La Biblia y la política

Conversación con Amós López Rubio, Pastor bautista y teólogo, decano del seminario Evangélico de Teología de Matanzas.

Foto: Kaloian Santos.

El Código de las Familias es un momento político de significación. Entre los datos más destacables que lo circundan está la emergencia política pública de determinados grupos religiosos. Este hecho invita a indagar en las condiciones, alcances, argumentos y sentidos que los describen como actores políticos.

En días recientes se hizo pública una declaración de la Convención Bautista Occidental, referida al Código de las Familias. La declaración manifiesta la “discordancia con algunos puntos del proyecto del Código de las Familias, que consideramos irreconciliables con nuestra fe, a la luz de las Sagradas Escrituras”.  Esta Convención alberga más de 500 iglesias y anuncia una feligresía de 70 mil personas, una cifra a considerar en el mapa eclesial cubano.

Más allá de la relevancia de este número, es importante analizar la postura bíblico teológica fundamentalista que esgrime, haciendo una lectura literalista de la Biblia, lo cual cobra mayor significado cuando interpela el orden moral social, más allá del mundo de la fe, y cuando, en consecuencia, entra de manera abierta en el campo del Derecho y la política.

¿Dónde se juega la política?

Converso en esta ocasión con Amós López Rubio, Pastor bautista y teólogo, decano del seminario Evangélico de Teología de Matanzas.

¿Qué lugar ocupa, según su consideración, esta tendencia fundamentalista dentro del campo eclesial cubano?

Entiendo que es una tendencia mayoritaria, considerando en ese campo eclesial a las iglesias católicas y a las iglesias evangélicas que sostienen estas posturas, las cuales poseen un elevado número de miembros. Tanto la jerarquía de la Iglesia Católica como el liderazgo de las evangélicas han emitido declaraciones oficiales donde exponen claramente sus posicionamientos y preocupaciones en relación al Código de las Familias.

Aún así, tampoco debe entenderse que el cien por ciento de sus miembros compartan estos criterios. Al interior de las congregaciones puede existir una diversidad de opiniones que no serán recogidas en estas declaraciones oficiales. Las declaraciones nos pueden asegurar el posicionamiento del liderazgo, incluso de la mayoría de los miembros de sus iglesias, pero nunca de la totalidad de estos.

Respecto a otras iglesias que se sitúan de un modo más favorable al Código, no se conocen declaraciones oficiales que sean explícitas en relación a los contenidos del proyecto de ley en discusión. A mi juicio, la principal razón de esto es justamente la imposibilidad de poder emitir posicionamientos que intenten representar el criterio de la mayoría y el respeto por el ejercicio de la libertad de conciencia, un principio transversal a las iglesias de tradición protestante.

Por otro lado, la falta de estos pronunciamientos oficiales tiene la desventaja de no ofrecer a la consideración pública otros posicionamientos éticos y teológicos sobre las propuestas del Código, lo cual limita las posibilidades de discernimiento desde esa amplia franja poblacional que está por fuera de los ámbitos religiosos y eclesiales, pero que sí lee y comenta los textos que se comparten en las redes. Esta realidad opera a favor de una mayor influencia de las iglesias que se pronuncian en la formación de la opinión pública.

En su declaración, la Convención Bautista Occidental refiere pasajes bíblicos para afirman criterios excluyentes respecto al matrimonio, la relación entre los hombres y la mujeres, el lugar del padre en la educación de hijas e hijos, la homosexualidad, la gestación entre parejas homoparentales, por sólo anotar algunos puntos. ¿Es la Biblia un texto de exclusión sobre el orden moral y la vida en comunidad?

Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos proyectos de nación (o de comunidad cristiana) que contienen elementos de exclusión desde una determinada moralidad que sintoniza con una pretendida “pureza religiosa”. La noción de “pueblo elegido” en torno a Israel es excluyente en relación a otros pueblos y culturas. Esta postura fue marcadamente exclusivista durante el proyecto de nación construido alrededor del segundo templo de Jerusalén, a la vuelta de los exiliados en Babilonia donde el peso de las discriminaciones cayó enfáticamente sobre mujeres y extranjeros.

Las primeras comunidades cristianas también experimentaron el conflicto de las exclusiones ante el desafío de ser comunidades de iguales en obediencia a la enseñanza y práctica de Jesús, quien coloca al ser humano en el centro de su proyecto liberador más allá de los condicionamientos culturales, políticos, económicos y religiosos que acentuaban divisiones y privilegios. La crítica a una moralidad decadente y discriminatoria es evidente en el ministerio de Jesús toda vez que su proyecto de comunidad del reino abrazaba a quienes eran despreciados por las normas de pureza ritual, religiosa y cultural vigentes.

El apóstol Pablo, en su carta a la iglesia en Galacia, se hace eco también de esta confrontación que vivió la iglesia primitiva en aras de articular un nuevo orden de vida y de relaciones humanas, cuando afirma que en Cristo no hay ni judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni amo. Se trataba de una propuesta contracultural, entiéndase antipatriarcal, que establecía un nuevo marco referencial ético para los cristianos y las cristianas.    

¿Qué diferencias implican las lecturas literalistas de la Biblia y las lecturas contextualizadas?

Una lectura literalista implica una comprensión y aplicación irresponsables del texto bíblico, en tanto no lo contempla como una producción y un testimonio cultural, históricamente situado y por tanto orientado hacia una realidad social determinada. A su vez, todo texto también tiene una reserva de sentido que puede trascender su marco histórico y transmitir un mensaje válido para otras generaciones en otras circunstancias históricas. La lectura contextual intenta justamente desentrañar esos sentidos nuevos, facilitar ese salto hermenéutico de una realidad a otra pero a partir de una consideración rigurosa tanto de la finalidad original de los textos como de la realidad actual a la cual se quieren aplicar.

Leer la Biblia de manera literal es desconocer el pasado y desconocer el presente, es querer aplicar normas, sentidos y prácticas de un tiempo que ya no es el nuestro. Descubrir y asumir aquellos mensajes bíblicos que tienen un valor permanente es un ejercicio que requiere de fidelidad al pasado y al presente, no con el propósito de imponer comportamientos o juicios condenatorios sino de promover la emancipación de toda forma de opresión, el pensamiento crítico, la dignificación y plenitud de la vida sobre la base del amor, la solidaridad y el respeto.  

¿Se advierte en el contexto cubano un uso político de las interpretaciones bíblicas?

La aplicación de textos sagrados a la realidad política buscando hacer funcional esa realidad a intereses hegemónicos ha sido una práctica habitual en las religiones. En el caso del cristianismo, basta recordar toda una tradición teológica que por siglos ha sustentado la articulación del poder eclesiástico con el poder político, incluso supeditando el segundo al primero.

Estas posturas comenzaron a perder influencia en la sociedad occidental desde los inicios de la modernidad. Sin embargo, hoy día asistimos a una “vuelta de lo religioso” que se expresa de múltiples maneras. Una de ellas tiene que ver con el fortalecimiento de los fundamentalismos religiosos que encuentran espacios de incidencia cada vez mayores en la opinión pública; para desde ahí intentar contener las dinámicas sociales de cambio que se abren al reconocimiento de nuevas diversidades y nuevos derechos, apelando a valores y principios tradicionales de cuño religioso, en este caso cristiano, y reafirmando la moralidad patriarcal dominante.

En el caso cubano, estas posturas entran en conflicto con el hecho de ser Cuba un Estado laico, donde los procesos legales no se rigen por principios religiosos y buscan responder más bien a necesidades humanas sobre el principio de la inclusión, la justicia social y el reconocimiento de derechos.

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