera, de que desde mucho antes de la década de 1960 ya estuviera considerado de esa forma, pues resultó un terreno fértil para la mayor normalización y la mayor legitimidad que ha alcanzado en Cuba en términos de norma social.

Igual, si uno fuera a analizar el tema con mayor precisión, habría que atender a los distintos subperíodos, porque si bien la interrupción voluntaria de los embarazos se institucionaliza en los años 60, la regulación de ese procedimiento no ha sido siempre la misma. Ha habido períodos con más barreras burocráticas u otras situaciones y mediaciones para el acceso al servicio, con lo cual en líneas gruesas podríamos decir que ha habido una institucionalización que progresivamente normalizó esta práctica dentro de las normas sociales y también facilitó, dentro de las instituciones de Salud, el acceso al procedimiento, aunque haya diferencias en la manera en que eso se ha expresado a través del tiempo en los andamiajes institucionales.

Y en términos de los impactos sociales no solo tendríamos que pensar en las mujeres y en la sociedad en general, sino también, por ejemplo, en cuánto de legitimidad hay en las prácticas de interrupción voluntaria de los embarazos en particular para el ejercicio médico y para los profesionales de la salud. O sea, la normalización del aborto como una práctica legítima alcanza una gran parte de la sociedad cubana, a las mujeres, por supuesto, y también a otros grupos específicos que tienen un involucramiento particular en el tema, como el colegio médico y las instituciones de salud en general.

¿En Cuba puede hablarse en propiedad de aborto legal? ¿O solamente de aborto institucionalizado?

En Cuba el aborto está institucionalizado y está normado; es decir, está en normas. La más importante, digamos, es el reglamento de la ley de Salud Pública en su artículo 36, que habla de asegurar servicios de interrupción voluntaria de los embarazos. Y, además, está dentro de las guías metodológicas del Ministerio de Salud Pública. A la misma vez, el aborto no es ilegal, no está penalizado, con lo cual podríamos decir, según un canal de interpretación del derecho, que, si algo no es ilegal, porque no se establece normativamente como tal, entonces es legal. Sin embargo, una cosa distinta es decir que el aborto está en ley, porque el aborto no está en ley en Cuba. Está normado, pero no está en ninguna ley específicamente, porque la ley de Salud Pública no habla directamente del aborto, aunque sí lo hace el reglamento de esa ley.

¿Cómo compaginar el derecho al aborto voluntario con un escenario de baja natalidad como el que atraviesa Cuba?

Cuba es un país que se ha enfrentado al envejecimiento de su población desde hace ya varias décadas, eso no es una noticia nueva. Pero ese envejecimiento poblacional y el estímulo a la natalidad generalmente no se han expresado como una restricción a las políticas de interrupción voluntaria de los embarazos. El estímulo a la natalidad ha ido por otras vías, a través de normas relacionadas con el empleo, con los cuidados, pero directamente no ha implicado una restricción del servicio institucional del aborto.

Eso, no obstante, no quiere decir que no existan problemas en el acceso a los servicios de interrupción voluntaria de los embarazos. Investigaciones recientes han mostrado, por ejemplo, cómo personas que no viven en las cabeceras provinciales y municipales tienen dificultades para el acceso a estos servicios, porque, por ejemplo, no tienen transporte para llegar a las instituciones donde se realizan los procedimientos. Y también es conocida la existencia de manifestaciones de corrupción para agilizar el acceso y, siendo la interrupción de los embarazos un procedimiento que, además, tiene un tiempo específico —por lo que no da igual si te lo haces hoy a que si te lo haces dentro de un mes—, es fundamental que el acceso a ese servicio no implique solo que el mismo esté ahí disponible, sino que los canales a través de los cuales se llega al mismo y cada uno de los pasos que deben darse para finalmente terminar en la interrupción del embarazo pues sean realmente efectivos, viables, ágiles.

En general, en un contexto de baja natalidad y envejecimiento demográfico, las discusiones sobre estos temas deben ser independientes a las discusiones sobre el aborto. Por tanto, no deberían influir en estas, porque los derechos sexuales y reproductivos —y, específicamente dentro de ellos, el derecho a la interrupción voluntaria de los embarazos— deben estar asegurados en cualquier circunstancia: con alta natalidad o con baja, con un elevado envejecimiento poblacional o en un escenario diferente. O sea, ese es un derecho que las personas gestantes tenemos y que es independiente de los cursos demográficos y los procesos políticos de las naciones. 

Anteriormente se refirió a insuficiencias existentes en cuanto a la educación sexual en el país. En su opinión, ¿qué importancia tiene una política coherente y eficaz en este sentido en lo relacionado de manera particular con el aborto?

Una política de educación sexual integral, nacional, que atraviese los sistemas escolares, pero también las comunidades, los medios de comunicación, las instituciones de salud y otros actores sociales es algo absolutamente clave. Es probablemente uno de los campos más deficitarios que hay hoy en el tema de los derechos sexuales y reproductivos en Cuba. Por ello, es necesario que definitivamente se implemente de manera amplia y efectiva la estrategia integral de educación sexual en el país, que llegue con efectividad a todos los lugares, porque un problema extremadamente grave en Cuba relacionado con esto tiene que ver con el embarazo en la adolescencia.

Si bien hay bajas tasas de natalidad en el país, también hay altas tasas de fecundidad y natalidad en la adolescencia. Y ese es un problema serio. Y esas tasas son aún más altas en zonas rurales, entre adolescentes racializadas. Eso tiene que ver con dificultades y carencias en el acceso a la información sobre los derechos sexuales y reproductivos, sobre los métodos de anticoncepción, sobre las vías y procedimientos para la interrupción voluntaria de los embarazos, y sobre todo, problemas y déficits grandes relacionados con la educación sexual integral, que inciden en ese fenómeno.

¿Qué amenazas y riesgos considera que existen hoy en Cuba para el derecho al aborto voluntario? ¿Qué puede hacerse frente a estas amenazas?

Creo que la expansión de los conservadurismos religiosos y no religiosos, que es algo que se vio muy claro con la discusión sobre el matrimonio igualitario durante los debates sobre la Constitución, y también con ese y otros temas en los recientes debates sobre el Código de las Familias, es una amenaza obvia, porque, además, la cuestión sobre la interrupción voluntaria de los embarazos está agendada como un contenido dentro de esta agenda conservadora. Y es un error pensar que es solo un movimiento religioso; existe también una vertiente no religiosa, al menos en apariencia, de manera no explícita, en esas tendencias. Entonces, el avance de estos conservadurismos por una parte y, por otro lado, la influencia que están teniendo en el campo normativo y político cubano, pues los convierte en la amenaza más importante, porque, en efecto, esa influencia puede limitar derechos sexuales y reproductivos.

Hemos tenido noticias, por ejemplo, de grupos religiosos que han accedido a centros de salud cubanos, que han hecho su trabajo evangelizador dentro de centros de salud, que han intentado disuadir a mujeres de practicarse la interrupción voluntaria de los embarazos, que han incidido contra la implementación de la estrategia de educación sexual, con lo cual es muy evidente el impacto y la influencia que están teniendo, tanto en el campo institucional como en el no institucional. Por ello, con más razón hoy es necesaria una acción consciente, deliberada y sistemática de los distintos actores sociales, estatales y no estatales, para asegurar el ejercicio de derechos, para intervenir en las normas sociales, en las dinámicas sociales, en los imaginarios de representación, en los espacios de comunicación pública, para, en efecto, defender, los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, y, en particular en el caso del aborto voluntario, de las mujeres, de las personas gestantes. Es necesario enfrentar esas corrientes conservadoras y esas formas en que se están disputando los derechos sexuales y reproductivos, y la interrupción voluntaria de los embarazos en específico.

De acuerdo con el ministro de Salud Pública, las autoridades cubanas trabajan en una nueva ley de Salud en la que se pretende “blindar” el derecho al aborto en correspondencia con los derechos consagrados en la Constitución. ¿Qué opina al respecto? ¿Cree suficiente esta propuesta o le parece que un tema como el aborto debería tener una ley propia e independiente en Cuba?

Lo importante es que el aborto, como sucede con otros derechos sexuales y reproductivos, esté en ley y no se trata de un capricho. El hecho de que un contenido esté en ley es algo de suma importancia, porque el que sea así es una suerte de blindaje frente a los riesgos y amenazas que pueda tener, en este caso, frente a las influencias conservadoras y neoconservadoras, algunas que provienen del campo religioso, pero otras que provienen del campo no religioso, las cuales pueden disputar y, de hecho, lo están haciendo, como ya hemos visto, contenidos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, con la educación sexual integral y, específicamente, con la interrupción voluntaria de los embarazos.

Entonces, no da igual que el aborto esté en una ley o no. Y lo cierto es que en estos momentos no lo está y es importante que esté. No basta con que la Constitución hable de derechos sexuales y reproductivos. Necesitamos que específicamente la interrupción voluntaria de los embarazos esté no solo normada, institucionalizada, recogida en reglamentos y protocolos médicos, sino que esté en una ley. Y si no va a haber una ley específica sobre este tema, al menos que lo esté la próxima ley de Salud Pública. Si es así, ello sería un paso fundamental para preservar este derecho.