El director municipal de Comercio de Sancti Spíritus entre mayo de 2022 y julio de 2023 fue condenado a ocho años de privación de libertad, por un hecho relacionado con una mipyme.
La sentencia, que todavía no es firme —y, por tanto, puede ser apelada— le fue impuesta por el Tribunal Provincial por el delito de “actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación”, de acuerdo con el periódico Escambray.
En un artículo dirigido contra la corrupción en Cuba, el medio espirituano asegura que la condena del directivo “no cayó del cielo”, y tuvo como detonante una auditoría a la empresa municipal de Comercio que dirigía por entonces el ahora sentenciado.
Esta comprobación, realizada por el Grupo Empresarial de Comercio Sancti Spíritus (GECSS), “puso la lupa en la compra y venta de 42 000 unidades de refresco marca Pool —con fecha de vencimiento cercana—, adquiridas por la entidad a una mipyme de Pinar del Río”, narra el texto.
Este, asegura Escambray, fue “uno de los 13 hechos de corrupción registrados el pasado año en la provincia” e ilustra “las dobleces del discurso del sancionado”. La anterior afirmación descansa en que el directivo —cuyo nombre no se menciona—, había negado al propio medio a raíz de otros casos que su empresa “estuviera cruzada de brazos ante el descontrol administrativo”.
Tal como subrayó @DiazCanelB la dirección de nuestro @Partido y Gobierno nunca ha permitido ni permitirá jamás la proliferación de la corrupción, la simulación y la insensibilidadhttps://t.co/f2uKwjCCmy
— Escambray (@escambraycu) May 27, 2024
El caso y las pérdidas
De acuerdo con el artículo, el otrora director municipal de Comercio desestimó una alerta de la Empresa Provincial de Servicios Legales y “tiró al cesto de la basura la recomendación de una especialista” de dicha entidad, “quien detectó omisiones e irregularidades en la relación contractual iniciada con la mipyme”.
En lugar de examinar el documento en el seno del Comité de Contratación y Compra de la empresa, el directivo hizo caso omiso a una resolución de la Contraloría General de Cuba, “principalmente lo referido al componente de actividades de control, contratación y pago a las formas de gestión no estatal”.
Tal decisión, terminó a la postre causando perjuicios económicos ascendentes a 3 241 860 pesos, como consecuencia de no llegar a venderse 22 830 refrescos adquiridos a la mipyme, detalla Escambray.
“Por si no resultase suficiente —añade el medio—, falsificó dos actas del Comité de Contratación y Compra”, por lo que, “en papeles, este órgano sesionó”. “Y esos mismos papeles luego los presentó al GECSS. Obró así con un propósito obvio: enmascarar la ilegalidad de su actuar”.
El texto señala igualmente como “significativo” que de las 12 unidades de la empresa municipal que vendieron el controversial refresco les importara “un bledo la segunda y última prórroga dictada —esta vez por el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología— para la venta del producto adquirido al titular de la mipyme de Pinar del Río”.
“O sea, esos establecimientos continuaron su expendio del refresco a cuenta y riesgo”, confirma Escambray, aunque luego no abunda sobre las consecuencias de este incumplimiento ni sobre posibles medidas administrativas contra los directivos de estas unidades.
De igual manera, el artículo no explica si lo sucedido ha tenido alguna consecuencia legal o comercial para la mipyme pinareña, cuyo nombre tampoco se refiere.
En cambio, sí hace referencia al caso del hasta hace poco viceprimer ministro y titular cubano de Economía Alejandro Gil, quien fue removido y es investigado por “graves errores en el desempeño de sus funciones”, relacionados a hechos de corrupción cuyos detalles no se han hecho públicos.
El caso del director municipal de Comercio de Sancti Spíritus sale a la luz en momentos en que las autoridades y los medios oficiales de la la isla llevan adelante una campaña anticorrupción, que ha destapado varios hechos de este tipo a lo largo de la isla, entre los que el de Gil es el más notorio.