La Habana del siglo XXI está signada por la coexistencia de edificaciones de varias épocas y períodos históricos. Está marcada, asimismo, por problemas sociales a los que hizo referencia, en más de una ocasión, el desaparecido arquitecto Mario Coyula. Ellos son el deterioro acumulado del patrimonio construido y el hacinamiento de las llamadas “familias extendidas” que conviven en pequeños inmuebles, producto de la deprimida situación de la vivienda en la capital cubana. Pero otros problemas graves nos acechan: las violaciones de las regulaciones urbanísticas, una asignatura pendiente de aprobar.
Cuando se habla de planeamiento territorial y urbano, en la noble Habana, inevitablemente se piensa en la arquitecta Georgina del Loreto Rey (Santa Clara, Villa Clara, 1946). Y es que Gina Rey, como todo el mundo la conoce, fungió como Directora Provincial de Planificación Física en La Habana durante muchos años. Graduada en 1970 de arquitectura en la Universidad de La Habana, en la especialidad de Planificación regional y urbana en 1970, es además Doctora en Ciencias Técnicas, Master en Ordenamiento Territorial y Urbano de la Facultad de Arquitectura de La Habana.
Dentro de su ejercicio profesional estuvo además la dirección del Grupo para el desarrollo integral de la capital, el trabajo vinculado al desarrollo urbano y comunitario, el planeamiento participativo, programas de desarrollo nacional y regional, políticas de desarrollo de hábitat, asentamientos precarios, rehabilitación urbana, desarrollo local y puesta en valor del patrimonio cultural.
Gina es de las que apuestan por una arquitectura racional, funcional, con mirada social e inclusiva. En exclusiva para OnCuba conversamos con esta sobresaliente mujer que acaba de ser reconocida con el Premio a la Vida y Obra de Arquitectura 2015 que otorga la Unión Nacional Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba (UNAICC).
¿Cuál es la función que desempeña la Dirección Nacional de Planificación Física (DNPF)?
“Es el organismo rector de todas las regulaciones urbanas a nivel nacional en los principales asentamientos poblacionales del país. No obstante, ciudades, pueblos y poblados tienen sus regulaciones urbanísticas propias.
“He tenido la posibilidad de conocer muchos de esos cuerpos regulatorios y, desde el punto de vista técnico están al mismo nivel que los internacionales. Además para su escritura y elaboración se ha tomado la experiencia de distintos países latinoamericanos y de España. La dificultad está en hacerlos cumplir”.
¿Quién es el encargado de velar por el cumplimiento de esos cuerpos legales?
“Pienso que tiene que hacerlos cumplir la propia dirección de Planificación Física pero, sin un apoyo de las autoridades y gobiernos locales, es muy difícil lograrlo. Se necesita también del apoyo de la policía, como se hace en otras naciones.
“En ese sentido, lo veo como un problema cultural porque los gobiernos locales no sienten, directamente todavía, que eso es parte de su responsabilidad, tal vez por la verticalización que existe. Planificación Física, a pesar de estar subordinado al Poder Popular y contar con un Instituto Nacional, funcional también de una manera vertical.
“Una de las cuestiones más preocupantes es que, a la par de los particulares, el Estado también vulnera las regulaciones urbanísticas por un problema de incomprensión y de conciencia social. Muchas veces se ven como un freno a los gobiernos locales porque quieren desarrollar determinadas iniciativas y las regulaciones no se lo permiten. No es un capricho nuestro.
“Tiene que haber un orden en la sociedad, de la misma manera que en la familia, la escuela, el trabajo. La ciudad, por su complejidad, necesita de un reglamento para garantizar la convivencia, para defender los espacios públicos y, al mismo tiempo, para respetar el derecho individual de las personas”.
¿Qué acciones concretas ha efectuado la DNPF en los últimos tiempos?
“La política que se ha seguido es comenzar por las zonas costeras porque tenían un problema de transgresiones, bastante serio. Allí se estaban haciendo muchas construcciones ilegales tanto estatales como particulares.
“Se han priorizado las áreas costeras pero el problema en las ciudades no se ha enfrentado todavía y hay que actuar, con el mismo rigor que en las zonas costeras, porque se está afectando la imagen urbana y el patrimonio de zonas muy importantes en la capital como son: Centro Habana, el Vedado y Miramar.
“Se han producido cambios y alteraciones en las edificaciones, incluso a nivel urbano, de los espacios públicos, que en muchos casos son irreversibles. No se puede esperar mucho más”.
Una solución podría ser publicar las regulaciones urbanísticas en una revista especializada, o en algún tipo de tabloide especial, porque la mayoría de la población y también las instituciones estatales, como no tienen acceso a ellas, las desconocen.
“Ese es uno de los grandes problemas que tenemos: las regulaciones son desconocidas no solamente por la población sino por los organismos estatales que tienen que aplicarlas y respetarlas. Tampoco las conocen algunos gobiernos locales, delegados del Poder Popular, diputados de la Asamblea Nacional y Presidentes de los Consejos Populares.
“Hay un total desconocimiento al respecto y eso, lógicamente, incide en que determinados sectores de la población, conscientemente, se aprovechen de la situación –esa especie de limbo legal que existe- para transgredir las regulaciones urbanísticas.
“Por otra parte, se debe hablar de manifestaciones de corrupción que persisten en no pocos lugares a la hora de acometer obras, aprobadas tácitamente por los inspectores sin que hubiera una documentación legal, y que esos representes de legalidad permiten que se ejecuten”.
En materia de violaciones constructivas estatales y desorden urbanístico ocupa un lugar preponderante la llamada “Ruralización de la Habana”, esos ranchones que se han emplazado en medio de la urbe.
“Esa es una violación con fuerte base cultural: un ranchón se ve bonito en la periferia de la ciudad, por ejemplo, en un lugar como el Parque Lenin, y enseguida se quiere copiar uno idéntico en Miramar, al lado o al fondo de una edificación que responde a la arquitectura del Movimiento Moderno. Esos son dos estilos totalmente incongruentes”.
En los últimos tiempos se ha comenzado a hablar más del tema en la prensa escrita y en los medios de comunicación. Incluso el espacio televisivo La Mesa redonda, le dedicó una emisión a la planificación física. ¿Piensa que llegará a ordenarse urbanísticamente el país, en un futuro cercano?
“Soy optimista. Pienso que sí. Creo que si algún país tiene condiciones para lograrlo es Cuba. La sociedad cubana, con el alto nivel de instrucción de nuestra población, será capaz de entender las regulaciones urbanísticas. Pero esa labor educativa tiene que comenzar por la escuela primaria. La educación cívica debe incorporar las regulaciones urbanísticas, una temática que actualmente no se imparte.
“Insisto, la enseñanza artística es muy importante desde las edades más tempranas y el sistema de educación cubano tiene que retomar esa materia”, concluye la también Profesora auxiliar de la Facultad de Arquitectura de La Habana.