Un total de 45 establecimientos comerciales en Cuba fueron cerrados al no permitir pagos electrónicos a sus clientes, tal como establece una resolución del Ministerio de Comercio Interior (Mincin), que entró en vigor el pasado 2 de diciembre.
Un informe publicado en el sitio oficial Cubadebate dio a conocer que acciones de control determinaron que 893 entidades no cumplen con la norma establecida, que forma parte de los esfuerzos por extender la bancarización al sector comercial de la isla, tanto estatal como privado y cooperativo.
Bancarización controversial
El proceso, manejado en un principio a marcha forzada, ha sido blanco de un aluvión de críticas por algunos expertos y también por la población.
Las quejas han estado motivadas, entre otras razones, por los fallos de la infraestructura tecnológica que suele no soportar en ocasiones la recarga o congestión del tráfico o que es víctima de los endémicos apagones que sobre todo sufren quienes viven fuera de La Habana.
Desde el presidente Díaz-Canel hasta los funcionarios bancarios han intentado aplacar las quejas reiterando que se trata de un proceso gradual que no pretende hacer desaparecer el papel moneda.
Según el comunicado oficial, las violaciones detectadas fueron más repetitivas en los emprendimientos de trabajo por cuenta propia (TCP) y en los puntos de venta o mercados agropecuarios pertenecientes al Ministerio de la Agricultura (Minag).
Cierre y sanciones para quienes no cuenten con canal de pago electrónico, advierte el Mincin
Advertencias desglosadas
Como requisito para los establecimientos comerciales objeto de inscripción en el Registro Central Comercial (RCC), de manera temporal o permanente, la normativa establece la obligatoriedad de poseer las facilidades de pago por las pasarelas nacionales o terminales de punto de venta para la comercialización de bienes y prestación de servicios al consumidor.
De acuerdo con datos entregados por el Mincin a la prensa, antes de la entrada en vigor de la norma fueron advertidos 10 723 actores económicos.
De ese total, 4 192 son entidades estatales y 5 653 son trabajadores por cuenta propia; 827 son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes); 47 son proyectos de desarrollo local (PDL) y 5 son cooperativas no agropecuarias (CNA).
El 58 % de esa entidades y actores no poseían ninguna pasarela de pago, precisó el informe estatal.
Operación de control
Mirurgia Ramírez Santana, directora de Regulación del Mercado y Mercadotecnia del Mincin, dijo que en febrero se efectuaron 3 341 acciones de control en todo el país, con el propósito de evaluar la implementación de la normativa.
La funcionaria explicó que se controlaron 1 895 actores económicos estatales y 1 446 formas de gestión no estatal.
La inspección derivó en 89 multas y 75 retiros de autorizaciones comerciales, proceso que condujo al cierre de 45 establecimientos.
Ramírez Santana comentó que La Habana, Artemisa y Matanzas son las provincias que realizaron más acciones de control; mientras que Cienfuegos y Holguín solo cubrieron el 1,4 % y 2,6 % de lo muestreado.
En el caso del Ministerio de la Industria Alimentaria, los incumplimientos se asocian, fundamentalmente, a las panaderías de subordinación local.
Otras estadísticas indican que el 73 % de los actores económicos controlados cumplen lo establecido en la Resolución 93; mientras que el 62 % de los incumplimientos se identificó en el sector no estatal.
Igualmente la inspección determinó que son insuficientes las medidas adoptadas y, aunque en menor grado, aún se presentan atrasos en la contratación y activación de los Códigos QR de Transfermóvil, una de las plataformas de pago instrumentadas en la isla para el pago electrónico.
Violaciones de la ley
La resolución 93/2023 del Mincin abarca las actividades de Comercio mayorista y minorista, los servicios gastronómicos o de alimentación social, los servicios técnicos comerciales y de uso doméstico y los de alojamiento a cargo de empresas del Poder Popular.
Son consideradas como violaciones efectuar una actividad comercial sin estar inscrito, no mantener las condiciones requeridas para ejercerla y no actualizar la licencia comercial, así como burlar la obligatoriedad de contar con diversos canales de pago electrónico, de acuerdo con fuentes oficiales.
El marco punitivo a quienes incumplan lo normado abarca las multas, el cierre del establecimiento y el decomiso de los instrumentos, equipos, mercancías o efectos que dan lugar a la contravención.