En tan solo 48 horas de inspecciones para velar por el cumplimiento de los precios topados a seis productos de alta demanda, fueron expedidas multas por más de 13 millones de pesos a negocios privados.
Las penalizaciones se efectuaron los días 12 y 13 julio a partir de 11 mil 891 inspecciones realizadas por el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) para verificar el cumplimiento de la nueva política de precios, que comenzó a regir el pasado lunes 8 de julio en toda Cuba.
Vladimir Regueiro Ale, titular del sector, dijo al periódico Granma que los ejercicios fiscalizadores abarcaron la totalidad del país.
Las inspecciones también rastrearon otras regulaciones de pago de aportes al Presupuesto, registro comercial, canales de pago digital y condición de contratación de personal, entre otros.
Según detalló el ministro del MFP, la detección de violaciones fue de 41,7 %, con 4 mil 954 casos, ante lo que se impusieron 4 mil 332 multas, por un valor superior a los 13 millones de pesos; de ellas, 2 mil 65 multas corresponden al Decreto 30/21.
Tal disposición de 2021, dictada por el Consejo de Ministros, precisa cuáles son las contravenciones a las regulaciones de los precios y tarifas minoristas y mayoristas, los precios de acopio y de la construcción y de las tarifas técnico productivas; así como las cuantías de las multas a imponer.
Asimismo, se aplicaron 354 ventas forzosas –187 en La Habana–, 53 retiros temporales de autorización del funcionamiento del establecimiento, y 21 decomisos, mayoritariamente a quienes ejercían de forma ilegal, cuantificó Regueiro Ale.
Guerra en precios de Cuba: primeras multas por violaciones en comercios privados
Importes inferiores no son la solución, sino un paliativo
El ministro reconoció que, si bien los precios minoristas máximos para productos de alta demanda continúan siendo elevados, “representan en sí mismos una reducción en relación con los niveles anteriores a la entrada en vigor de la norma”.
Admitió que revertir la inflación no se logra solo con el establecimiento de precios máximos para una nomenclatura básica de productos; hay otras proyecciones que se deben lograr a nivel de país mediante los incrementos productivos y mayores niveles de servicio.
La Resolución 225/2024 del MFP estableció la regulación de precios minoristas máximos a productos de alta demanda, como el pollo troceado, el aceite comestible –excepto el de oliva–, detergente en polvo, pastas alimenticias, salchichas y leche en polvo.
Indicadores soslayados en la cadena de costos
Según opiniones recogidas en redes sociales, la medida gubernamental descartó los impuestos sobre la venta que pagan los empresarios privados desde la importación hasta el punto de venta final, que suma hasta tres intermediarios.
Tampoco incluyó el impuesto del Ministerio de Comercio Interior (Mincin), ni las comisiones de las empresas estatales importadoras, a lo que se suma la tasa de cambio informal que tienen que asumir los emprendedores, al no existir un mercado cambiario oficial en la isla.
¿Satanización de los precios mipymeros?
El economista cubano Omar Everleny Pérez argumentó, por su parte, que existe un proceso de satanización de los precios de las mipymes cubanas, cuando, en paralelo, las tiendas estatales en Moneda Libremente Convertible (MLC) muestran costos más elevados.
En un artículo publicado por la agencia IPS, con oficinas en La Habana, el especialista mostró un cuadro comparativo de ambos mercados.
En las tiendas en MLC, sobresalen los altos valores de la carne de cerdo y de pollo, 182 % y 269 % más caros que en las mipymes, respectivamente; la leche en polvo, que se vende en las tiendas en MLC un 13,7 % más elevado; en tanto el aceite lo hace en 40 %.
Igualmente sucede con la salsa de tomate, 204 % más alto; frijoles negros, 47 %; pasta dental, 56 %; jabón, 115 %; mayonesa, 15 %; y papel sanitario, 43 %.
De acuerdo con Everleny, los precios de las mipymes “no son para que la población en general adquiera productos con sus salarios del sector estatal presupuestado o pensiones sino, principalmente, para esa porción que recibe remesas desde el exterior”.
Explicó que los circuitos comerciales que mantenía el Estado en moneda nacional y que “contribuía a mejorar la oferta a personas asalariadas”, entre ellos, los mercados artesanales industriales (conocidos por las siglas MAI) y los mercados agropecuarios estatales, dejaron de existir, sobre todo luego de la pandemia y la llamada Tarea Ordenamiento.
