Lentamente, acomodándose a un mundo al que pertenece y del que ha estado excluida, por propia voluntad y por presiones externas, Cuba avanza en el proceso de reformas económicas iniciado en 2007 por Raúl Castro.
En los últimos 12 años la Isla ha iniciado un proceso de activación de la circulación del valor en su economía interna con dos medidas –ya en este punto– irreversibles: la estimulación del trabajo por cuenta propia y la posibilidad de crear cooperativas no agropecuarias.
Ambas han favorecido la creación de empleo y riqueza, y el desarrollo y la consolidación de una economía de capital privado, obediente de las regulaciones de mercado y que contribuye, a través de los impuestos, al saneamiento de las arcas estatales.
El sector privado en Cuba ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Los trabajadores por cuenta propia suman ya 436 342, que ejercen su labor en los 201 rubros aprobados. A su vez, el sector de las cooperativas no agropecuarias suma 452 entidades de ese tipo, agrupadas en comercio y gastronomía, construcción, transporte, industria, alimentación, y aparecen las de energía y servicio contables.
A nivel macroeconómico, han sido aprobadas dos medidas importantes: La Ley 118 de Inversión Extrajera y la Desregulación de la Empresa Estatal Socialista.
Si bien ambas tienen impacto positivo en la puesta al día del sistema empresarial cubano y han sido acogidas de buen grado, ambas arrastran un tufillo rancio a burocracia típico de la época de las suspicacias.
La Ley de Inversión Extranjera otorga el derecho discrecional a los Organismos Centrales de la Administración del Estado de aprobar las nuevas entidades, e imposibilita la contratación directa de los trabajadores; mientras la Empresa Estatal todavía depende de “otra” entidad que aprobaría tanto sus planes económicos como la disposición de sus excedentes.
Este paquete de medidas ha dinamizado la economía interna cubana. El Estado, urgido de despojarse de la carga salarial de un funcionariado obsoleto, improductivo e innecesario, tiene en el trabajo por cuenta propia la fuente de creación de empleo que alivia y rescata su economía.
En septiembre de 2010, Raúl Castro anunciaba que el Estado cubano debía prescindir de medio millón de trabajadores y de sustraer el paternalismo indefinido del modelo de protección al trabajador. Aunque esta medida no se implementó, dejó en evidencia el sobregasto del Estado en sueldos y subsidios que no se revierten en su economía.
Ningún Estado, aunque sea un modelo socialista, benefactor o de bienestar, puede sumar al gasto público un solo sueldo. No es tarea del Estado repartir dádivas ni “botellas”, tampoco actuar como administrador de empresas; menos aun en una economía como la cubana, que, además de carecer de medios suficientes, se resiente con el embargo ilegal y extraterritorial que le impone Estados Unidos.
Cuba tiene que contar con un aparato institucional austero, productivo y eficiente, y eliminar el obstruccionismo de una burocracia excesiva. “La economía es el arte de eliminar gastos superfluos” (Séneca dixit).
Las medidas que favorecen la inversión de capital extranjero tienen que venir de la mano de otras que estimulen el crecimiento de la economía interna. La circulación del valor generado por el sector privado tiene que acompañar y revertirse en el mismo proceso.
El trabajo por cuenta propia y las cooperativas no agropecuarias no pueden verse como pasos menores. La propia imposibilidad de inversión extrajera en esos sectores, unido a las lamentables declaraciones del Ministro cubano de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, demuestran que aún en la mentalidad de algunos dirigentes cubanos estas medidas son coyunturales y de crisis. Y no raigales, estructurales y fundamentales para el desarrollo del país.
Se impone la autorización del ejercicio autónomo de las profesiones. Para nadie es un secreto que de manera ilegal los abogados cobran a sus clientes por defensas, trabajos de notaría o asesorías. Del mismo modo, ingenieros, diseñadores o programadores trabajan para empresarios, tanto en Cuba como en el extranjero. También existen dentistas y maestros particulares.
La existencia de trabajo autónomo posibilitaría la regulación en un marco único del trabajo por cuenta propia. El estatuto del “trabajador autónomo” contribuiría a eliminar la burocracia y la legalidad superpuesta. Se constituiría en elemento de regulación de servicios.
Concebir un sistema impositivo y las regulaciones para este ejercicio situaría a muchos profesionales en capacidad de ofrecer su talento y contribuir a las arcas del país. A nivel social, estimularía la eficacia, pues serían contratados aquellos con más talento, además de regularizar precios sobre servicios.
Una sociedad madura no puede abrogarse el derecho de decidir sobre su masa profesional. Una de las vías para eliminar la fuga de talentos y la compulsión a la emigración es dotar del espacio óptimo de realización profesional y personal. Una Ley del Trabajo por Cuenta Propia que regule a los profesionales autónomos proveería a Cuba de un instrumento de diversificación de los servicios.
Crear cooperativas −eufemismo de “mediana empresa” de asesoría legal− de diseño, de programación o de investigación permitiría a muchos profesionales que por la masificación de los estudios superiores y la escasez de ofertas acordes con su perfil no lo pueden ejercer a plenitud, ofrecer sus servicios en un mundo hiperconectado.
Sin renunciar a espacios puntuales como la educación y la salud, pilares del proyecto socialista cubano, expandir y promover que profesionales cubanos de alta formación promuevan y vendan su talento es una forma más de introducir capital en la circulación interna de la economía. Promover la libertad de contratación, por parte de cualquier entidad, incluido el propio Estado, se levanta como una necesidad real y urgente.
Cuba tiene que profundizar sin miedo y sin suspicacias en sus reformas económicas. Eliminar del gasto público gratuidades y puestos de trabajos indebidos, suprimir burocracia innecesaria, promover la eficiencia del sector no productivo y descentralizar la toma de decisiones son medidas urgentes. El Estado es un proveedor de bienes públicos no divisibles, no una agencia de empleos.
En la medida enque un sector pujante asuma funciones hasta ahora reservadas a la institucionalidad, el Estado podrá dedicarse a vertebrar un país fracturado por la inconsistencia de sus decisiones, la mayoría previas, pero también algunas actuales. No es posible entender que se favorezca la inversión extranjera y se haga un uso político de esta, como anunció el Ministro Malmierca. No es posible que se autorice el trabajo por cuenta propia y se impida el ejercicio autónomo de las profesiones.
El porvenir es un entramado que se construye en el presente, con algo de pasado, pero eliminando sus errores. Lo hecho hasta ahora acerca al país a los modelos funcionales de su entorno, pero son insuficientes. El gobierno cubano está ante un desafío fundamental: eliminar las suspicacias y promover futuro.