El problema de los precios no comenzó en Cuba con el ordenamiento monetario. Esa, bien lo saben los cubanos, es prácticamente una verdad de Perogrullo en la Isla, una realidad desde hace mucho cotidiana, alimentada por la crónica crisis económica que, con sus avances y recaídas, arrastra el país desde hace décadas.
De hecho, esa crisis económica ―multiplicada en los últimos años por el endurecimiento del embargo estadounidense, la propia crisis de un aliado clave como Venezuela, la persistente ineficiencia interna y, por si fuese poco, la irrupción de la pandemia de la COVID-19― ha disparado los precios en pocas ocasiones, sobre todo en el mercado negro, pero también en circuitos formales como los mercados agropecuarios. En respuesta, las autoridades han impuesto “topes” (límites máximos) y mecanismos de control y castigo a los infractores que, más allá de las buenas intenciones, han demostrado muchas veces no ser lo suficientemente efectivos en un escenario espoleado por la escasez.
Ahora, con el ordenamiento ya en marcha, el gobierno sigue echando mano a medidas de esta naturaleza ―aunque los topes no pocas veces se traducen en tarimas vacías―, mientras apela a la población para que esta desempeñe un rol activo en el enfrentamiento a “los precios abusivos y especulativos” y para que las políticas trazadas “se implementen correctamente”. Y una parte de los cubanos, en medio del fuego cruzado del incremento de los precios estatales ―en cuya conformación el mismo Estado es juez y parte― y los no estatales, incluidos los informales, ha respondido a esa convocatoria.
De acuerdo con autoridades del Ministerio de Finanzas y Precios, en las dos primeras semanas de enero se recibieron en ese organismo alrededor de 500 comunicaciones y 78 denuncias directas relacionadas con violaciones de los precios establecidos. Lourdes Rodríguez, viceministra del sector, ha explicado que la mayoría de infracciones detectadas han sido en los productos agropecuarios y los servicios gastronómicos, en tanto el 65 % de estas violaciones corresponden a formas de gestión no estatal y el resto a entidades estatales. A los violadores se les imponen elevadas multas ―de entre 5.000 y 15.000 pesos (CUP), según un reciente decreto aprobado por el gobierno―, así como el decomiso y la venta forzada de los productos, el cierre total del establecimiento y la pérdida de la licencia en el caso de los trabajadores privados.
La actual regulación estatal sobre el tema, que actualiza las normas existentes antes del ordenamiento monetario, considera como precios abusivos “aquellos cuyo crecimiento estén por encima de un rango razonable en comparación con productos similares o dentro de la misma familia”, y que “buscan lograr un nivel de utilidad o ganancia desmedida” Mientras, define como precios especulativos “los fijados a productos, principalmente de primera necesidad, superiores a los establecidos por la autoridad competente, vinculados a operaciones de recompra, reventa o ambas, con el objetivo de obtener ganancias”.
Ahora bien, ¿cómo se definen estos precios y cuál es la autoridad competente para establecerlos? Explicar las lógicas y mecanismos estatales para ello equivaldría a escribir un tratado, y mostrar todos los listados oficiales resultaría en extremo extenso y farragoso, debido a esas propias lógicas y mecanismos. Como ya hemos referido en las entregas anteriores de esta serie, en muchos precios se eliminaron total o parcialmente los subsidios estatales existentes hasta diciembre, mientras otros se mantuvieron protegidos por su impacto o sensibilidad social. Por demás, un grupo de ellos se conformaron centralmente, mientras otros son competencia de las autoridades y organismos locales, entre ellos los de la gastronomía y prestaciones sociales como el sistema de atención a la familia, que tanta polémica han traído por sus altas cuantías.
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En sentido general, de acuerdo con la Resolución 329 de 2020 del Ministerio de Finanzas y Precios ―publicada en la Gaceta Oficial No. 70 Extraordinaria del 10 de diciembre de 2020, y que estable el “tratamiento a aplicar por las entidades a los precios minoristas descentralizados en pesos cubanos, a partir de decretarse el ordenamiento monetario” ―, “los precios minoristas son continuidad de los mayoristas, de manera que cubran los costos y gastos necesarios, una utilidad, los compromisos fiscales y que no generen subsidio, excepto los casos que tengan aprobados tratamientos diferentes”. Además, “para su determinación, también se toman en cuenta los precios y tarifas de sus similares existentes en el mercado” y “se consideran las normas tecnológicas para las diferentes actividades, así como las referencias de los similares de otras formas de gestión no estatal”.
La resolución establece igualmente que “los precios y tarifas minoristas se diferencian según sus características, unidades de medida, atributos, calidad, modalidades, prestaciones, requerimientos comerciales y la adecuada correlación calidad-precios” ―un aspecto que genera quejas constantes de los cubanos, como ha sucedido, por ejemplo, con el pan y las pizzas estatales, y sobre el que han vuelto una y otra vez las autoridades, sin que por el momento se observen cambios significativos― y que “en las tarifas no se incluyen los precios de las partes, piezas y accesorios, los que se cobran de manera independiente”. Por ese camino transitan entonces oficialmente los precios del ordenamiento monetario.
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¿Y los medicamentos?
Tan sensibles para las personas como los alimentos y los servicios básicos, los medicamentos han sido tema constante de conversación entre los cubanos desde que se divulgaron los precios previstos para muchos de ellos como parte del ordenamiento. Tanto que las autoridades no tardaron en rectificar el listado inicial, rebajando algunos precios y actualizando el cuadro básico, con la exclusión o eliminación de medicinas que ya no se comercializarían en las farmacias cubanas.
En general, los fármacos fueron divididos en tres grupos: los controlados ―los comúnmente conocidos en Cuba como “por tarjetón”, unos 85 que se dispensan en las farmacias―, los complementarios a los controlados (77) y los no controlados ni complementarios (191), cuyos precios actuales fueron publicados en la Gaceta Oficial No. 81 Extraordinaria del 29 de diciembre de 2020.
El primer grupo, destinados principalmente al tratamiento de enfermedades crónicas, y el segundo, complementario a los del primero, mantienen sus precios anteriores al 2021 pues siguen subsidiados por el Estado. No obstante, de acuerdo con las autoridades, su valor real sí aumentó con la eliminación de las distorsiones cambiarias existentes en la Isla hasta diciembre.
“Esos productos tienen el efecto de una devaluación de la moneda, sobre todo cuando en su producción tiene una alta composición la materia prima importada, o cuando tenemos necesidad de importar directamente el producto”, explicó la ministra Meisi Bolaños, quien aseguró que el presupuesto estatal asume ese incremento, como también asume el de los productos medicinales de origen natural y otros renglones farmacéuticos ―como bolsas de colostomía, sondas, jeringuillas, glucómetros, algodón, almohadillas sanitarias y condones― que también mantuvieron sus precios.
En cuanto a los medicamentos no controlados ni complementarios, comprenden los utilizados mayormente para tratar procesos agudos, en cortos períodos de tiempo, como los antibióticos, antiparasitarios y analgésicos. Estos sí no son ya subsidiados estatalmente y, en consecuencia, aumentaron sus precios, aunque este incremento está matizado por el hecho de si se fabrican o no en el país, y por cuántos componentes importados se emplean en su producción, en el caso de los fabricados en la Isla.
Sin embargo, las autoridades cubanas han dicho que en el caso de los medicamentos, como en los de otros productos, los precios podrían variar de acuerdo con las circunstancias “en función de buscar una estabilidad y de que se expresen económicamente los reales costos y la economía real en todos los productos, en el consumo y el desarrollo de los diferentes sectores”. Por ello, aseguran, estos precios pudieran ser revisados y actualizados, a la vez que aspiran a aumentar la producción nacional ―lo que permitiría abaratar los fármacos y reducir la carga sobre el presupuesto estatal― y también a subsidiar personas que no puedan costearlos y no a los productos propiamente.
En cualquier caso, un problema ineludible con los medicamentos, al igual que con los alimentos y otros productos de primera necesidad, es su inestabilidad en la red estatal ―aun cuando las autoridades insisten en que trabajan para resolver este tema―, lo que afecta no solo la salud de los enfermos sino también sus bolsillos y los de sus familiares. Porque ante la escasez asoma siempre la oreja peluda del mercado negro ―que se ceba en el mal llamado “desvío de recursos” o en la importación informal desde el extranjero― con precios muchas veces estratosféricos e inaccesibles para la mayoría de los cubanos, bajo la implacable ley tan común en Cuba de que “el que vende, manda”. Y bajo esa ley, no hay ordenamiento, por muy ordenado que pretenda ser, que dé bien la cuenta.