Un anteproyecto de ley de la Comunicación Social fue publicado este martes por el Ministerio de Justicia de Cuba (Minjus), con vistas a iniciar un proceso de consultas especializadas y recibir criterios de la población sobre la normativa.
El documento, que cuenta con 12 capítulos y 69 artículos, así como varias disposiciones finales, aborda y regula los diferentes ámbitos de la comunicación, entre ellos las esferas mediática, institucional y comunitaria, e incluye igualmente la actividad periodística, la marca país y los procesos comunicativos en el espacio digital.
Además, cuenta entre sus novedades con un acápite dedicado a la publicidad y el patrocinio, dos temas históricamente vetados, salvo excepciones, en los medios estatales cubanos, tema que será desarrollado con mayor amplitud en una de las normas complementarias a la ley, al igual que lo referido a las contravenciones.
Así lo informaron este martes en conferencia de prensa autoridades cubanas del sector, participantes en la redacción del texto, quienes insistieron en el carácter “integrador” de la norma, a la que calificaron de “inédita” y “estratégica” para el país en el actual contexto nacional e internacional.
Publicado en el sitio web del @CubaMinjus el Anteproyecto de Ley de la Comunicación Social
📌https://t.co/to5IiCyhHi
Abre la posibilidad de estudiar el texto y emitir opiniones, para lo cual se habilitó el correo electrónico
📩leycomunicacionsocial@minjus.gob.cu#CubaLegisla— SPACE ID (@EarlyRetiredCC) July 12, 2022
Los especialistas explicaron que la norma responde a lo pautado sobre la Comunicación Social en la actual Carta Magna del país, aprobada en 2019, y persigue la construcción de un sistema comunicativo “más robusto”, que garantice “la defensa del orden constitucional vigente”.
Además, los expertos afirmaron que la ley no busca “restringir” los procesos y prácticas comunicativas en Cuba, sino pautar sobre los mismos con la intención de superar la “dispersión legislativa” existente al respecto en la Isla, y también contribuir a la educación de las personas en materia comunicacional.
Aseguraron que la redacción del texto fue resultado de un proceso de estudio de varios años, en el que se consultaron normativas y documentos previos sobre el tema en el país y también un amplio grupo de legislaciones internacionales e investigaciones académicas.
El anteproyecto, del que se han elaborado ya 32 versiones, puede ser descargado del sitio web del Minjus para su lectura y análisis, y los interesados pueden emitir opiniones a través de un correo electrónico (leycomunicacionsocial@minjus.gob.cu) y otras vías que se habilitarán para ello. Entre estas, los expertos mencionaron canales telefónicos y digitales de los que “se informará oportunamente”, y llamaron a las personas a “enriquecer” con sus opiniones la redacción definitiva de la norma.
La consulta no tiene aún una fecha de cierre definida, aunque se espera que se extienda más allá de los meses de verano. Tampoco se cuenta todavía con una posible fecha para la presentación ante la Asamblea Nacional de la versión resultante de la consulta y para la presumible aprobación de la norma.
Esta, según expusieron las autoridades a la prensa, estaba concebida inicialmente como un decreto-ley que debía aprobarse este año, pero durante su elaboración subió al rango de ley, lo que ha hecho prolongar el proceso.
Aun cuando se ha manejado el asunto desde hace décadas, Cuba no cuenta hasta la fecha con una ley de prensa u otros aspectos relacionados, y el sector ha estado regulado hasta ahora por resoluciones y decretos puntuales, y documentos del gobierno y el Partido Comunista. El más reciente, la Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno cubanos, es una de las bases de la nueva norma, detallaron los especialistas.
La Constitución cubana afirma que los medios de comunicación “son de propiedad socialista”, lo que excluye la posibilidad de medios privados y ha mantenido hasta el momento al periodismo independiente en un vacío legal. Sus practicantes, en particular los que sostienen una postura crítica o de oposición al gobierno, suelen ser vistos con recelo por las autoridades o acusados de propagar informaciones falsas y estar al servicio de intereses extranjeros, lo que cual ya puede ser penado según el nuevo Código Penal de la Isla.