La pasada semana las autoridades electorales de Cuba informaron los datos oficiales del referendo sobre el Código de las Familias que tuvo lugar el pasado 25 de septiembre. Ya se había anunciado que los resultados determinaban la aprobación de la nueva Ley, que fue refrendada por las máximas autoridades cubanas.
El azote del potente huracán Ian al occidente cubano, apenas dos días después de las votaciones, y los arduos trabajos de recuperación todavía en marcha, demoraron la oficialización de lo ya conocido: el triunfo del “Sí” en las urnas, tanto en la Isla como en las misiones cubanas en el exterior, que, sumado al respaldo previo de la Asamblea Nacional, dieron al Código la validez requerida legalmente para su entrada en vigor.
De esta forma, a pesar de las no pocas controversias y reelaboraciones —la aprobada en el referendo fue su versión 25—, la normativa se convirtió oficialmente en ley con su publicación definitiva en la Gaceta Oficial de la República el 27 de septiembre, con lo que ya se encuentra vigente su amplio y renovador articulado, que incluye los temas que más polémica despertaron en la población, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción por parejas homosexuales, la gestación solidaria y la autonomía progresiva de los menores.
Para que ello fuera posible, el respaldo al Código debía obtener la mayoría simple de los votos, es decir que más del 50 % de los electores que concurrieran a las urnas se pronunciaran a favor del texto, algo que, en efecto, ocurrió, de acuerdo con las cifras ofrecidas por el Consejo Electoral Nacional (CEN) de Cuba.
“¿Quién dijo que todo está perdido?” El referéndum y su legado
En definitiva, los datos finales dados a conocer la semana pasada apenas difieren de los ofrecidos un día después del referendo, cuando faltaba una treintena de circunscripciones por contabilizar —luego de que el cierre de un grupo de colegios se postergara en varios territorios ante la ocurrencia de lluvias— y el CEN validó la victoria del “Sí” debido a la “tendencia irreversible” a favor de esta opción.
Tras la actualización del listado electoral, saldada con 13 058 inclusiones por varios motivos y 2 547 exclusiones por fallecimiento, este quedó finalmente integrado por 8 457 978 electores, superior en más de 10 mil a los registrados inicialmente. De ellos, acudieron a votar más de 6,2 millones, el 74.12 % del padrón actualizado, de los que 5,9 millones (94,25 %) emitieron votos válidos.
En tanto, aun cuando el CEN no ofreció el dato, basta un simple cálculo para saber que más de 2,1 millones de personas, el 25.88 % del listado final, no se presentaron en los más de 23 mil colegios repartidos por el país, de ellos 224 “especiales”, por estar situados en hospitales, terminales, hoteles y otros lugares de gran concentración de personas “para facilitar el acceso al voto”, de acuerdo con las autoridades electorales.
De los que votaron, 3,95 millones dieron su apoyo al Código, el 66.85 % de los votos válidos, mientras que poco menos de 1,96 millones lo rechazaron, el 33.15 % de quienes no dejaron vacía o anularon sus boletas. Estos últimos representaron el 3.22 % (en blanco) y el 2.51% (nulas) de los votantes que participaron en el referendo.
En cuanto a los porcentajes de quienes respaldaron o se opusieron a la normativa, no es ocioso acotar que estos disminuyen ligeramente hasta el 63 % y el 31.24 % si se calculan con respecto al total de electores que votaron, criterio empleado por el CEN en sus estadísticas oficiales del referendo de 2019, en el que la población validó la actual Carta Magna de Cuba.
Una comparación entre ambos procesos, además, permite evidenciar no solo la disminución en solo tres años del listado electoral en casi 250 mil personas —en momentos en que la Isla atraviesa una fuerte y sostenida oleada migratoria—, sino también de un significativo aumento de la abstención —el índice de participación cayó de 90.15 % a 74.12 %, alto, sin dudas, si se compara con otras elecciones del mundo, pero bajo con respecto a los procesos electorales de las últimas décadas en la nación caribeña— y de una mayor oposición a las opciones promovidas por el gobierno, en ambos casos el respaldo a los textos, más allá de las posibles interpretaciones para ello.
Además de los datos generales actualizados, el CEN ofreció esta semana los resultados en las distintas provincias, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud y también las misiones oficiales de Cuba en el exterior —diplomáticas, de Salud, educativas, deportivas y de otra índole—, cuyos miembros tuvieron la oportunidad de votar una semana antes, a diferencia del resto de los cubanos residentes fuera del país, quienes para poder hacerlo debían estar en territorio cubano el pasado 25 de septiembre.
En el caso de las misiones en el exterior también es importante resaltar que, según lo informado por el CEN, tuvieron un porcentaje de participación superior al 100 % pues el día de la votación en los distintos países se encontraban “colaboradores que no fueron previstos inicialmente en el parte básico emitido”. De igual manera, este grupo destaca por registrar el mayor porcentaje de boletas válidas (98.94 %), el menor de boletas en blanco y anuladas (menos del 2 % entre ambas) y el mayor apoyo al Código (84.77 %), único por encima del 80 %.
En cuanto a la participación en la Isla, con excepción de La Habana donde fue del 65.79 %, en el resto de las provincias estuvo por encima del 70 % —Pinar del Río lideró con el 80.12 %—, en tanto más del 90 % de los electores de todas las provincias que ejercieron su derecho emitieron votos válidos.
En lo que respecta al apoyo y al rechazo, y fuera de lo ya referido sobre las misiones oficiales en el exterior, el primero osciló mayormente entre el 70 y el 60 %, con solo Holguín (53.58 %) y Guantánamo (56.21 %) por debajo de este porcentaje, y en el segundo ocurrió exactamente lo opuesto —entre el 30 y el 40 %— , con estas dos provincias orientales liderando la oposición a la nueva normativa.
Desafortunadamente, los números difundidos esta semana no profundizan más allá de los valores provinciales, lo que no permite conocer lo sucedido a nivel municipal y de localidades específicas. Ello, sin dudas, hubiera posibilitado una mirada más estratificada de la postura popular sobre el Código, y hubiese facilitado un análisis más certero por regiones o según la naturaleza de las comunidades.
Una interpretación más detallada de los resultados hubiese sido posible también si se conociera cómo se desempeñó el voto por grupos etarios, género, nivel de estudios, procedencia social y otras categorías demográficas y socioculturales, pero el legítimo carácter directo y secreto del voto y la no existencia de sondeos previos o a pie de urna —con el margen de imprecisión que ellos suponen— no arrojan luz en esta dirección.
A pesar de ello, los datos por provincias dan la posibilidad de mirar más allá de las estadísticas generales y contribuyen a conocer mejor y, en lo posible, a interpretar lo sucedido en las urnas. Con estas cifras organizadas por orden de mayor a menor (respaldo) y de menor a mayor (rechazo) cerramos entonces este compendio de los datos ofrecidos.
