La extinción de la Unión Nacional de Acopio y la reducción del 41 por ciento del personal del Ministerio de la Agricultura –6 mil 441 cargos menos y más de 15 millones de pesos anuales ahorrados en salarios– quizá sean dos de las medidas más importante aprobadas en el sector agropecuario cubano luego de que el gobierno permitiera a finales de 2008 la entrega en usufructo de las tierras ociosas en el país.
La información fue dada este viernes por el ministro del ramo, Gustavo Rodríguez Rollero, quien rindió cuentas de su gestión ante los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que sesiona por estos días.
Y aunque las nuevas disposiciones no van a propiciar per se un crecimiento en la producción de alimentos en el país –tampoco logrado con el paquete de regulaciones y flexibilizaciones de los últimos 6 años–, en ambas puede notarse, al fin, la necesaria separación de funciones empresariales de las de gobierno que conciernen al Ministerio de la Agricultura, así como una posible reducción de las trabas burocráticas que minan la producción y comercialización de productos agropecuarios.
Dentro de las medidas anunciadas por el ministro, 17 de ellas –de carácter inmediato– están encaminadas a eliminar obstáculos en el desarrollo de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), otras 23 a “igualar en condiciones” a las formas productivas, así como la integración al sistema de Comercio Interior de los 378 mercados y mil 538 placitas que gestiona Acopio.
Rodríguez Rollero informó, además, que las empresas que operan en el sistema agropecuario cubano se integrarán en dos grupos: uno, ganadero (con 80 empresas y 4 institutos de investigación); y otro, agrícola (con 50 empresas y 5 institutos), según reportó el sitio web del semanario Trabajadores.
Igualmente, el ministro cubano dio cuentas de la extinción de 298 UBPC y 105 Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), “que no tenían posibilidades de recuperación” además de la creación de 5 nuevas UBPC.
El perfeccionamiento del sistema de la agricultura cubana, según dijo el ministro, incluye 3 fases hasta diciembre de 2016, que incluirán transformaciones en el sistema presupuestado y estatal, la creación de empresas provinciales y concluirá con la extinción de las delegaciones municipales y provinciales que posee el Ministerio para crear direcciones de la agricultura propias para los Consejos de la Administración en municipios y provincias.
Todo esto, afirmó, es fruto de las experiencias adquiridas en las provincias de Artemisa y Mayabeque, donde se experimentan nuevas formas de gestión estatal.
Semejante movimiento estructural pudiera motivar nuevas prácticas en la producción y comercialización de alimentos si este sector logra captar los suficientes volúmenes inversionistas –ante su profunda descapitalización– a través de la Ley de Inversión Extranjera y la prioritaria atención que el gobierno ha otorgado a la agricultura con vista a posibles inversores.
De las 6.3 millones de hectáreas de tierras cultivables que Cuba posee, más de 1 millón se mantienen ociosas según datos de 2013. Desde 2008, según datos gubernamentales, las tierras entregadas en usufructo ascienden a más de 1.5 millones de hectáreas.
Otros datos ofrecidos en las sesiones del Parlamento cubano sitúan a más de 900 mil personas vinculadas al sistema de la agricultura, lo que representa el 13.2 por ciento de la población en edad laboral de la Isla.
Aun así, este sector solo representa un famélico 4 por ciento del PIB, a la vez que el país debe importar cada año más de 2 mil millones de dólares en alimentos.