El gobierno cubano dio a conocer este viernes varias normas para reforzar su –hasta ahora– escasa legislación sobre protección de la propiedad industrial. Se trata de un conjunto de decretos y leyes que buscan blindar la transferencia de conocimientos y tecnologías cubanas en negocios de inversión extranjera.
Los dos decretos ley, tres decretos y cinco resoluciones, publicados en la Gaceta Oficial, entrarán en vigor el próximo octubre como parte de la Política de Propiedad Industrial, aprobada en 2014.
Las normas establecen que los futuros contratos “no incluyan cláusulas restrictivas y abusivas” que limiten “la libertad de desempeño empresarial y comercial de las entidades cubanas en el proceso de inversión nacional y extranjera”, explicó la directora de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), María de los Ángeles Sánchez, citada por la prensa cubana.
“Es importante que se garantice que las disposiciones de propiedad industrial preserven los conocimientos e innovaciones tecnológicas preexistentes de la parte cubana y sobre la protección de los resultados futuros que se puedan realizar a partir de la colaboración”, comentó Sánchez.
Las nuevas medidas protegen, además, contra las “prácticas desleales” en actividades industriales o comerciales, entre ellas el uso de una reputación ajena, el empleo de logotipos y marcas de otros, la falsificación y el perjuicio a otros a través de la publicidad.
También regulan los “malos actos relacionados con la información no divulgada” de valor comercial e industrial y dictaminan el límite de su uso para mantener su confidencialidad.
Estas normativas detallan asimismo los procedimientos para las solicitudes de patentes industriales e incluyen una guía metodológica para la gestión de la propiedad industrial de los diferentes actores sociales.
Desde la llegada al poder en abril pasado del presidente Miguel Díaz-Canel, el gobierno cubano ha dado luz verde a varias normativas nuevas, publicadas entre julio pasado y el presente agosto en la Gaceta Oficial.
Entre ellas resaltan las modificaciones que simplifican el camino para la inversión extranjera en la Isla y cambian varias reglas para los trabajadores privados, un sector en auge que representa el 12 por ciento de la fuerza laboral cubana.
Las autoridades de Cuba también dieron a conocer esta semana la actualización de su política de entrega de tierras estatales en usufructo, entre las que destaca la extensión de diez a veinte años del período de posesión a personas naturales.
EFE / OnCuba