Caja extra: el primer “mal paso” de la bancarización

El servicio implica la entrega de efectivo que los establecimientos suelen necesitar en sus operaciones y que no resulta fácil extraer hoy.

Foto: Kaloian.

Casi dos años después de que el Banco Central de Cuba (BCC) estableciera las cajas extra, el municipio camagüeyano de Vertientes pretende llegar a tener una decena de esos puntos de distribución de efectivo.

Hasta ahora, allí solo funcionaba una caja extra, ubicada en el punto de venta de gas licuado. Las autoridades locales se han propuesto abrir otras nueve, en tiendas de la ciudad cabecera y las comunidades de Los Ángeles y Batalla de las Guásimas.

Vertientes tiene alrededor de 50 mil habitantes y es el segundo municipio más extenso del país. Solo cuenta con cobertura 4G en su cabecera, y con servicio 3G en las otras comunidades mencionadas. En el resto del territorio, las comunicaciones son tan deficientes como el transporte, que hace a la mayoría de las personas pensar varias veces antes de emprender algún viaje, incluso dentro del municipio.

A pesar de esas circunstancias, en los últimos años los principales empleadores estatales comenzaron a pagar sus nóminas mediante tarjetas magnéticas. Para obtener el efectivo, los vertientinos deben acudir a los dos bancos de la localidad o a la ciudad de Camagüey. Esa última opción implica un recorrido —ida y vuelta— de entre 50 y 100 kilómetros, dependiendo de si se viaja desde la cabecera del municipio o de las comunidades cercanas a la costa sur. El transporte de pasajeros corre a cargo de camiones y autos privados, que en los últimos dos años —en promedio— cuadruplicaron el precio de sus pasajes.

¿Cómo vive la bancarización uno de los cien municipios sin cajeros automáticos?

En Camagüey solo funcionan cajeros automáticos en la capital de la provincia y en los municipios de Esmeralda, Florida y Nuevitas. Con ligeras variaciones, la situación se repite a lo largo de la isla. En Matanzas, ocho de los trece municipios tampoco cuentan con cajeros. Un reportaje de octubre de 2022 del periódico Girón señalaba que, sin embargo, en esos territorios se había distribuido una cuarta parte de las 794 mil tarjetas bancarias activas en la provincia.

Menos de un tercio de los clientes de dichas cuentas las habían asociado a los servicios de banca telefónica, trámite básico para acceder a opciones como la caja extra. Este es un paso que debe realizar obligatoriamente el cliente, más allá de si dispone de un smartphone con conexión y las habilidades tecnológicas necesarias.

Caja extra, ¿solución ante la falta de efectivo?

De acuerdo con la Resolución 231/2021 del Banco Central de Cuba, el servicio de caja extra está orientado, en lo fundamental, a la entrega de efectivo a las personas naturales. Es resultado de la colaboración entre un banco comercial, ETECSA y la entidad en que se ubica la caja, por lo regular una unidad comercial, definida en la resolución como “agente corresponsal”.

El sistema es simple: el cliente escanea el código QR del establecimiento y hace una transferencia a la cuenta bancaria de este por el monto que desea extraer. Luego, el dependiente que lo atiende comprueba la validez de la operación, inscribe sus datos en un registro y le entrega el dinero debitado (el monto máximo de extracción al principio de la implementación del sistema era de 500 pesos diarios, luego de mil, y recientemente fue elevado a 5 mil pesos).

La norma especifica que el “dinero en efectivo que los agentes corresponsales entregan a los clientes procede de los ingresos que perciban por sus ventas […] Los bancos no anticipan dinero en efectivo a los agentes corresponsales.”

Los agentes corresponsales reciben una comisión por transacción, que varía en dependencia del banco al que prestan el servicio. En promedio, esa comisión es de cinco pesos por cada mil transferidos y un peso adicional por operación.

Empleados de varias tiendas de Camagüey consultados coincidieron en señalar que, más que un beneficio, el servicio de caja extra supone un trabajo adicional por el que no les pagan y que entorpece sus labores principales. Además, implica la entrega de efectivo que los establecimientos suelen necesitar en sus operaciones y que, en las condiciones actuales, no resulta fácil extraer de los bancos.

Bancarización en Cuba: el oído en la calle

La administradora de una bodega en la provincia, por su parte, explicó que la venta de la canasta básica le reporta pocos ingresos, por lo que dispone de fondos para apenas una o dos operaciones diarias de caja extra.

Otra variable a tener en cuenta en el mal desempeño de las cajas extra es la escasez de dinero en efectivo que sufre el país. Por cada mil pesos de dinero físico se pagan hasta 1 100 pesos de dinero en transferencia. Para algunos empleados de centros con disponibilidad de efectivo pudiera resultar atractivo incorporarse a ese negocio, no es el caso de la mayoría de las agencias corresponsales habilitadas hoy en la isla.

Una solución poco funcional

A mediados de agosto último la Agencia Cubana de Noticias (ACN) recorrió varias farmacias de Matanzas para verificar el anuncio de que en 25 establecimientos de ese tipo funcionaba el servicio de caja extra. Pero no muchas personas lo utilizaban, reveló una dependienta de una de las farmacias más céntricas de la ciudad.

Las farmacias no suelen realizar operaciones cuantiosas. Los medicamentos tienen precios bajos si se les compara con otros productos y servicios, incluso estatales, por lo que no resulta fácil allegar el efectivo necesario para atender una sola extracción de 5 mil pesos.

Actualmente, ese es el monto máximo permitido por cliente al día. La Resolución 231/2021, dictada en septiembre de 2021 por el BCC para regular el funcionamiento de las cajas extra, facultó a los bancos comerciales —Metropolitano, de Crédito y Comercio, y Popular de Ahorro— para establecer límites máximos en las extracciones de dinero y otras tareas asumidas por las cajas. En teoría, en esos también se pueden pagar “servicios públicos básicos”, entregar recaudaciones, y gestionar “giros y remesas locales y en el exterior”. Como incentivo, los bancos pagan una comisión a las entidades a cargo de las cajas.

Esa comisión es de cinco pesos por cada mil dispensados, más uno por operación. En Matanzas, ese “estímulo” no había bastado para impulsar la expansión del servicio: en octubre de 2022, de las 187 cajas habilitadas en la provincia, solo habían funcionado como tal 48 (25,7 %), por un monto de alrededor de 657 mil pesos; casi un año más tarde la situación prácticamente no ha variado, constató la ACN.

En sus comienzos, la caja extra se pensó —sobre todo— para establecimientos de carácter comunitario, como bodegas, puntos de venta de gas licuado y farmacias. Con el tiempo, se ha extendido a correos, casas de cambio, y empresas gastronómicas y de servicios. La prensa estatal está llena de anuncios al respecto, pero de pocos seguimientos a su actividad posterior.

Los que se han hecho suelen coincidir con el periódico Sierra Maestra, que en julio de 2022 denunciaba el “desconocimiento, burocracia, falta de control […] como causas que han colocado a la Caja Extra en un plano de postergación”. Al cabo de un año, la decisión del Banco Metropolitano de que 19 de sus sucursales abrieran los domingos de julio para dispensar efectivo —durante los feriados el número de sucursales dedicadas a esa función subió hasta 42— da idea de cuán poco funcional sigue resultando la red de cajas extra creada en La Habana.

“A ese asunto le ‘tiramos’ poco, por no decir nada. Aquí se recogen casi 200 balitas tres veces por semana y se despachan otras tantas en los días alternos. Las mañanas se van en atender a los clientes, y las tardes en procesar las tarjetas que se recogieron, despachar las balitas vacías y recibir las llenas, ir al banco o la empresa… Todo eso con menos personal y más problema de conexión y transporte. Si en medio de la cola yo dijera: ‘un momento, que voy a atender una caja extra’, los propios clientes me ‘comían’. ¡Es que, para agilizar el despacho, la gente hasta trata de traer exactos los 180 pesos que cuesta la balita! Todo esto del comercio digital es muy bonito sobre el papel, pero es otra cosa cuando se tiene que tratar con el público”, me contó un dependiente de uno de los puntos de gas licuado de la ciudad de Camagüey.

Dos años de insistencia

“Siempre van a existir operaciones con efectivo, pues comprendemos que no toda la población tiene acceso a los medios digitales, o sabe utilizarlos para realizar las operaciones comerciales”, declaró el ministro presidente del BCC, Joaquín Alonso Vázquez, durante una Mesa Redonda sobre la bancarización emitida a comienzos de agosto. Entre las alternativas resaltaba el servicio de caja extra, “que se continuará ampliando en las bodegas, mercados y otros establecimientos”.

Sus declaraciones llevaban implícito un contrasentido. Para utilizar la caja extra es necesario disponer de un teléfono inteligente, y que la cuenta de la cual se pretende extraer efectivo esté asociada a los servicios de banca telefónica. Dos requisitos que no cumplen muchos de los jubilados y trabajadores a quienes en los últimos años el Estado comenzó a pagar mediante tarjetas.

Ya en agosto del año pasado, funcionarios de Bandec le habían comentado al periódico Invasor que registraban un incremento de las operaciones en los cajeros automáticos de Ciego de Ávila: en septiembre de 2021 los 10 cajeros de ese banco habían realizado 23 951 operaciones; en agosto del año siguiente, 68 200. Mientras, las 56 cajas extra establecidas en la provincia no “acababan de despertar”.

Nueve meses más tarde, en mayo de este año, la situación era prácticamente la misma. Tras consultar un informe institucional, ese semanario reveló que el servicio de caja extra se limitaba a la capital de la provincia —descontando una inusual extracción ordenada en el municipio de Florencia— y la cuantía total de sus operaciones superaba por poco los 51 mil pesos; la red de cajas extra seguía contando con los mismos puntos con que había iniciado.

El 11 de agosto, a una semana de haber sido promulgada la Resolución 111 —sobre la bancarización—, el ministro, presidente del BCC, consideró que algunos de sus artículos “deben ser tratados con más cautela para lograr un mayor entendimiento de la población”. Sus declaraciones, citadas por el sitio institucional del BCC, no profundizaban en qué aspectos de la nueva legislación serían objeto de tal tratamiento. Respecto a la pretendida gradualidad de la bancarización —“se irán creando las condiciones paulatinamente”, dijo el directivo— o la atención a los sectores con dificultades para asumir la digitalización financiera, como los ancianos.

Al día siguiente de la videoconferencia en que tuvo lugar aquella intervención, el crítico de cine Juan Antonio García elogió en Facebook el buen trato que había recibido en la caja extra del recinto ferial de la ciudad de Camagüey. Su post concluía insistiendo en la necesidad de promover la “alfabetización tecnológica”. Significativamente, a pocas decenas de metros de distancia la cola para los cajeros automáticos ubicados en ese complejo comercial no menguaba.

Resistencia al cambio o no, en cualquier otro país tal circunstancia ameritaría un análisis por parte del sistema bancario y —probablemente— rectificaciones. Nada que ver con Cuba, donde a dos años de haberse promulgado la legislación sobre las cajas extra se sigue insistiendo en su viabilidad; poco importa lo que haya demostrado la experiencia.

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