El gobierno de España comunicó a sus empresas establecidas en Cuba que desestimará todas las demandas judiciales procedentes de Estados Unidos impulsadas por la activación del Título III de la Ley Helms Burton.
De acuerdo con el diario El País, el ejecutivo ibérico aseguró a las compañías con intereses en Cuba que rechazará las reclamaciones estadounidenses.
Los ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia e Industria convocaron a 16 empresas afectadas por la política estadounidense, entre ellas Iberostar, Meliá, el banco BBVA, el despacho de Garrigues y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, para informarles al respecto.
Debido a la existencia de un reglamento europeo que deja sin efecto las resoluciones de juzgados que hagan efectiva la cuestionada ley estadounidense, el gobierno español dará por no recibidas las notificaciones contra compañías de sus nacionales en casos de estar dirigidas a empresas, juzgados o al Ministerio de Justicia.
El País recuerda que el Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea (UE), aprobado en 1996, rechaza los efectos de la Ley Helms-Burton en cualquier Estado miembro. Con este reglamento, la UE deja sin reconocimiento la aplicación extraterritorial de una legislación por considerarla contraria al derecho internacional.
La decisión de desestimar las reclamaciones estadounidenses contra sociedades españolas es “una de las muchas” medidas que irá tomando el gobierno, según la publicación.
El Título III podría generar una oleada de reclamaciones judiciales a ambos lados del Atlántico. En su momento, el gobierno estadounidense estimó que reactivarlo abriría la puerta a unos 200.000 casos. Las demandas presentadas, inactivas hasta mayo porque la norma no estaba en vigor, rondaban las 6.000.
La decisión del gobierno español sobreviene días antes del viaje de los reyes a la Isla, la cual se realizará entre el 11 y el 14 de noviembre próximos, y poco después de la visita del canciller español y futuro jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien reiteró en La Habana el rechazo a la Helms-Burton y a cualquier medida “extraterritorial y unilateral”, tanto de su gobierno como del bloque comunitario.