La Fiscalía pidió hasta nueve años de cárcel para seis participantes en la protesta que en mayo de 2023 tuvo lugar en Caimanera, municipio colindante con la base naval estadounidense de Guantánamo.
Según un reporte de la agencia española Efe, en total, la Fiscalía pide una sanción conjunta de 37 años de prisión por los delitos de desórdenes públicos, atentado e instigación a delinquir, de acuerdo con un escrito fechado el domingo. Las edades de los imputados oscilan de entre los 27 y 50 años.
El 6 de mayo de 2023, un grupo de vecinos de Caimanera se manifestó en contra de la gestión del Gobierno y los largos apagones que se registraban en el municipio, recuerda Efe.
A la protesta le siguió una fuerte movilización policial y la represión de algunos de sus integrantes, precisa Efe. La Fiscalía -que argumentó que hubo “resistencia” al arresto en algunos acusados- añadió que al lugar acudieron miembros de la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior. Durante la protesta, varios usuarios reportaron la caída del internet en todo el país.
En el escrito, la Fiscalía señala que dos de los acusados iniciaron la marcha presuntamente en estado de ebriedad -algo que han negado los activistas- al grito de “abajo el comunismo”, “patria y vida” y “nos están matando de hambre”, apunta Efe.
Ambos, siempre según esta acusación, buscaron que más vecinos se les uniesen. Posteriormente, junto con otros, se dirigieron a la sede local del Partido Comunista de Cuba para seguir gritando consignas “por espacio de 15 minutos” y volvieron al punto en el que se inició la protesta. Dos de los imputados están bajo prisión preventiva.
Solo por las manifestaciones del 11 de julio de 2021 (11J), las mayores en décadas, se han registrado unas 700 sentencias de cárcel, algunas de hasta 30 años, según registros de distintas ONGs.
Concluye el juicio contra 14 cubanos por las protestas de Nuevitas en 2022
Asimismo, estas organizaciones cifran por encima de 1.000 los presos políticos en el país, una categoría de prisioneros que el Gobierno cubano rechaza, pues desde su perspectiva estas personas han sido juzgadas por delitos comunes.
El Gobierno cubano también ha tachado de “contrarrevolucionarios” a los manifestantes procesados y ha asegurado que estas protestas han sido organizadas y financiadas desde el exterior con el objetivo de acabar con el sistema socialista imperante en el país, apunta el reporte.