La Justicia cubana publicó este miércoles las condenas a 127 personas por los hechos relacionados con las protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio pasado en La Habana, según una nota de prensa emitida por el Tribunal Supremo de la República.
La nota informa sobre las seis sentencias relacionadas con los hechos acaecidos en los municipios capitalinos de Diez de Octubre y Arrojo Naranjo, donde se produjeron algunos de los incidentes más violentos de las manifestaciones. El único muerto reportado por las autoridades en estas protestas se registró en La Güinera (Arroyo Naranjo), donde un hombre fue abatido por disparos de un policía.
El proceso del Tribunal Provincial Popular de La Habana, celebrado entre el 14 de diciembre y el 3 de febrero, contaba con 129 imputados, de los que 128 han sido condenados. De ellos, 127 han recibido penas de cárcel de entre 6 y 30 años y sólo una persona recibió una pena de cuatro años “de trabajo correccional sin internamiento”. Un encausado fue absuelto, la nota no hace referencia a las edades de los sentenciados.
Pero, según la ONG Prisoners Defenders, entre los condenados hay siete jóvenes de 16 y 17 años que han recibido penas de entre 7 y 19 años de prisión, y otro más, que es el que recibió la pena de trabajo correccional. En Cuba la edad penal mínima es de 16 años y el Código Penal (artículo 17.1) contempla la posibilidad de reducir a la mitad las penas de las personas de 16 y 17 años.
Los enjuiciados, investigados principalmente por “sedición y hurto”, estaban acusados por “graves disturbios y hechos vandálicos, con el propósito de desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana”, según el Tribunal Supremo.
Las penas máximas corresponden a dos condenas de 30 años. Le siguen una de 26, tres de 25, ocho de 23, tres de 22, tres de 21, once de 20, cuatro de 19, once de 18, seis de 16 y nueve de 15 años de cárcel. Además de ello, diez personas fueron condenadas a 14 años de prisión, seis personas a 13 años, 17 personas a 12 años, cinco a 11 años, diez a 10 años, cuatro a 9 años, ocho a 8 años, cuatro a 7 años y dos a 6.
ESQUINA DE TOYO Y LA GÜINERA
Los hechos juzgados son los sucesos de Esquina de Toyo (Diez de Octubre) y La Güinera, dos de los más citados por el gobierno cubano y los medios oficiales por haber registrado incidentes violentos. En el caso de Esquina de Toyo, el tribunal consideró “probado y demostrado” que el 11 de julio los condenados “intentaron subvertir el orden constitucional de forma violenta” obedeciendo “instrucciones impartidas por personas tanto desde Cuba como desde el exterior”.
Aseguró que “lanzaron piedras y botellas contra varios funcionarios” e “instalaciones de la Policía Nacional Revolucionaria, autos patrulleros; voltearon una moto y carros pertenecientes a la Asamblea Municipal del Poder Popular y provocaron lesiones a otras personas y graves daños materiales”.
En el caso de La Güinera, “lanzaron piedras, palos, botellas y cocteles molotov contra agentes” y “otros trabajadores de instituciones estatales (…) a quienes causaron lesiones”, además de asediar “por varias horas” una “Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria”.
El Tribunal Supremo destaca que los jueces “tuvieron en cuenta el grado de participación, las condiciones personales de los implicados, así como la gravedad, lesividad y violencia de los actos cometidos”. También destacó “la situación excepcional que vivía el país producto de la pandemia”, en particular en La Habana, donde “se habían tomado medidas excepcionales para contrarrestar sus efectos, que incluían, entre otras, la limitación de movimiento y el aislamiento social”.
El tribunal dispuso asimismo que los condenados están obligados a “indemnizar a las personas que resultaron lesionadas a consecuencia de los hechos cometidos y reparar los daños ocasionados a las entidades”.
Tanto a los acusados sancionados como a la Fiscalía les asiste el derecho de interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo Popular contra la sentencia dictada por el órgano judicial que realizó el juicio en primera instancia, recuerda el comunicado.
La nota de prensa subraya que los juicios se realizaron “con observancia del debido proceso y estricto respeto de los derechos y garantías constitucionales”. Indica asimismo que al proceso “asistieron varios familiares y amigos de los implicados, quienes pudieron presenciar la profesionalidad y transparencia con que se desarrollaron las audiencias”.
CIENTOS DE ACUSADOS
Desde diciembre se han sucedido en Cuba los juicios a manifestantes del 11 de julio, con centenares de acusados. Varias ONG han denunciado falta de garantías, fabricación de pruebas y penas muy elevadas.
Según Justicia 11J y la ONG Cubalex, un total de 1442 personas han sido detenidas en relación a las protestas. De ellas, al menos 756 continúan en centros de reclusión. Prisoners Defenders señala que al menos 842 personas se encontraban a finales de 2021 en prisión por motivos políticos, en su mayoría por los hechos del 11 de julio.
Las autoridades cubanas, por su parte, niegan que en el país haya presos políticos y aseguran que los juicios tienen que ver con “actos vandálicos” y “graves alteraciones del orden”. Subrayan que en todos los casos se está siguiendo el debido proceso. Según datos de la Fiscalía General de Cuba, citados por Efe, en el país se ha procesado por las protestas del 11 de julio a 790 personas, de las que 55 tienen entre 16 y 17 años.
En relación con estos hechos, las autoridades judiciales cubanas también archivaron las causas penales contra varios de los artistas que protestaron frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) el pasado, según había informado la propia agencia de prensa.
Las protestas de julio de 2021 fueron las mayores en décadas en la Isla y tuvieron entre sus detonantes las consecuencias del pico pandémico por la COVID-19 y la severa crisis económica del país agudizado por esta, con largas colas, carencias de productos básicos, una elevada inflación y largos cortes eléctricos.
El gobierno cubano las sigue catalogando como “disturbios”, aunque ha llegado a reconocer la existencia de reclamos “legítimos” entre los manifestantes. Además, las ha vinculado con una campaña que, asegura, está organizada y financiada desde EE.UU. con el fin de promover un “cambio de régimen” en la Isla.