A principios de noviembre el gobierno provincial de Villa Clara alertó sobre el peligro que implicaba consumir las semillas de frijol como sustitutas del grano. Más de 50 toneladas se habían comercializado en tiendas de la Unidad Empresarial de Base de Semillas, en Villa Clara. Supuestamente eran para la siembra. Pero los planes de cultivo no eran tan ambiciosos como para justificar esa demanda.
El aparente sinsentido tenía una motivación económica: “El precio del frijol se ha disparado a más de cien pesos la libra, por lo que hoy resulta más barato adquirir el que se oferta para sembrar”, revelaba el periodista Jesús Álvarez López en entrevista al director de la sucursal villaclareña de la empresa nacional de semillas, Allan Ramírez.
Tal práctica entraña un gran peligro, enfatizaba el funcionario: “es un producto tóxico, por el veneno que se usa para tratarlo […] debemos alertar que puede provocar un accidente a su familia o cualquiera que lo consuma”.
Nueva crisis, viejos problemas
Por esas fechas, la semilla de frijol se vendía a 75 pesos la libra. Mientras, el frijol negro se cotizaba entre 120 y 130 pesos en los mercados agropecuarios. Desde entonces, el valor del segundo llegó a alcanzar en fin de año los 170 pesos en la región central. El aumento se debe a las perspectivas de una cosecha insuficiente y el tope de precios decretado por las autoridades, que “sumergió” buena parte de su comercio.
La región central, otrora emporio granelero de Cuba, no ha conseguido recuperarse de la plaga de trips de las flores del frijol que entre el final de 2019 y el comienzo de 2020 arrasó las plantaciones en la mayoría de las provincias. La producción nacional, que en 2018 había alcanzado las 161 513 toneladas, decreció en 2020 hasta 65 779, y a 57 642 toneladas en 2021, el último ejercicio del que se tienen datos oficiales.
La escasez de plaguicidas —causa fundamental de aquella crisis— sigue siendo una de las dificultades que enfrentan los agricultores cubanos. Ante la imposibilidad de resolverla, las autoridades han señalado que “nadie puede poner trabas que se unan al complejo escenario que significa el déficit de recursos e insumos”. Así reclamó el miembro del Secretariado del Partido Comunista, Félix Duarte, al revistar los preparativos para la campaña de invierno en Villa Clara.
Más campos sembrados, pocas cosechas
La actual campaña de siembras de frío se planificó como la mayor de la última década en Cuba. Unas 424 900 hectáreas deben cultivarse entre septiembre (2022) y febrero (2023), 18 400 más que las plantadas en la campaña anterior y un 17 % por encima de los promedios anuales desde 2012.
La meta es poner en producción todos los terrenos disponibles, incluidos los recién entregados en usufructo, anticipó el Ministro de la Agricultura, Ydael Pérez Brito.
Pero, ni en el mejor de los escenarios las cosechas bastaría para cubrir la demanda nacional.
Luego de registrar un pico de siembras y producciones en el bienio 2016-2018, la agricultura cubana entró en retroceso. Esto se debe a la falta de recursos y a los efectos del Ordenamiento Monetario. El caso extremo ha sido el del arroz, cuya producción se redujo a la mitad entre 2018 y 2022. Situaciones similares se han verificado en otros cultivos como las viandas, cuya cosecha se contrajo de 2,8 millones a 2,1 millones de toneladas entre 2017 a 2021.
Por otra parte, las frutas cerraron el período acopiando 770 mil toneladas, casi un 20 % menos que cuatro años antes. Ni siquiera el tabaco consiguió escapar a la tendencia negativa. En 2021 la campaña aportó 21.900 toneladas, 9.000 menos que en 2017.
De los 19 renglones listados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei) en su análisis de la “agricultura no cañera”, solo el cacao experimentó un crecimiento relativo entre 2017 y 2021. La cosecha de la fruta se elevó de 245 a 1472 toneladas.
La denominación de “relativo” no es ociosa. En 2019 llegaron a acopiarse 1799 toneladas de esa fruta y un año después, 1577. La subsiguiente caída de sus entregas da cuenta de un fenómeno al que no escapa ningún rubro de la agricultura nacional. La disminución de las cosechas y el desvío de parte de la producción remanente hacia el mercado informal los sigue afectando.
Más importaciones
“Antes, cuando distribuían el paquete tecnológico [el subsidio de insumos y combustible] daba negocio venderle al Estado. Lo mismo les pasaba a los criadores porcinos. Recibían piensos por vender sus animales más baratos que en la calle. Al principio del Ordenamiento mantuvieron los precios de compra sin considerar que todas las cosas habían subido. Y cuando los aumentaron, no lo hicieron lo suficiente como para compensar los gastos de los insumos en MLC de Gelma [el Grupo Empresarial Logístico del Ministerio de la Agricultura]. Si uno busca las cosas en la calle es lo mismo. Cuando el Estado sube, todo el mundo sube”, explicó Miguel Ángel, un arrocero de la provincia de Camagüey al cual entrevisté.
La historia de Miguel Ángel se repite por toda la geografía arrocera de la isla. Luego de años vendiendo sus producciones a la empresa estatal correspondiente y de participar en un programa de fomento del cereal asesorado por vietnamitas, el recorte drástico de los subsidios y los “errores de diseño” de la Tarea Ordenamiento lo hicieron reducir sus siembras. Entre esos errores está, por ejemplo: que se haya pasado la venta de fertilizantes, piensos, etc., a Moneda Libremente Convertible (MLC) sin un ajuste de precios correspondiente.
La realidad es que Miguel Ángel ya no siembra tanto como antes. Pero buena parte de lo que cosecha va a parar a su mesa y a manos de compradores privados.
Menos estímulo a la producción doméstica
El Estado paga a menos de cuatro pesos la libra de “arroz cáscara húmedo” y, en promedio, deben procesarse dos de estas para obtener una libra del cereal destinado al consumo humano. Siguiendo la escala oficial de precios, en 2020 cada libra del alimento demandaba una inversión de alrededor de diez pesos para su producción.
A muchos arroceros les da más la cuenta si asumen por sí mismos. “No faltan los negociantes interesados en comprar el arroz a 35, 40 o hasta 50 pesos la libra, para después venderlo en sus puestos de los mercados. Todo es legal, ellos pagan impuestos”, comentó Miguel Ángel.
Así sucede con un porcentaje creciente de las producciones de leche, frijoles o frutas, pese a la fiscalización del MINAG y de las autoridades locales. También pese al aumento de pagos a los campesinos por sus productos. La demanda del mercado informal y la venta de insumos en MLC suponen elementos de presión. El acopio estatal no tiene cómo hacerles frente.
A Cuba le convendría pagar mejor sus producciones domésticas, en lugar de sustituirlas con importaciones. Un caso arquetípico es el del arroz. En junio de 2020, el director de la división tecnológica de ese cereal en el MINAG, Lázaro Díaz, Rodríguez, detalló al diario Granma que el país invertía unos 319 dólares en producir cada tonelada. Para adquirir la misma cantidad en el exterior debía erogar 520 dólares como promedio.
Casi dos años y un Ordenamiento después, la ventaja seguía estando en el arroz isleño. Desde 2019 el valor de la tonelada importada subió de 468 a 633 dólares, consignó en febrero de 2022 Viceprimer Ministro y Ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández.
Cuestión de prioridades
En el último lustro el sector agropecuario cubano se benefició con apenas el 5 % de las inversiones anuales realizadas en Cuba, y menos del 3 % de las obras de construcción y montaje. Ello, a pesar de que las importaciones de alimentos constituyen —junto a las de combustibles— las dos partidas de gastos más cuantiosas del comercio exterior de la isla. En el presupuesto de 2023 están destinados 1648 millones de dólares a ese fin.
Las zonas rurales han sido históricamente postergadas a la hora de repartir los recursos del Estado. En consecuencia, la vida en el campo se ha vuelto menos atractiva, sobre todo para los jóvenes. Esto está impulsando la emigración (interna y externa) y diezmando las nóminas de fincas privadas y cooperativas.
“El problema fundamental de la agricultura en Cuba resulta la falta de fuerza de trabajo, hay poca, envejecida y desestimulada”, reconoció en abril del año pasado el director de Inversiones y Desarrollo del MINAG, Luis Enrique Díaz Burón.
Reformas económicas: ¿el arma para revertir los problemas?
El MINAG no cuenta con los recursos para revertir esa situación. Según Díaz Burón, a partir de 2011 el plan de inversiones del MINAG se engrosó a un ritmo anual de 125 millones de pesos, que hacia el ejercicio fiscal de 2019 llevó la asignación correspondiente hasta 600 millones; y “en 2021, con la tarea de ordenamiento, creció en 10 mil millones de pesos”.
Pero, al consultar los registros de la Onei, confeccionados a “precios constantes” —ajustados a la devaluación implementada el 1° de enero de 2021—, las circunstancias resultan menos favorables. Luego de la reforma económica, la asignación conjunta para inversiones y nuevas construcciones agropecuarias cayó a su nivel más bajo en más de una década: 2,8 % del total (2573 millones de pesos).
Menos cosechas, siguen los intentos
Para traducir la situación basta un puñado de titulares negativos. Menos maquinarias, fertilizantes y equipos de riego en los campos. Por lo tanto, menores cosechas.
Como respuesta, el Gobierno aprobó en abril de 2021 un programa de 63 medidas orientadas a “incrementar la producción de alimentos y satisfacer las necesidades no cubiertas de productos agrícolas”. En diciembre último se aprobó una nueva ley de “Fomento y Desarrollo de la Ganadería”.
Altos funcionarios, como el Viceprimer Ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, llevan meses embarcados en recorridos por el interior del país. El objetivo es impulsar la hasta ahora pendiente recuperación del sector.
A principios de enero Tapia y el Ministro de la Agricultura viajaron a Pinar del Río para conocer de la construcción de viviendas y granjas avícolas, y de la marcha de la nueva campaña tabacalera.
“Una de las cosas que necesitamos es la ruralidad, para que las personas regresen al campo, para estabilizar la fuerza de trabajo”, acotó el titular del MINAG al visitar un asentamiento de casas de madera. Estas difícilmente resistirán a qun huracán de gran intensidad.
Atajos ineficientes
Entre la intención formal de las políticas estatales y la realidad media una distancia que las nuevas disposiciones no han logrado acortar. O siquiera se lo han propuesto. La Ley ganadera, por ejemplo, fue consultada con cooperativistas, especialistas y directivos de todo el país, en reuniones de las que se obtuvieron 61 propuestas, 36 de las cuales fueron aceptadas total o parcialmente. Un feedback limitado, cualquiera sea el prisma bajo el cual se mire.
Mientras, en las explotaciones ganaderas siguen siendo moneda corriente la falta de insumos y la demora en los pagos. Programas como el de inseminación artificial se ven limitados por las dificultades en la importación de termos o de motocicletas para los inseminadores.
Buenas, pero poco realistas intenciones
El economista Pedro Monreal considera que los problemas de la agricultura cubana no son “un simple trance coyuntural que podrá resolverse con listas de medidas”. A su juicio, urge promover formas de asociación privada. También eliminar el control estatal sobre los precios y el acopio, y pasar la venta de insumos a moneda nacional. El crecimiento de producciones de la década anterior no se repetirá en las circunstancias actuales, razonaba.
La estrategia oficial insiste en seguir otros derroteros. Sin embargo, la historia reciente del frijol es un recordatorio. Hasta el mayor de los esfuerzos puede resultar estéril si no va acompañado de realismo y recursos.
En agosto de 2020, a pocos meses de que el trips arrasara con la cosecha precedente, el MINAG se propuso recuperar la producción nacional a partir de alternativas agroecológicas y la siembra de frijol caupí. Esta variedad tiene menos aceptación entre los consumidores cubanos. No obstante, es poco exigente en cuanto a riego.
Fue un proyecto que nunca se concretó en la magnitud que se esperaba. Tres años después, la escasez hace florecer el tráfico de semillas de frijol en Villa Clara. Al margen de las alertas sobre el peligro de consumir ese producto, las autoridades tienen pocas alternativas que brindar.