Afirmar que el precio de determinada mercancía anda “por las nubes” no deja lugar a erróneas interpretaciones: su valor de cambio es tan elevado que llega a ser inalcanzable para una mayoría. Sin embargo, en el caso de los productos agropecuarios, una expresión más exacta sería la de “andan en carretilla”, la cual define no solo uno de los modos en que se comercializan desde hace un tiempo, sino su alto precio estandarizado, como si existiera un sindicato de estos vendedores puesto de acuerdo.
Tras haber sido aprobada entre las nuevas alternativas del trabajo por cuenta propia, a finales del 2010, la figura del carretillero ha emergido como una de las dianas más frecuentes de la inconformidad de los consumidores, quienes no aceptan que un kilogramo “de lo que sea”, solo por transportarse en carretilla, cueste el triple de lo que por él se cobra en las tarimas de la mayoría de los mercados.
Supuestamente, ello “se justifica” por el hecho de que los vendedores ambulantes de productos del agro agregan al precio del producto el servicio de llevarlo hasta la puerta de la casa; pero en la práctica, se sabe que estos han convertido sus mercaditos rodantes (algunas carretillas son casi coches, techadas y con varios pisos), en placitas semiestáticas acomodadas en cualquier esquina, incluso de calles principales, en contraposición con lo normado.
Una y otra vez, las personas han demandado que a la especulación desmedida de estos comerciantes se le ponga un freno a través del mecanismo de los precios topados, a lo cual los conocedores y decisores del tema no han accedido: la escasa oferta – argumentan- al final impondrá que los precios obedezcan a las condiciones restrictivas del mercado (comportándose al alza, al margen de cualquier disposición administrativa). Y en definitiva -aseguran-, el asunto solo podrá resolverlo un incremento productivo; el cual debe llegar de la mano de políticas de compra más estimulantes de cara a los campesinos, entre otras medidas que impulsen la producción agropecuaria (como el reciente Decreto-Ley 300, que otorga mayores facilidades para la entrega de tierras en usufructo).
En teoría, para la economía de quienes no han podido optar por la oferta del carretillero del barrio, han estado los 21 productos que se le contratan a la base productiva para su comercialización en la red de Mercados Agropecuarios Estatales (MAE), a precios más beneficiosos; solo que este deseo no se ha correspondido con la realidad debido al incumplimiento reiterado de los compromisos comerciales que deben garantizar el suministro a estos destinos, una y otra vez denunciados en los medios de prensa.
Como promedio, estas instalaciones no pasan de tener en tarimas cinco productos que no pueden hacer gala de su estado, y a la vez pone en evidencia la fuente de abasto de los carretilleros, quienes a pesar de carecer de un mercado mayorista, siempre han ofertado “de todo y de lo mejor”.
También, como otra opción de compra han estado los llamados Mercados de Oferta y Demanda (MAOD), pero estos tampoco han constituido realmente una alternativa, ya que en precios prohibitivos–y ciertamente también en calidad superior- sus productos se asemejan a los de las carretillas.
Durante varios meses no hubo respuesta para el hecho de que una carretilla absorbiera, a cambio de los ingredientes para dos almuerzos de domingo, el salario mensual de un trabajador promedio. Fue a mediados del año pasado, durante una de las últimas sesiones ordinarias de la VII Legislatura del Poder Popular, que se anunció el trabajo en determinadas medidas a implementar a finales del 2012, las cuales impactarían en las cadenas de comercialización de La Habana, Artemisa y Mayabeque (triángulo donde la situación se comporta de forma más crítica que en el resto del país, dada la alta dependencia de la capital de estas dos provincias productoras, y el nivel de especulación que una oferta limitada puede generar en el entorno urbano). Esta, sin embargo, fue otra de las deudas aplazadas para el nuevo calendario.
Casi un año después, finalmente, a inicios de este mayo, se informó que el Consejo de Ministros aprobó las referidas medidas, que si bien se aplicarán gradualmente y no ejercerán un alivio inmediato en la presión del gasto de los hogares en alimentos, permitirán esperar que a mediano plazo los precios bajen de las nubes (es decir, de las carretillas).
Según se ha anunciado, la empresa de comercio de La Habana abrirá un mercado mayorista (primero del que dispondrán formalmente los trabajadores por cuenta propia). Este espacio se le arrendará para su administración a una cooperativa (también, de las primeras del tipo no agropecuario que entrará en funcionamiento), y a él podrán concurrir las bases productivas que lo deseen, directamente, sin la figura de un intermediario; pero solo tras haber cumplido los compromisos con el Estado, ente que simplificará su compra a precios centralizados de 21 productos a apenas 10, los más básicos. Del excedente de estos, y del volumen total del resto de los rubros de la tierra, dispondrán quienes lo produzcan sin limitantes (excepto las que ellos mismos rubriquen en los contratos).
Ello traerá beneficios en dos sentidos: el productor no esperará impacientemente por nadie que recoja su mercancía, a riesgo de que se malogre, y tendrá oportunidad de establecer libremente el precio de comercialización, sin tener que reservar un margen de ganancias para quien realizaba la gestión de compraventa (segmento que usualmente integraban varias personas, todas recargando el precio del producto).
Al comprador, por otra parte, estas disposiciones le permitirán contar con un espacio legal para la adquisición mayorista de mercancía fresca (dueños de paladares; por ejemplo) y sus facturas de compra sentirán la descompresión de todos los que ya no lucrarán con la reventa de los mismos “plátanos y boniatos”, desde su salida de la finca hasta la jaba del consumidor.
Según se ha anunciado, las medidas también incluyen la reorganización de la red de mercados (MAE, MAOD y placitas, kioscos), pues los volúmenes de producción actuales no justifican su número desbordado, y el arrendamiento de una parte de estos espacios a cooperativas comercializadoras, cuya política impositiva menos gravosa también deberá propiciar un deshago en el costo de las compras del agro, es decir, una caída de las carretillas….perdón, de las nubes.
Fotos: Beatriz Verde Limón