El primer ministro Manuel Marrero presentó este miércoles a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular el plan de su Gobierno en busca de la llamada “estabilización macroeconómica”, en medio de una crisis sin precedentes desde la década de 1990.
El proceso, que en palabras de Marrero se desenvuelve en “un camino duro y tortuoso”, contiene ocho objetivos generales para implementar las proyecciones gubernamentales y persigue igualmente, como han reiterado las autoridades, “corregir distorsiones” en el entramado económico.
Como parte del mismo ya se eliminó la exención de pago de impuestos por seis meses a los trabajadores por cuenta propia que se reconvirtieron en mipymes o en cooperativas no agropecuarias, y de hasta un año a los actores no estatales de nueva creación.
También se aplicó un impuesto de 10 % sobre las ventas de las personas naturales y jurídicas que comercializan productos agropecuarios.
Tales herramientas fiscales han recaudado 10 095 millones de pesos, cifra que duplica lo planificado y supera en 8 mil millones de pesos a igual período del 2023, aseguró el premier.
Igualmente, se han captado 3400 millones de pesos más, y para el 2025 se prevé recaudar 9925 millones de pesos por la eliminación de beneficios fiscales, añadió.
Por otra parte, el alza de los precios minoristas de los combustibles permitió colectar 4860 millones de pesos y 13 millones 200 mil USD.
El rediseño de los precios a los cigarros y tabacos consiguió percibir 1728 millones de pesos; y un proceso similar en el sector de los productos de Medicina Natural y Tradicional permitió la reducción de 713 millones de pesos del presupuesto.
“Economía de guerra”: aumenta la fiscalidad y combate la evasión
En su informe, Marrero dijo que una adecuación del Plan y el Presupuesto 2024 a las condiciones actuales de lo que llamó “economía de guerra”, condujo a una reducción del déficit fiscal en 25 349 millones de pesos, así como un ajuste de las partidas de gastos e inversiones no ejecutadas.
En paralelo, la entrega de mayores facultades a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) y la creación del Grupo Interinstitucional para el desarrollo de la Vigilancia Fiscal, permitió una mayor detección de actores económicos evasores y subdeclarantes, según el primer ministro.
En tal sentido, el Gobierno determinó que la evasión fiscal de los negocios privados, solo por el impuesto sobre las ventas, a partir de la evaluación de las importaciones, es de unos 50 mil millones de pesos entre el 2023 y hasta abril de 2024.
Al respecto, el economista Pedro Monreal se preguntó en X “cómo el emergente sector no estatal habría sido capaz de defraudar al omnipresente gobierno cubano” por un monto de esa naturaleza.
“Si ese fuera el caso, estaríamos ante un caso de colosal incompetencia gubernamental”, consideró el reconocido analista.
No queda claro cómo el emergente sector no estatal habría sido capaz de defraudar al omnipresente gobierno cubano por un monto de 50 mil millones de pesos. Si ese fuera el caso, estaríamos ante un caso de colosal incompetencia gubernamental pic.twitter.com/MYZX2qNloj
— Pedro Monreal (@pmmonreal) July 17, 2024
En este escenario, Marrero celebró el incremento de las acciones en materia fiscal por parte de las autoridades.
“Se han recaudado 159 000 millones de pesos, 10 % más que lo planificado, y se ejecutaron 122 mil acciones de fiscalización”, pormenorizó.
Más adelante, sostuvo que “aunque estemos en economía de guerra, necesitamos tener un plan objetivo”, en lo cual se inserta la reducción del déficit fiscal en más de 25 mil millones de pesos.
Sin embargo, dijo, el monto total de pesos “que está en la calle circulando en estos momentos es de 400 mil millones” y “está concentrado en un 10% de la población”, precisó Marrero y previó que incluso esta cifra “pudiera superar” para el cierre del año los 600 mil millones.
Cepo de precios
Defendiendo una lógica anti-inflacionaria, el gobierno decretó un cepo de precios a seis productos de alta demanda: pollo, aceite, leche en polvo, salchichas, pastas alimenticias y detergentes, medida que incluye la exoneración de los aranceles de importación.
La norma, que fue contestada en las redes por emprendedores y consumidores en direcciones críticas o aprobatorias contrapuestas, ha derivado en lo que muchos fuera del Gobierno previeron: el ocultamiento o la reducción drástica de algunos productos topados, con el pollo troceado el artículo menos visible y más perseguido por los clientes.
El pollo troceado “vuela” de las mipymes de Sancti Spirítus, avisa la prensa local
La respuesta gubernamental ha sido una ofensiva de fiscalización que en 48 horas acumuló más de 13 millones de pesos en multas por violaciones e ilegalidades, además de ventas forzosas, retiros temporales de licencias y decomisos de mercancías.
“Hay 7300 inspectores en la calle y podemos llegar a 20 mil”, advirtió al respecto el máximo cargo gubernamental. No obstante, reconoció que “la solución definitiva a los altos precios es producir más e incrementar la oferta de bienes y servicios a la población”.
“Eso es progresivo. Pero hacen falta medidas como estas”, justificó Marrero.
Tierras en usufructo
Otro de los puntos candentes y estratégicos del informe de Marrero fue el estado de las tierras estatales entregadas en usufructo, una política que arrancó hace más de treinta años con resultados decepcionantes hasta el presente.
“Hasta la fecha, se han depurado 388 mil tenentes, detectándose 130 000 ilegalidades”, contabilizó Marrero.
A la par, comenzó el censo integral a la existencia de ganado mayor y su registro. “Se han visitado a 107 mil propietarios y se han detectado 98 mil violaciones, de las que se ha resuelto el 66%”, explicó.
Ante lo evidente, Marrero admitió que no se alcanzan rendimientos adecuados y que la responsabilidad de la alimentación sigue siendo del gobierno. “Si no contratamos, no sabemos el destino de esas producciones y se empiezan a vender a precios abusivos. Es vital incrementar la contratación de las producciones, evitar intermediarios”, dijo.
Al cierre de junio, se había contratado el 95 % de los productos agrícolas, “un proceso que no ha estado exento de dificultades”, acotó, en tanto enfatizó la importancia de que cada municipio tenga definidas sus necesidades y potencialidades agrícolas.
“Ratificamos que los alimentos más seguros con que podemos contar son los que seamos capaces de producir”, dijo el premier cubano, en alusión directa a las onerosas importaciones de la canasta básica que en los últimos años ha sufrido de restricciones y caos distributivo.
Según Naciones Unidas, Cuba importa un 80 % de lo que consume y según reportes oficiales, el país dedica más de 2 mil millones de dólares al año a comprar en el extranjero los productos que vende subvencionados por la llamada libreta de abastecimiento.
Azúcar, otra vez plan incumplido
Aún extendiendo su duración de 83 días a 150 días, la cosecha de azúcar, una de los renglones históricos de la isla, volvió a incumplir el plan previsto para satisfacer la demanda.
“Tenemos que incorporar la inversión extranjera en la producción azucarera en el país”, avanzó Marrero, quien citó un rosario de adversidades, entre ellas “limitaciones de recursos, como combustibles y lubricantes” y “deficiencias internas por problemas organizativos”.
La campaña anterior solo logró 68 % de los 1,2 millones de toneladas planificadas, es decir, 816 mil toneladas.
En 1895, año en que estalló la segunda guerra independentista en la isla, la zafra fue de un millón 4 264 toneladas de azúcar. La de 2023-2024, con un plan incluso inferior a las previas, quedó nuevamente por debajo de lo previsto, aunque aún no se informa la cifra definitiva.
Ley de Empresas a la vista
En su discurso en la Asamblea Nacional, el primer ministro dijo que se trabaja en la elaboración de la política para la Ley de Empresas, la actualización de las normas jurídicas para los nuevos actores económicos y el ordenamiento de las relaciones entre tales factores.
Uno de los asuntos polémicos de ese nuevo ordenamiento jurídico son las prestaciones o articulaciones de las empresas estatales con el sector privado.
Según Marrero, hay empresas que van más allá de arrendar capacidades ociosas o “encadenarse” con los privados y alquilan, ceden sus instalaciones y capacidades, lo que afecta su producción e incluso a sus propios trabajadores.
“Estamos estimulando el encadenamiento productivo. No podemos prohibir a una mipyme que una empresa le alquile los talleres. Pero con las empresas estatales sí tomaremos medidas. Hay que defender el encadenamiento productivo para estimular la producción sin afectar a la empresa”, advirtió.
Los nuevos principios regulatorios entre el sector estatal y los actores privados, preciso Marrero, se buscan fomentar el encadenamiento y “no ceder capacidades productivas”. También establecen los procesos de licitación con carácter obligatorio y que el objeto social de la actividad declarado en el contrato se corresponda con lo que se produce.
Igualmente, los privados no podrán contratarse por las empresas estatales cuando el socio o titular del negocio tenga vínculos de parentesco o haya trabajado en la entidad, al tiempo que, como ya se estableció en una resolución, las empresas e instituciones del Estado no pueden exceder el límite de gastos aprobados para realizar compras a las formas no estatales.
“No se puede permitir que haya más de un 30% de ganancia. Hoy, a veces se aplica hasta el doble o el triple de ganancia”, afirmó Marrero, a contrapelo de los cuestionamientos y análisis de expertos y empresarios, que apuntan a la excepcionalidad del escenario cubano, desabastecido y sin un mercado cambiario oficial que garantice las divisas necesarias a los negocios privados.
Enmendando “distorsiones” y “vacíos legales”
En sintonía con declaraciones anteriores sobre el tema, el primer ministro aseveró que las normas que se implementan tienen como objetivo “corregir” las “distorsiones” generadas por vacíos en las disposiciones anteriores y por violaciones de lo establecido.
En consecuencia, las normas incluyen seis decretos leyes, dos decretos y 17 resoluciones de diferentes ministerios que tienden a un mayor control y fiscalización territorial de los negocios privados.
El nuevo cuerpo legal busca propiciar que todos los actores económicos tributen al desarrollo territorial, sean mipymes o cooperativas no agropecuarias (CNA), al tiempo que descentraliza la toma de decisiones, que ahora corresponderá a las autoridades municipales.
Las regulaciones también se involucran en la apertura de establecimientos fuera del domicilio legal con aprobación del gobierno municipal correspondiente y la declaración de la licitud del origen de los fondos para costear los emprendimientos.
De igual manera, se establece la obligación de los socios de no actuar en representación o interés de otra persona, por lo que, al menos oficialmente, se prohíbe la existencia de testaferros.
Por otra parte, se exigirá la condición migratoria del residente efectivo, para ser socio de una mipyme o cooperativa no agropecuaria. Tal condición es establecida en la nueva Ley de Migración que debe ser aprobada en estos días por el parlamento y su alcance, aun cuando ha sido explicado parcialmente, no se conoce aún con total exactitud.
Importación de vehículos
En su informe parlamentario, el primer ministro también anunció una nueva política para la transmisión de la propiedad de vehículos de motor, remolques y semirremolques, su comercialización o importación.
Los vehículos de motor y carrocerías de uso que estén disponibles dentro del país, se comercializarán en moneda nacional —hasta ahora el Gobierno ha vendido autos en divisas y a precios elevados, que han provocado numerosas críticas— y se permitirá la importación de vehículos a personal diplomático, representantes de empresas cubanas en el exterior y las misiones de colaboración.
A su vez, se incorporarán para la importación de vehículos de motor nuevos requisitos que “garanticen la compatibilidad técnica” y se autoriza que la empresa Servicios Automotores S.A (SASA) pueda importar y comercializar carrocerías de vehículos de motor y cuadros de motos, en divisas convertibles, “exclusivamente como reposición”.
En paralelo, se autorizará la transmisión de propiedad entre las personas naturales y jurídicas (excepto las diplomáticas extranjeras), cumpliendo el régimen tributario correspondiente.
También se acota la cantidad y tipos de vehículos a importar por las formas no estatales, y se permite la importación de motos de combustión y triciclos.