Soberanía alimentaria: la urgencia postergada (I)

El pasado 16 de julio, el Gobierno cubano anunció, en medio de la batalla contra la pandemia de la COVID-19, su Estrategia Económica y Social para el impulso de la economía. Sin dudas, una decisión osada en medio de la tensa situación que atraviesa el país, causada por el impacto del bloqueo estadounidense, la situación sanitaria y los acumulados de ineficiencias económicas internas.

La Estrategia se estructura en 16 áreas clave, relacionadas con las esferas económicas y sociales de mayor impacto en la economía nacional. El listado lo encabeza la producción de alimentos.

La seguridad alimentaria y nutricional es una de las prioridades políticas del país. En la nueva Constitución de la República de Cuba se reconoce, en su artículo 77, que “todas las personas tienen derecho a la alimentación sana y adecuada. El Estado crea las condiciones para fortalecer la seguridad alimentaria”.

La necesidad de construir sistemas alimentarios locales soberanos y sostenibles se ha ido abriendo paso en Cuba. El Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, recientemente aprobado por el Consejo de Ministros,¹ constituye la plataforma nacional para alcanzar ese fin. Este atiende la comercialización y el consumo de alimentos, así como el fomento de una cultura alimentaria y de la educación nutricional, para mejorar la salud de la población. El documento refleja que “se asume la Seguridad Alimentaria como la capacidad de la nación para producir alimentos de forma sostenible y dar acceso a toda la población a una alimentación suficiente, diversa, balanceada, nutritiva, inocua y saludable, reduciendo la dependencia de medios e insumos externos, con respeto a la diversidad cultural y responsabilidad ambiental”.

Este Plan propone la organización de sistemas alimentarios locales soberanos y sostenibles a escala municipal, tomando en cuenta la autonomía y la personalidad jurídica de estos, refrendada en la nueva Constitución de la República. En ese nivel administrativo, los intendentes deberán analizar las variantes para una relación estrecha entre el sistema empresarial de producción de diferentes rubros y entidades, ya sean de investigación, de educación, del sistema para la atención primaria de salud u organizaciones de la sociedad civil, todas vinculadas de alguna forma a la alimentación y a la educación.

La producción, la comercialización y el consumo de alimentos son una asignatura pendiente hace algunas décadas. Varias estrategias se han lanzado para solventar el problema de la agricultura, cuyo denominador común ha sido el fortalecimiento de las políticas agrarias, de las cooperativas agropecuarias y de la empresa estatal socialista, el fomento de huertos comunitarios con acceso a semillas y la vinculación de la población a la producción de alimentos.

Con ese fin, son abundantes los programas implementados durante años: el Programa de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, con 33 años de vida. El Programa para el Desarrollo Integral de las Regiones Montañosas (Plan Turquino), creado en 1987, el Programa de Autoabastecimiento Municipal, aprobado en 2018, el Movimiento Agroecológico de Campesino a Campesino, el Programa de producción de agentes de control biológico, bioplaguicidas de origen botánico, bioestimulantes y biofertilizantes y el Programa Nacional de Recursos Fitogenéticos, aprobado en 2014. Este último procura el acceso a semillas propias.

Lo cierto es que, hasta el momento, esa diversidad de políticas y programas no ha dado los resultados que necesita la mesa cubana. Una parte importante de los alimentos que se consumen en la Isla son importados, en renglones tan vitales como el arroz, el trigo y el pollo. Sucede lo mismo con los medios e insumos para la producción agrícola: combustible, fertilizantes, alimento animal y maquinaria agrícola. La producción agroindustrial muestra bajos niveles de eficiencia en el uso de sus recursos.

En el diagnóstico que devela las causas de esta situación, aparecido en el Plan de Soberanía Alimentaria, se señalan los siguientes factores: el bloqueo de EE.UU.; los eventos climatológicos; la disminución de las ofertas estacionales y la limitada capacidad de conservación de alimentos; la disminución y el envejecimiento de la población rural; la emigración a zonas urbanas y la escasa atracción de la agricultura para la juventud, así como la degradación de los recursos naturales: suelo, agua, bosques y biodiversidad.

Si bien cada uno de esos aspectos tiene peso en la limitada capacidad productiva agropecuaria cubana, el documento no hace referencia a que los mecanismos y regulaciones que operan en el sector se han agotado en el tiempo y constituyen un obstáculo para el despegue de la producción soberana de alimentos.  

Con miras a superar esas limitaciones y subvertir la crítica situación de la producción de alimentos, el Plan contiene entre sus componentes un modelo sostenible de producción, el acceso a recursos y la educación nutricional. Dentro de esos se prevé una adecuada gestión y ordenamiento territorial y urbano; la mejora de la eficiencia productiva, energética y económica; la estabilidad financiera; el aumento de la soberanía tecnológica; la minimización de la dependencia de insumos externos y la regulación de la producción, importación y comercialización de equipamiento para la pequeña y mediana escala.  

Estos planteos contienen los desafíos globales del sector agrario, pero urge un paquete de medidas que concrete el cambio estructural que necesita la producción agrícola nacional. Al momento de escribir este texto, no ha aparecido una propuesta oficial integral con ese fin.

Este tema, vital para el presente del país, está a debate en los ámbitos académicos y políticos. Es válido esbozar, en el esfuerzo por ir más allá de las pautas trazadas en el documento, algunas de las propuestas presentadas recientemente por un grupo de académicos y exfuncionarios cubanos.

Dicha propuesta hace parte de consideraciones más integrales sobre el desempeño de la economía nacional, en las que se sugieren importantes cambios estructurales. En el caso que nos ocupa, tomamos nota de las consideraciones referentes al sector agrícola, y, dentro de estas, a las contenidas en una primera fase, de tres previstas en la propuesta.

• Garantizar el funcionamiento autónomo de las cooperativas respecto a la empresa estatal, y por ende, al aparato territorial administrativo del Ministerio de Agricultura.
• Priorizar la asignación de recursos, utilizando los limitados fondos en divisa para adquirir insumos y equipamientos.
• Flexibilizar y acelerar la entrega de tierras ociosas para transformarlas en cultivables.
• Pasar la regulación estatal del sector al nivel municipal/local.
• Eximir a los productores limitados al ámbito local de la entrega obligatoria a Acopio.
• Reducir barreras de entrada a transportes de distribución mayorista y minorista en los programas de abastecimiento local.
• Enfocar la gestión de Acopio en el abastecimiento mayorista de grandes volúmenes a distancia.
• Eliminar los precios máximos pagados a los productores que mayoritariamente no ofertan a los programas locales y limitar el compromiso de entrega a Acopio en un máximo del 50 %.
• Aprobar que el productor pueda vender libremente la producción no contratada con Acopio, de manera directa, a otros distribuidores legalizados.
• Reducir las barreras de entrada en la distribución mayorista de grandes volúmenes a distancia.
• Autorizar a las empresas estatales contratar abastecimiento de alimentos, también con entidades cooperativas y privadas.
• Promover y facilitar a productores de patios y parcelas y producción artesanal y/o semiindustrial la venta de sus productos.
• Otorgar créditos con una estructura que permita elevar el rendimiento promedio.
• Establecer un mercado adicional de equipos e insumos agrícolas en MLC.
• Permitir a las medianas y pequeñas empresas, y demás trabajadores por cuenta propia, relacionarse con suministradores externos sin la mediación obligatoria de las empresas estatales creadas para ese fin.
• Alquilar medios de transporte y almacenamiento de propiedad estatal a distribuidores agrícolas no estatales.
• Eliminar de manera selectiva los precios topados.

Frente al déficit de producción de alimentos, existen diagnósticos claros, propuestas osadas y voces diversas. Sin embargo, el nudo gordiano para su aplicación es la propensión de la burocracia cubana a postergar la toma de decisiones, de lo cual el proceso de reformas iniciadas en el 2008 muestra un rosario de ejemplos. Su carácter principal ha sido la falta de consistencia y muchos ajustes en poco tiempo. El movimiento pendular permanente entre centralizar y descentralizar no ha permitido acumular resultados en una u otra dirección.

El propio ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, reconoció en la reunión del Consejo de Ministros del pasado 28 de septiembre, que existe lentitud en la aprobación de algunas normativas necesarias para hacer operativa la Estrategia aprobada recientemente. Las esperadas medidas en el sector agrícola, uno de los que demandan una reforma más profunda, no aparecen en su conjunto.

Dada la compleja situación que vive el país, es de esperar que las medidas no lleguen con los remaches y arandelas típicas de la burocracia, límites incomprensibles al desarrollo. Es de esperar que las personas “decisoras”, que no deciden lo que hace años debió ser decidido, lo hagan esta vez.

Para que haya comida en la mesa cubana no solo es necesaria la llegada estable de una mayor diversidad de productos. Es deseable que también la educación sobre este particular alcance no solo el conocimiento sobre calorías y nutrientes, sino la capacidad crítica para interpretar y tomar posición sobre una u otra propuesta.

En lo que los productos llegan, sería bueno una presenciar un debate televisivo entre propuestas y conceptos de base. Es decir, que seamos capaces de consumir críticamente. Por ejemplo, que podamos tener una posición sobre el uso de transgénicos, o que sepamos optar entre un modelo de seguridad o de soberanía alimentaria. 

Lo cierto es que la deprimida capacidad de producción de alimentos es, prácticamente, un tema de seguridad nacional. No es casual que tenga el número uno entre las áreas clave de la nueva Estrategia económica. Cabe esperar que la urgente necesidad de encaminar la soberanía alimentaria no quede, una vez más, postergada.

Nota:

¹ El Plan fue coordinado por el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Agricultura, con el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y la participación de representantes de 22 Organismos de la Administración Central del Estado, 12 Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial, 27 entidades, 11 organizaciones de la sociedad civil de Cuba y cinco organizaciones de la colaboración internacional.