El Parlamento cubano aprobó por unanimidad este jueves una largamente preparada Ley de Comunicación Social en su versión 34 del proyecto.
El proyecto que finalmente se aprobó tuvo 69 modificaciones “de contenido y forma“, respecto a la versión 33 que fue sometida a la segunda consulta con los diputados.
La Asamblea, a poco más de un mes de constituida, con 470 diputados y sin organizarse aún en sus Comisiones tradicionales, creó un grupo temporal para hacer avanzar la nueva norma.
El Consejo de Estado decidió incluir una disposición transitoria para que, dentro de dos años, el presidente del Instituto de Información y Comunicación Social, Alfonso Noya Martínez, informe a la Asamblea sobre el proceso de implementación de la ley.
La disposición jurídica regulará los procesos en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario, con fines políticos, de bien público, organizacionales y comerciales, tanto en los espacios públicos físicos como en los digitales.
Noya Martínez, en la presentación de la ley a los diputados explicó la “contribución de la comunicación social para fortalecer la unidad del pueblo, afianzar la ideología de nuestra sociedad socialista y defender la independencia, soberanía y seguridad de la patria“.
Al dirigirse a los diputados Miguel Díaz-Canel, consideró que esta legislación debe permitir “superar los vacíos y vencer las inercias institucionales“.
“Ante una situación determinada, que esté impactando negativamente a la población, los servidores públicos responsables están obligados a informar de inmediato desde todos los espacios posibles“.
Dijo además que toca a la prensa “contar primero y responsablemente cada información sensible para el pueblo“.
“Es hora de comprender y emplear todos los recursos de la comunicación social para favorecer la participación, la transparencia y la rendición de cuentas“.
La Ley de Comunicación debió aprobarse a finales de 2022, pero el Consejo de Estado pidió retrasarla debido a su “complejidad“ y a que los múltiples cambios que se le introdujeron no habían sido trasladados en su totalidad a los parlamentarios.
Una ley histórica
La diputada Rosa Miriam Elizalde, periodista y miembro de la comisión redactora, defendió en el pleno de la Asamblea el carácter histórico de la Ley, por ser la primera de este tipo que se deriva de la Constitución.
A su juicio, desborda ampliamente la geografía nacional. “Es la primera norma de América Latina que trasciende lo sectorial“, precisó sobre lo que considera inédito, una de las grandes aspiraciones de la comunidad académica y de los comunicadores.
Es, dijo, una ley sombrilla, como el Código de las Familias, “porque atraviesa todos los ambientes de la sociedad. En términos legislativos, añade, coloca al Estado en capacidad de mediador y garante entre los ciudadanos y los grandes poderes nacionales“.
Yoerky Sánchez, miembro del Consejo de Estado y director del diario Juventud Rebelde, explicó que no se trata de una Ley de Prensa ni de Medios, aunque abarca regulaciones sobre ese sector.