La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) invitó a la participación “consciente y responsable” en el proceso para reformar la Carta Magna de la Isla, al tiempo que considera necesario que el texto incluya la creación de un tribunal de garantías constitucionales para salvaguardar los derechos que refrenda.
Los obispos reconocen y valoran que un buen número de cubanos esté ejerciendo su derecho a opinar durante el proceso de consulta del proyecto de Constitución, que hasta el próximo 15 de noviembre será discutido por la ciudadanía cubana, lo que estiman es un “ejercicio beneficioso para las personas y la sociedad”.
En su mensaje pastoral la COCC se pronuncia por primera vez sobre el proceso de consulta de la reforma constitucional, aunque algunos prelados ya habían opinado a título personal, en particular contra la propuesta de cambiar la definición de matrimonio recogida en el artículo 68 del proyecto, que de aprobarse permitiría la eventual legalización de las uniones homosexuales en Cuba.
Los obispos rechazan por “mal fundado y erróneo” que aparezca en el borrador una definición del matrimonio como “la unión de dos personas con aptitud para ello, a fin de hacer vida común”.
“La enseñanza de la Iglesia siempre ha sido clara: el amor recíproco y complementario entre el hombre y la mujer fundamenta la vocación al matrimonio y a la familia, estableciendo una unidad que no puede equipararse a ninguna otra. Distinción no significa discriminación”, aseguran en el mensaje publicado en el sitio web de la Conferencia.
El cambio en la definición constitucional del matrimonio propuesto ha sido uno de los aspectos más polémicos desde que comenzó la consulta popular el pasado 13 de agosto entre los cubanos que viven dentro y fuera de la Isla.
En otro orden, los obispos católicos aprecian que el proyecto tenga en cuenta el respeto y la aplicación de los derechos humanos reconocidos en diversos tratados internacionales de los cuales Cuba es signataria.
Igualmente valoran la declaración de que las personas son iguales en su dignidad, en sus deberes y derechos, sin discriminación alguna, pero lamentan la ausencia del reconocimiento a la diversidad de opinión política.
Además, aluden al aborto y en ese sentido creen que sería necesario “explicitar” que el derecho a la vida debe respetarse desde el momento de la concepción del individuo hasta la muerte natural y desean que abarque la exclusión de la pena de muerte.
Los obispos cubanos también reafirman que la libertad de practicar la religión propia “no es la simple libertad de tener creencias religiosas, sino la libertad de cada persona de vivir conforme a los valores de la fe que profesa, de expresarlos públicamente, teniendo por límite el respeto al otro”.
Precisan que para ellos esta libertad implica, además, el “reconocimiento jurídico de la Iglesia y de su identidad y misión propias”, así como la posibilidad de acceder de “modo sistemático” a los medios de comunicación estatales, a la enseñanza y poder asociarse para fines educativos, culturales, de salud y caritativos.
Respecto a los derechos de la familia, los prelados sostienen que es necesario que la nueva Constitución brinde las posibilidades para que cada ciudadano tenga “un salario que realmente satisfaga sus necesidades” e, igualmente, garantizar las prestaciones sociales necesarias para que todos sus miembros tengan “una vida estable”.
Por otro lado, desaprueban que se añada a la Carta Magna vigente otras tres categorías como sujetos de derecho: “género, orientación sexual e identidad de género” que en su opinión “son innecesarias”, porque bastaría con la categoría “sexo” para que queden comprendidos todos los miembros de la sociedad.
En el apartado económico, la COCC se muestra complacida de que el proyecto constitucional también reconozca la propiedad privada, y en relación a la inversión extranjera, cree que debe ser extendido en igualdad para todos los cubanos y “sin discriminación alguna”.
Cuando concluya la discusión del documento propuesto como nueva Constitución, que sustituirá a la de 1976, una comisión liderada por el expresidente Raúl Castro estudiará las propuestas aportadas en los debates para su incorporación o no al texto definitivo y lo remitirá de nuevo a la Asamblea Nacional, para luego ser sometido a referendo en febrero de 2019.
EFE / OnCuba