Desde mayo de 2023 a la fecha se han registrado en Cuba un total de 494 casos de personas en condición de vulnerabilidad sociojurídica.
Así lo precisó al diario Granma Alejandro Redondo Ramos, director de la Defensoría, una estructura integrada al Ministerio de Justicia (Minjus) que cuenta con una dependencia en cada provincia cubana y en el municipio especial Isla de la Juventud.
De acuerdo con Redondo Ramos, el concepto de vulnerabilidad sociojurídica remite al hecho de que “las condiciones personales o contextuales de una persona, que se encuentra en conflicto, inciden en la vulneración de sus derechos y constituyen barreras para el ejercicio o la defensa de un derecho concreto, en igualdad de condiciones con las demás”.
“Las barreras pueden ser administrativas, judiciales, de movilidad, de comunicación, de información o psicológicas”, explicó el funcionario.
Ante casos de este tipo acciona la Defensoría, cuya misión, señaló su director, es “proteger, garantizar y restablecer el ejercicio de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad sociojurídica”.
Estadísticas
Las provincia con “más incidencia” es La Habana, que registra 165 casos en el período, de acuerdo con Granma.
A la capital le siguen Villa Clara (77), Las Tunas (38), Camagüey (31) y Santiago de Cuba (30), mientras que las demás provincias registran menos de 30 casos, según el directivo.
“De todos los casos presentados, 446 han sido competencia de la Defensoría: 221 están
relacionados con la materia civil, 190 con la familiar, 21 vinculados al trabajo y la seguridad
social y 14 en materia administrativa”, detalló.
“Los restantes 48 —dijo— no han sido competencia de la Defensoría, ya sea por la inexistencia de una situación de vulnerabilidad o por razón de la materia, y se han remitido a las instituciones correspondientes”.
Las estadísticas oficiales arrojan que los casos recibidos en situación de vulnerabilidad y que han sido competencia de la institución se dividen en 197 referentes a niños, niñas y adolescentes; 75 a víctimas de violencia y discriminación; 111 a personas adultas mayores; 58 a personas en situación de discapacidad y cinco a otras situaciones de vulnerabilidad sociojurídica.
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Servicio gratuito
Para tales víctimas, la Defensoría brinda un servicio gratuito y cuenta con defensores y consultores a lo largo de la isla. A los mismos se les asignan los casos “en correspondencia con las características y circunstancias de cada asunto en concreto, y con la materia y la especialidad en la que se desenvuelven”.
“Los defensores son juristas —con excepción de quienes se desempeñan como jueces, fiscales o notarios— que deben velar por la más rápida y beneficiosa solución del asunto que les fue designado”, apuntó Redondo Ramos.
En su actuación, los defensores —unos 580 en el país—, deben “adoptar las medidas necesarias para prevenir y remediar los actos contrarios a la dignidad, la justicia, la equidad y la probidad, en la defensa del ejercicio del derecho de la persona en situación de vulnerabilidad sociojurídica”.
Los consultores, por su parte, “son expertos en aquellas áreas de conocimientos vinculadas con el trabajo de la Defensoría, capaces de dictaminar la situación, asesorar y acompañar al defendido y al defensor para un mejor ejercicio de sus funciones”, refirió el funcionario.
La Defensoría ofrece, igualmente, apoyo y participación en cada uno de los procedimientos administrativos y procesos judiciales en los cuales esté involucrado el defendido.
“Ello implica la asistencia a las personas, respondiendo a sus necesidades durante la resolución de un conflicto, en pos de que obtenga una visión o proyección de la finalidad, de la manera más adecuada de afrontar la situación, y tenga un grado de preparación tanto emocional como psicológica”, pormenorizó el director del ente al periódico Granma.
A futuro
La Defensoría, según Redondo Ramos persigue “empoderar y potenciar las capacidades y habilidades de la persona en situación de vulnerabilidad sociojurídica”. Ello, para que pueda superar, con el apoyo de la entidad, las problemáticas que limitan su vida.
No obstante, el directivo reconoce la necesidad de “continuar perfeccionando” la estructura y labor de la entidad “en aras de brindar un mejor servicio” y “representar cada vez mejor los valores de humanidad y sensibilidad”.
El funcionario aseguró que también buscan ser reconocidos por la población como una “institución de vanguardia, digna de su confianza, y que trabaja incansablemente por defender los derechos de aquellos que nos necesiten”.
En tal sentido, la entrevista a Redondo Ramos en Granma funciona como presentación social del ente, poco conocido por los cubanos a más de un año de su establecimiento en la isla.
Finalmente, afirmó que “cada persona debe conocer sus deberes, derechos y responsabilidades”, sobre todo quienes puedan encontrarse en una situación de vulnerabilidad. En tal sentido, consideró que la Defensoría es una “estructura necesaria” en la sociedad cubana actual.