Una auditoría de la Contraloría General de Cuba en 13 municipios e instalaciones de varios ministerios en La Habana, reportó daños económicos por valor de 111 millones de pesos convertibles (igual a dólares) y otros 142 millones de pesos cubanos, como consecuencia de diversas irregularidades.
El informe, divulgado este miércoles, muestra incumplimientos asociados al control, uso y destino del combustible, así como en los procesos de contratación económica, cuentas por cobrar y pagar a privados, y falta efectiva de la rendición de cuentas.
Los resultados de la XIII Comprobación Nacional al Control Interno en La Habana se conocieron durante una reunión en la que participó la Contralora General y vicepresidenta cubana, Gladys Bejerano, y directivos de todas las entidades inspeccionadas, según reportó la Agencia Cubana de Noticias (ACN).
Yansi María Bravo, contralora jefa en La Habana, se refirió a “debilidades éticas”, así como a la existencia de insuficiencias e indisciplinas en la descentralización de facultades otorgadas al sistema empresarial, en la gestión de la planificación, incumplimientos en los planes económicos y debilidades en el seguimiento, control y análisis de su ejecución.
Bravo indicó que se hallaron anomalías en la gestión económica de los grupos empresariales Agrícola y Ganadero, en los del turismo –Gran Caribe S.A. y Cubanacán S.A.–, e irregularidades en los inventarios de las empresas Genética Porcina, Correos Habana del Este y la Unidad Empresarial de Base Complejo 5ta.
Precisó que en la XIII Comprobación Nacional al Control Interno en La Habana se efectuaron 70 acciones de control en 13 municipios e inspecciones a instalaciones de varios ministerios, y los resultados fueron “favorables” en la aprobación y ejecución de actividades e ingresos en 22 de las 36 entidades inspeccionadas.
Además, dijo que en el apartado del control y uso del combustible en las entidades estatales, 5 de ellas recibieron una valoración “negativa” y 26 obtuvieron calificación de “aceptable”.
Entre las medida para paliar la situación, la Controladora General de Cuba anunció que unas 77 entidades habaneras van a recibir un 50 por ciento menos del combustible previsto a partir de febrero próximo, hasta que resuelvan el problema del uso racional de ese recurso.
En ese sentido, Bejerano recalcó la importancia del control sobre las tarjetas de combustible, así como la rendición de cuentas, que los vehículos estatales usen el logotipo de sus respectivas empresas, ser “más autocríticos” en los consejos de dirección e “involucrar más” a los trabajadores en la solución de los problemas.
La semana pasada el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, consideró “inadmisible” el robo de combustible de empresas estatales por parte de sus empleados y exigió un mayor control a los funcionarios del gobierno para frenar ese problema que afecta un sector que cuesta al país más de 3,000 millones de dólares anuales.
La Contraloría General de Cuba, organismo creado en 2009, aplicó la XIII comprobación entre el 1 de noviembre y el 12 de diciembre para evaluar el funcionamiento de 370 entidades públicas pertenecientes a sectores como agricultura, turismo, construcción, comunicaciones y comercio, y el manejo de recursos materiales y financieros.