El gobierno cubano acaba de anunciar que pasará a manos de cooperativas 13 mil cafeterías y restaurantes del Estado. La medida dará un nuevo empujón al sector económico no estatal, cuyo número se había estancado en el medio millón de trabajadores.
Una gran parte de estos comercios son una ruina. Los gerentes y dependientes roban, multan y venden productos que ellos mismos compran en la calle, mientras el Estado les brinda de forma gratuita el local, la luz y el agua para hacer sus negocios.
Los camiones que los abastecen les entregan parte de la mercancía “por la izquierda”, los inspectores se venden sin el menor reparo y los cubanos consumen productos que no han pasado ni siquiera por los mínimos controles sanitarios.
Compran mercancía de dudosa procedencia, fríen mil veces con el mismo aceite y las raciones siempre son más pequeñas, aunque en los restaurantes anuncien pomposamente que el plato de arroz frito pesa exactamente 348 gr y el de espaguetis 406 gr.
El control que el Estado tenía sobre estos comercios no era más que un espejismo. Entregarlos a los empleados para que ellos los administren a su gusto es simplemente legalizar una situación que ya existía desde hace muchísimo tiempo.
Además, otras reformas económicas permitieron la apertura de miles de cafeterías privadas y cientos de restaurantes, enfrentando a la gastronomía estatal a una competencia a la que no estaba acostumbrada y para la que no estaba preparada.
Con la nueva medida el Estado se librará de la mitad de los inspectores-sanguijuelas que necesita hoy, cobrará los impuestos, el alquiler del local y los servicios de agua y luz. Además de aplicarles controles sanitarios más estrictos en la medida en que deja de ser juez y parte.
Este paso aligerara también la burocracia estatal de miles de funcionarios dedicados hasta ahora a abastecer de mercancías a todos los negocios de gastronomía, realizar la contabilidad general, fijar precios, regular los pesos o dar mantenimiento a los locales.
En 1968, cuando se lanzó la Ofensiva Revolucionaria que nacionalizó el pequeño comercio, se pensaba que el Estado sería capaz de administrarlo. Cuatro décadas después y habiendo probado decenas de variantes, la mayoría de los cubanos cree que fue fracaso.
En realidad no se trata de una incapacidad particular de Cuba, ningún gobierno es capaz de dirigir y controlar absolutamente toda la economía de una nación. Los que lo han intentado terminaron cambiando de sistema como la URSS o de modelo como Vietnam y China.
Es que para los poderes del Estado siempre habrá asuntos prioritarios como la macroeconomía, la salud, la energía, la educación, la defensa o el turismo. Es inimaginable que un Consejo de Ministros pueda también resolver el peso o el precio de una hamburguesa.
Esta reforma no parece una elección ideológica, entre socialismo o capitalismo sino entre el caos y un mínimo de orden. Es imposible planificar una economía mientras gran parte de ella sea subterránea y funcione sobre la base del robo al Estado.
De alguna manera, esta reforma en la gastronomía a nivel nacional pretende adaptar el modelo a la realidad, tras comprobar, durante décadas, lo infructuoso que resulta intentar meter la realidad dentro de un modelo preconcebido.
