Cuba a un año de las protestas de julio de 2021

Este lunes, en Cuba se cumple un año del estallido social producido los pasados 11 y 12 de julio. Se trata de las mayores protestas populares producidas desde 1959 y, a criterios de algunos expertos o activistas entrevistados por la agencia española Efe, aun no hay solución para el grueso de las causas que las provocaron.

Aunque quedó en el olvido la ola de enfermos y muertes que por COVID-19 padecía la población en el verano de 2021, hoy sigue golpeando la realidad del cubano problemas como el desabastecimiento, la inflación y los apagones.

“La campaña (de vacunación contra la COVID-19) ha sido todo un éxito. Pero en cuanto a la crisis económica, no veo necesariamente grandes avances”, apuntó a la agencia española Michael Bustamante, historiador de la Universidad de Miami.

El descontento y hartazgo de muchos afloró aquel 11 de julio en San Antonio de los Baños (35 kilómetros al suroeste de La Habana), cuando una protesta espontánea se conectó con otras en lo que fue una movilización sin precedentes. Aupadas por transmisiones en vivo desde las redes, las protestas lograron articularse en cerca de 50 puntos de la Isla, con epicentro en la capital.

La mayoría de los que salieron a las calles apuntaban contra la escasez de alimentos y medicinas, la inflación desbocada, la dolarización parcial de la economía y los constantes e insoportables cortes en la luz, evidencias de una dura crisis económica agudizada en el peor momento de la pandemia de COVID-19 y efecto de las sanciones de EEUU y también de los errores en la política económica nacional.

Entre julio y agosto de ese año, el país sufrió picos de más de 9000 contagios diarios y cerca de un centenar de muertes cada día. En tanto, la industria biofarmacéutica producía tres vacunas, que poco después se empezaron a inocular de forma masiva entre la población a mayores de dos años.

En la actualidad más del 90 % de los insulares cuenta con el esquema completo de vacunación y las autoridades han visto cumplidas sus expectativas. Por eso, estudiosos como Arturo López-Levy, profesor asistente de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Holy Names (California), coincide al considerar que el avance de la vacunación fue notable, aunque, según la cita de Efe, quedó ensombrecido por el desempeño de la economía.

“El tema energético (por los apagones) y alimentario se ha agravado y es un factor de irritación social”, agregó.

Según datos oficiales, la inflación en el mercado minorista estatal alcanzó en 2021 el 70 %. El incremento de los precios en el extendido mercado informal, dependiendo de los cálculos, rondó entre el 500 y el 700 %. Mientras, el producto interior bruto (PIB) tuvo un incremento del 0.5 % tras un desplome por encima del 10 % en 2020.

Esa fotografía no ha cambiado del todo. De acuerdo con un comunicado de la Presidencia dado a conocer en marzo, el PIB “aún no se recupera de la caída estrepitosa” de 2020 y 2021. La inflación interanual se situaba en mayo en el 26 %. El Ejecutivo ha reiterado que estas dificultades se deben al recrudecimiento de las sanciones de EEUU en la era de Donald Trump (2017-2021) y al efecto de la pandemia, aunque también ha reconocido fallos en la implementación de la reforma económica denominada Tarea Ordenamiento a principios de 2021.

Otro factor que se repite peligrosamente es el de los apagones: desde mediados de marzo, la Unión Eléctrica (UNE) ha informado de cortes en al menos 54 días, prácticamente a diario desde junio, según un recuento realizado por Efe a partir de comunicados de la empresa.

Por eso, a diferencia de López-Levy o Bustamante, la activista cubana Carolina Barrero —exiliada desde febrero— en declaraciones a la misma agencia considera que la situación ha ido a peor en todos los rubros: “Las mismas condiciones que estaban el 11 de julio siguen estando ahí y se han multiplicado”.

Porque en aquellas manifestaciones también hubo quien exigía libertades y la instauración en Cuba de una democracia liberal frente al sistema socialista que impera. Para ese grupo, la canción “Patria y vida” se convirtió en himno durante las protestas.

Aunque la mayoría de las marchas fueron pacíficas, hubo varios choques violentos con la policía, lanzamiento de piedras a establecimientos estatales o el vuelco de autos patrulleros, el Gobierno ha denunciado en varias ocasiones que estas acciones violentas fueron orquestadas desde el exterior y, después de haber reconocido que en ellas hubo un sentimiento legítimo de desacuerdo, este viernes el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel las calificó como “golpe de Estado vandálico”.  

A las protestas siguieron detenciones masivas de opositores históricos y otros ciudadanos, algunos menores de edad. ONGs como Cubalex y Justicia 11J han documentado 1484 arrestos. La Fiscalía General de la República (FGR) apuntó en enero que 790 personas habían sido procesadas por estos hechos, de las que 55 tenían en esa fecha entre 16 y 17 años. La edad mínima penal en Cuba son los 16.

Hasta el momento los tribunales han emitido 76 sentencias firmes contra 381 personas. El 78 % de los sancionados (297) obtuvo penas de prisión, en ocasiones de hasta 25 años.

Junto a ello, Human Rights Watch (HRW) y ONG locales han reportado un repunte de la represión contra activistas, disidentes y periodistas independientes. Entre las denuncias sobresalen detenciones arbitrarias, amenazas, interrogatorios, bloqueos a domicilios y cortes de la conexión a internet, acciones que se intensifican en momentos políticamente sensibles como este primer aniversario del 11J o en torno a la protesta frustrada del pasado 15 de noviembre.

Los juicios a los manifestantes se han ido sucediendo desde entonces, especialmente desde finales de 2021. Activistas y ONG hablan de presos políticos y de conciencia, fabricación de pruebas e incumplimiento del debido proceso, algo que el Poder Judicial cubano ha negado sistemáticamente. Uno de los delitos más repetidos es el de sedición, polémico por su connotación política y las elevadas penas de cárcel que conlleva. 

“Las condenas han sido desproporcionadas, por su carácter ejemplarizante. Es muy probable que la criminalización de la protesta haya logrado un efecto de disuasión”, lamenta el académico Rafael Rojas, profesor en el Colegio de México. Este tipo de sanciones —endurecidas en el nuevo código penal aprobado en mayo— han sido criticadas incluso por personalidades tradicionalmente cercanas al Gobierno.

A un año de las protestas en la Isla se vive además una nueva oleada migratoria —fundamentalmente por vía irregular, ya que desde el cierre de la mayoría de los servicios consulares durante la administración Trump, que aún no se restaura completamente, la alternativa legal fue reducida prácticamente a cero.  

Según datos de EEUU, solo en los primeros ocho meses del actual año fiscal —que comenzó en octubre— han llegado a ese territorio 140 602 cubanos. La cifra, recuerda el reporte, supera al hasta ahora mayor éxodo, el de 1980 cuando 125 000 personas salieron por el puerto del Mariel en siete meses.

Estas cifras, paralelamente, han provocado una crisis migratoria en EEUU que, según la socióloga cubana Diosnara Ortega, puede ser utilizada por el Gobierno insular para sentar a Washington en la mesa de negociación. Añade que también puede utilizar la posible rebaja en las condenas iniciales de los manifestantes como una “moneda de cambio”.

Efe/OnCuba.