Hace unos meses se anunció que habría modificaciones en el Decreto-Ley 46/2021 “Sobre las micro, pequeñas y medianas empresas”. El objetivo de los cambios es regular distorsiones y adaptar el funcionamiento de este actor económico, según las deficiencias detectadas desde la entrada en vigor del documento el 19 de agosto de 2021.
Todavía no se han promulgado las nuevas normas, pero en la Asamblea Nacional de diciembre de 2023, noticiada por Cubadebate, el primer ministro, Manuel Marrero, adelantaba conceptos a tener en cuenta en la futura normativa.
Primero, se mencionó la necesidad de “promover la constitución de empresas mixtas entre entidades estatales y mipymes privadas”. En el referido decreto no se incluyó la posibilidad de constituir empresas mixtas entre mipymes privadas y empresas extranjeras, como recoge el actual Decreto-Ley, cuyas normas complementarias no han sido aprobadas. Este aspecto, muy reclamado por mipymes nacionales y por empresarios extranjeros, por algunas razones, podría dar un vuelco absoluto al estado de la inversión extranjera en el país.
Seguidamente, se recogió la necesidad de “aprobar la norma jurídica que establezca los principios para las relaciones entre actores estatales y no estatales”, delineándose algunos aspectos de la futura norma, cuando se agregaron los siguientes comentarios del premier:
“¿Cómo es posible que una empresa estatal alquile sus talleres, en vez de encadenarse? Eso es ceder su capacidad productiva. ¿Qué futuro tienen esos trabajadores?”.
“Proponemos el encadenamiento, pero el verdadero encadenamiento productivo. ‘Tengo el taller, los mecánicos, pero no las piezas. Y usted, de la mipyme, tiene financiamiento para arreglar maquinaria y echar a andar de conjunto, repartir beneficios, rescatar capacidades subutilizadas”, manifestó Marrero en la referida reunión.
Me parece ingenuo pensar que las mipymes privadas estarán ansiosas de poner su financiamiento y recursos para que la empresa estatal produzca y gestione y entre ambas se repartan las utilidades. Tampoco lo ha estado el capital extranjero.
Esta idea parte del erróneo concepto de que a las empresas estatales lo único que les hace falta es financiación.
En el mundo empresarial suele asegurarse que los emprendedores enfrentan muchos problemas, incluido el de la financiación; pero de esos problemas, el del dinero suele ser el menor.
Después de constituida una empresa y aportado un capital inicial, si un emprendedor tiene un negocio estable y promisorio, un producto demandado, un mercado, una generación de ingresos y buenas utilidades, en el exterior la financiación suele aparecer sin mayores dificultades.
Pero financiar en Cuba una actividad en la que los trabajadores no están debidamente estimulados, en la que existen múltiples normativas para fijar precios topados, para obtener utilidades, dificultades de todo tipo para continuar con el pago a proveedores y disponer de los recursos financieros de la empresa, y muchas otras trabas… ¿quién querrá continuar depositando recursos en planes de negocio no muy fáciles de cumplir?
La existencia de fábricas, talleres y mecánicos no garantiza el éxito de un emprendimiento, solo porque alguien ponga las piezas y el financiamiento.
La situación actual de muchas empresas estatales (pérdidas, baja rentabilidad y baja productividad, entre otras) no solo se debe a que no disponen de recursos frescos, sino a que son incapaces de generar nuevas utilidades para mantener el negocio de forma ininterrumpida, devolver financiaciones, pagar sus obligaciones corrientes y generar valor. O, en otros casos, sí son capaces de generarlos, pero después un organismo superior se los quita, o no deja a las empresas disponer de ellos. Lo hemos visto suceder cuando, por ejemplo, una empresa que tiene utilidades las ve redistribuidas porque otra del grupo del cual forma parte tiene pérdidas.
Las formas de gestión no estatal (FGNE) buscan salida a los problemas, no siempre de forma convencional. Un ejemplo es la conversión de la moneda nacional a divisas y su devolución a financistas y proveedores externos. Una empresa estatal, con sus controles y normas internos, difícilmente podría adaptarse a estos métodos de trabajo, indeseados y no recomendados, pero impuestos por la realidad. Y sin esas soluciones no ortodoxas, en la actualidad es muy difícil que pueda sobrevivir un negocio.
¿Y la continuidad del negocio? Se suele olvidar —y lo mismo pasa con la inversión extranjera— que inicialmente puede haber materia prima y recursos para un primer ciclo productivo, pero para que los siguientes ciclos funcionen hay que reinvertir los recursos obtenidos de la producción, y no continuar solicitando a terceros más recursos y piezas. ¿Quién garantizará que la moneda nacional obtenida de las ventas que hace la empresa privada a la estatal podrá ser canjeada a divisas, tanto para continuar la producción, como para devolver la financiación inicial obtenida de la mipyme, que necesita divisas para seguir creciendo?
Sería posible olvidar estos planes y que la realidad dicte el resultado final. Pero en las frases de Marrero mencionadas al inicio del texto está implícita una orientación: la de no alquilar a mipymes los talleres de la empresa estatal, muchas veces sin uso, para ponerlos a disposición de algo más beneficioso. Sería perfecto, si la empresa estatal de hecho usara esos espacios para alcanzar lo que es más beneficioso para ella.
¿Y si no se logra? ¿A las empresas estatales les será prohibido alquilar sus locales ociosos, en búsqueda del “verdadero encadenamiento”? Eso sí podría tener de inmediato las siguientes consecuencias:
- A muchas empresas estatales les será difícil obtener mayores ingresos, por no poder producir en locales ociosos, ni poder alquilarlos.
- Muchos trabajadores de las empresas estatales son contratados por las mipymes que alquilan los locales de esas empresas. Si las mipymes no pueden alquilar esos locales, menos futuro tendrían esos trabajadores.
- La sociedad reclama que las mipymes produzcan. Las que comercializan pueden disponer de garajes, portales y otros espacios de casas particulares. Pero las que desean producir (no solo en pequeña escala) difícilmente podrán hacerlo en casas privadas. Si no pueden alquilar locales y talleres a empresas estatales, no podrán dedicarse a la producción; por cuanto tendrían que encontrar terreno privado, gestionar costosas autorizaciones y construir obra civil propia para ubicar sus talleres productivos.
No debe olvidarse que hasta hace muy poco no estaban permitidas fábricas, ni talleres, ni producción privada. ¿A quién les alquilaría entonces los locales la empresa estatal?
No creo que forzar la producción cooperada sea la mejor vía para alcanzar el éxito, como tampoco lo es la estructura mixta entre la empresa estatal y las FGNE, por cuanto volvemos al círculo vicioso: invertir en una empresa estatal muchas veces termina en pérdida de la inversión.
En los últimos tiempos se ha venido mencionando que no se desea prohibir la actividad de las mipymes, lo cual sería un retroceso, sino “continuar avanzando en su conducción y alineación a los objetivos estratégicos”, según apuntó Marrero. Está muy bien que así se reconozca, sin perder la visión de que muchas veces las actividades económicas cesan, no porque alguien las haya prohibido, sino porque, dado el contexto, resulta inviable continuarlas.
Esperemos que las esperadas nuevas normas sobre las mipymes no conduzcan a este desenlace final.