Recientemente el gobierno cubano ratificó a la Empresa Estatal Socialista como el principal actor de la economía cubana. Así quedó refrendado en el Decreto Ley 34/2021 publicado en la Gaceta Oficial del pasado 7 de mayo sobre el Sistema Empresarial Estatal Cubano.
Luego de más de 60 años sin encontrar el camino de la eficiencia empresarial cubana, el gobierno de la Isla insiste en perpetuar una estructura económica obsoleta que ha quedado excluida o reducida, incluso, en las economías de los pocos países que se auto declaran socialistas en el mundo: China y Vietnam específicamente.
Desde hace varios años, sobre todo después de la caída del campo socialista en Europa, los gestores del gobierno cubano vienen tratando de encontrar el camino sin que se hayan resuelto los problemas, a mi juicio, fundamentales de la economía cubana, bloqueo de Estados Unidos aparte. Algunos de estos problemas son: la obsolescencia tecnológica de la industria cubana; la base eminentemente agrícola de la economía que no ha resuelto, siquiera, el problema de la alimentación básica de la población; la falta de acceso a fuentes de financiamiento y mercados; el divorcio de los estándares internacionales para productos y servicios cubanos; el poco conocimiento de la demandas del mercado doméstico e internacional, el desbalance comercial del país; la creciente deuda pública; la inflación y el incremento del gasto social, entre otros.
Se trata de factores que solo en parte dependen del impacto, real y objetivo, del bloqueo económico y financiero del gobierno de los Estados Unidos a la Isla. En buena medida son resultado de la ineficiencia y falta de definición de un modelo económico que se ha intentado adaptar a las condiciones de Cuba, pero que no ha tenido en cuenta el funcionamiento de la economía mundial para su diseño e instrumentación.
Con la implementación de la denominada Tarea Ordenamiento en enero de 2021 se pusieron al descubierto estas y otras insuficiencias y fragilidades del sistema económico y empresarial cubano. En este marco, algunos tecnócratas y funcionarios del sector estatal de la Isla han comenzado a enunciar nuevos pretextos para justificar la ineficiencia económica que se suman al impacto del bloqueo. La prolongación de la pandemia de la COVID-19 por más de año y medio y la eliminación de fuentes importantes de ingreso para la economía del país, como el turismo, han sido encuadradas por el discurso oficial cubano como resorte de la crisis, y sacado, de hecho, a flote las vulnerabilidades de la maquinaria económica cubana.
Recientemente, en este mismo espacio, el profesor Juan Triana Cordoví lo comentaba en su artículo “Las quinientas y los dueños”. 500 empresas cubanas, todas clasificadas como “Empresas Estatales Socialistas”, han anunciado pérdidas en sus resultados económicos en lo que va de año. La noticia podría parecer intrascendente, lo dice el profesor Triana Cordoví, para cualquier economía, pero para la de la Isla los datos deficitarios guardan impactos serios.
La pregunta sería: ¿Habrían reportado pérdidas esta misma cantidad de empresas si no hubiese ocurrido la pandemia? Mi respuesta es que buena parte de ellas lo hubiera hecho de igual manera pues los problemas, más que circunstanciales, son estructurales.
“La empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional; dispone de autonomía en su administración y gestión; desempeña el papel principal en la producción de bienes y servicios, y cumple con sus responsabilidades sociales, según lo establecido en la Constitución de la República”, dice el Artículo 20.1.del referido Decreto-Ley. El cuestionamiento latente ante este encuadramiento protagónico de la Carta Magna cubana es cómo podrían de hecho las Empresas Estatales Socialistas desempeñar un papel central en la economía si el propio decreto, en su carácter instrumental, no se ocupa de resolver antes los problemas estructurales elencados aquí, que son en definitiva el mal “de raíz”.
La nueva legislación aprobada, un guiño a la tan demandada “Ley de Empresas” que desde hace tanto tiempo falta en el modelo económico cubano, legitima otros actores económicos que, lejos de simplificar, complican aún más el entramado empresarial cubano y sus ya complejas interrelaciones.
Con el Decreto, se introduce un nuevo personaje: las Empresas Filiales, una versión mejorada, pero igualmente sesgada por falta de atribuciones y el resto de los problemas ya mencionados anteriormente, de las actuales Unidades Empresariales de Base (UEB), las cuales seguirán dependientes de la ineficiencia que se arrastra a todos los niveles.
Recientemente también se ha estado hablando mucho de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) como fórmula mágica para resolver los problemas económicos que yacen en la estructura del modelo cubano.
La fórmula de las PYMES ha sido más que probada en todas las economías del mundo desde principios de siglo XX. Hoy llegan a alcanzar entre el 50% del aporte al Producto Interno Bruto (PIB) en las economías globales y entre el 60 y 70% del empleo, incluso la de Estados Unidos, China o España, por solo citar tres ejemplos. En algunos informes anuales de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización de Naciones Unidas (ONU), se les reconoce por su alto aporte al desarrollo de la economía mundial. Por tanto, no es un descubrimiento cubano.
En Cuba se ha hablado mucho del tema y se ha creado la expectativa mediante la retórica oficial, pero aunque la legislación que regula su existencia, funcionamiento y atribuciones fue recientemente aprobada, aún no se conoce su contenido.
Importaciones para las formas de gestión no estatales: más allá de las cifras
Empresa Estatal Socialista, Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial, Unidades Presupuestadas, Sociedades Mercantiles de capital 100% cubano, Empresas Cooperativas (en sus tres variantes), Unidades Empresariales de Base; Empresas Filiales, Micro Empresas, Pequeñas Empresas, Medianas Empresas y Trabajadores Por Cuenta Propia (TCP). Demasiados “actores” para un mismo escenario, complejizado además por los lastres acumulados a lo largo de los años, y no se habla de lo más importante: cómo resolver y eliminar los problemas estructurales que limitan el desarrollo de la economía cubana.
El Anuario Estadístico de Cuba con cierre en 2019 reconoce que existen en Cuba 617.000 Trabajadores Por Cuenta Propia (TCP), eufemismo con el que las autoridades de la Isla se refieren al trabajador privado. El propio profesor Triana Cordoví en el artículo mencionado anteriormente saca sus propias cuentas con la autoridad que le permite su magisterio en materias económicas. Si se liberan de verdad las fuerzas productivas de esta cifra pueden nacer 3.000 nuevas empresas privadas en Cuba que seguro movilizarán la economía y su eficiencia. Y no estoy hablando de neoliberalismo ni de privatizar la economía; tampoco de renunciar a los programas sociales que ha impulsado, y tratado de preservar, el modelo socialista cubano.
En mi opinión, no obstante, la hegemonía estatal debe restringirse únicamente a los sectores estratégicos de la economía, dígase la defensa, las grandes industrias, la salud pública, la educación, entre otros, todos altos consumidores de recursos financieros. ¿Y de dónde van a salir estos recursos? Del sistema de impuestos que se organice en el país, como sucede en todo el mundo.
Con la denominada Tarea Ordenamiento han surgido otros problemas estructurales de mucho riesgo para el futuro del país y de su economía y que las autoridades no saben cómo controlar. Uno de ellos: la dolarización. Ya nadie se cuestiona si era el momento o no de eliminar la dualidad monetaria y cambiaria en medio de una profunda crisis agravada por la pandemia. Lo que sí se cuestionan todos los cubanos es la nueva contradicción que se ha introducido con la expansión de las ventas en Moneda Libremente Convertible (MLC) que las autoridades anunciaron como “medida transitoria” para recoger divisas circulantes en la base y para obtener recursos que permitirían abastecer los mercados de alimentos. En principio, su gestión estaría orientada solo para la venta de productos que no son de primera necesidad pero hoy abarcan también los productos imprescindibles.
El problema estructural es sencillo. ¿Cómo podría un campesino pagar equipamiento agrícola en MLC cuando el Estado le paga sus producciones en CUP? ¿Dónde adquiere este campesino divisas convertibles para realizar estas operaciones? Se dice que de sus exportaciones, aún cuando el propio Ministerio de Comercio Exterior (MINCEX) reconoció en abril pasado que de los 1756 contratos que las “formas de Gestión no Estatal” habían firmado con las empresas autorizadas por el gobierno para realizar estas operaciones, solo 87 contratos eran con fines de exportación. Es la vieja fórmula de quién vino primero, la gallina o el huevo, pero es un problema que hay que resolver y eso, a mi juicio, solo ocurrirá dándole verdadera autonomía a las empresas, sobre todo a aquellas que se creen con capital privado como pequeñas o medianas empresas.
Es verdad que Cuba está cambiando. Se ha producido un cambio generacional en la dirección política y económica, que tendrá un período de tránsito. El impacto del bloqueo es evidente y desde los años 90 del pasado siglo se han producido transformaciones socio demográficas en el país que, indiscutiblemente, han modificado los escenarios y la conducta del cubano medio, pero a mi juicio, todo debe hacerse más rápido y profundo para que Cuba pueda desarrollar su economía en el mundo actual.
El mundo ha cambiado y Cuba tiene que hacerlo también. Pretender estar en una urna de cristal, renegociando una y otra vez con el Club de París y otros acreedores la cada vez más creciente deuda pública del país o viviendo de trueques con el amigo de turno, no es el futuro que esperan los cubanos, los de cada lado de la frontera, inclusive. Esta es la gran realidad.