El 2 de febrero el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez se reunió con expertos de la Academia de Ciencias para debatir sobre lo que calificó como “el desafío generacional dentro de nuestro proyecto revolucionario”. Las preocupaciones que ese día planteó al auditorio podían resumirse en una pregunta: ¿qué hacer para que Cuba no siga perdiendo a su juventud?
De forma universal se reconoce que los jóvenes cumplen en toda sociedad tres funciones vitales: aseguran la reproducción biológica; la reproducción de conocimientos y valores espirituales; y producen los bienes materiales. Y en la Cuba actual, el cumplimiento de estas funciones se encuentra comprometido.
En medio de la profunda crisis que —otra vez— enfrenta la Isla, se conjugan factores diversos. El arreciamiento del bloqueo estadounidense desde la era Trump y el virtual desplome de la economía venezolana terminaron siendo el telón de fondo para las medidas económicas del Ordenamiento y su secuela más sensible a los ojos (y bolsillos) del cubano de a pie: la inflación. Dos años después del comienzo de la pandemia, con la dolarización alcanzando hasta los más recónditos espacios, las desigualdades y el desaliento se han propagado por el tejido social cubano.
En este escenario, el saldo para las nuevas generaciones no resulta favorable.
En términos concretos, integran este sector poblacional en la Isla todos aquellos que se ubican entre los 14 y 30 años. Según explica la doctora María Isabel Domínguez, del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de la Universidad de La Habana, este rango etario incluye la que se denomina como “juventud temprana” (14-17 años), la “media” (18-24 años) y la “madura” o “tardía” (25-30 años).
El factor común a todos es el hecho de que se trata de personas que nacieron a partir de los 90. Son cubanos que no conocieron la prosperidad ni las oportunidades de las décadas anteriores. Sus referentes contextuales son las consecutivas etapas de crisis de los últimos decenios y la cada vez más extendida influencia de los “paradigmas occidentales”, cuya incidencia en la juventud se ha incrementado de forma definitiva con el acceso a internet.
En su libro Adolescentes y jóvenes cubanos en los ámbitos de familia y pareja. Sistematización de una experiencia (2015-2019), las investigadoras del Centro de Estudios Sobre la Juventud, Ana Isabel Peñate Leiva, Raida Semanat Trutie y Odette del Risco Sánchez, describen algunas de las dinámicas que inciden en la vida de esos grupos etarios como resultado del contexto actual cubano. Entre otros, las autoras subrayan la posposición del matrimonio y la concepción de los hijos, la convivencia de varias generaciones impuesta por la falta de viviendas, y el aumento de las estadísticas del divorcio y la migración de los más jóvenes; todas se cuentan entre las realidades determinantes para las generaciones que deberían asumir el futuro del país.
Algunas de estas problemáticas también se listan en el estudio “El desafío generacional para el desarrollo del proyecto social cubano”, que la doctora María Isabel Domínguez García expuso recientemente a la dirección del Gobierno. A su juicio, temas como la migración interna (en primer lugar, la que conecta a las provincias orientales con el Occidente del país), y la externa (liderada por jóvenes con alta calificación profesional, la mayoría, mujeres), son consecuencia directa de la “falta de espacios” para la construcción de proyectos personales. Las dificultades comienzan por la posibilidad de acceder a una vivienda, aunque no terminan ahí, según señaló.
El desafío generacional en Cuba demandaría la incorporación de los jóvenes a empleos productivos, pero también la atención a las condiciones de vulnerabilidad que sufren muchos de ellos, vinculadas sobre todo a las desigualdades por género, color de la piel y territorios.
“Nada nuevo bajo el sol”
Aunque las investigaciones antes referidas centran sus análisis en la etapa más actual, los problemas que afectan a los jóvenes cubanos no son nuevos.
En criterio de Alina Herrera Fuentes, abogada e investigadora, y Mylai Burgos Matamoros, académica de la Universidad Autónoma de Ciudad México, desde la década de 1990, a raíz de la desintegración de la URSS y la reforma económica iniciada en busca de divisas, proliferaron “el ejercicio de la prostitución, el mercado negro, la emigración (…), la deserción de jóvenes del sistema escolar y (…) el aumento de las desigualdades sociales, con un impacto desfavorable respecto al género, la raza, el territorio”.
Los programas sociales que, a comienzos de siglo, impulsó Fidel Castro dentro del marco de la Batalla de Ideas tenían como objetivo “corregir” esas deformaciones.
No fueron suficientes, sin embargo. Entre otras razones, por la falta de tiempo. La llegada a la presidencia de Raúl Castro, menos de una década después, tuvo el doble signo de la cancelación de muchos de aquellos programas, y la implementación de una reforma que amplió los márgenes para la economía privada mientras reducía el asistencialismo social y recortaba las plantillas estatales; en 2013 entraría en vigor una nueva legislación migratoria que eliminaba la totalidad de las limitaciones internas existentes hasta entonces para viajar al exterior.
La “Actualización” promovida por Raúl Castro alcanzó un éxito parcial, entre otras cosas al costo de profundizar las desigualdades sociales. El discurso oficial denominaría al fenómeno: “eliminación de gratuidades indebidas”, si bien sus alcances excedían la pérdida de unos cuantos subsidios.
No existen datos públicos sobre los resultados de los programas integrados en la “Batalla de Ideas” que tuvieron como centro a los jóvenes. Se desconoce cuántos salieron de su situación de vulnerabilidad, cuántos lograron estudios o revirtieron su estatus de desempleados gracias a estas políticas.
No obstante, a más de una década de la interrupción de aquellos proyectos, con la agudización de las desigualdades, el Gobierno cubano reconoce que la atención a los jóvenes es un tema urgente. Para ello ha creado un grupo de trabajo integrado por dirigentes, investigadores y expertos, que tendrán a su cargo la redacción de una “política integral para la atención a jóvenes y niños”.
Su mandato es presentar propuestas que contribuyan al superobjetivo de que los jóvenes encuentren su proyecto de vida en el país, brindándoles posibilidades para el desarrollo de sus capacidades y participación.
En pos de ello, se toman decisiones sin precedentes como la indicación dada al Ministerio de Educación Superior para hacer modificaciones en el proceso de ingreso a las universidades que den facilidades a jóvenes procedentes de familias con vulnerabilidades y desventajas. Y se indica que dentro de la Política de la Vivienda se contemplen determinadas consideraciones hacia este sector poblacional, como facilidades de arrendamiento y de microcréditos que se les pueden otorgar en diferentes momentos de sus vidas.
No obstante, como ha explicado el investigador e historiador cubano Jesús Arboleya, “resistir eternamente no satisface las expectativas de vida del común de las personas, especialmente de los jóvenes. Tal nivel de insatisfacción explica tanto el volumen de emigración existente, como las expresiones de descontento que se observan en diversos escenarios. La causa es económica, pero sus consecuencias son políticas y como tal deben ser tratadas”.
La realidad es que en las protestas del 11 de julio de 2021 predominó la población joven y los ciudadanos de las áreas de mayor precariedad. De acuerdo con la información oficial, de los 710 acusados presentados ante los tribunales para su enjuiciamiento por actos vandálicos y graves alteraciones del orden, solo dentro del rango de edad entre 16 y 20 años se contaban 115 ciudadanos. Para el economista Julio Carranza, Director de UNESCO en Centroamérica, la presencia de los jóvenes en el estallido social fue consecuencia de una economía que “no da respuesta suficiente a las necesidades de empleo, de consumo, de inclusión”, y un sistema político sin “suficiente espacio de representación y participación real”.
La disposición gubernamental a promulgar una Política de atención a los jóvenes parece partir del entendimiento de que el desafío generacional en Cuba es “un problema estratégico, complejo”, en palabras del propio presidente. Y que sus tendencias fundamentales difícilmente podrán revertirse en el corto y mediano plazos. Las diferencias de desarrollo entre regiones; el saldo migratorio cubano, que ha sido negativo desde 1969 según cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información; los bajos niveles de escolaridad como resultado de la pirámide invertida en la economía… son asuntos que preocupan a muchos, pero cuya solución no se avizora.
La Política que hoy se elabora parte del criterio de expertos que han propuesto acciones para garantizar los cuatros pilares básicos de la integración social de las juventudes: educación, empleo, emancipación familiar y participación.
Pero, en el caso de Cuba, la asimilación de la juventud es, ante todo, un problema que tiene su base en una economía incapaz de garantizar la movilidad social (la recompensa del esfuerzo personal con un progreso significativo en las condiciones de vida), dentro de un país que tiene la tasa de crecimiento poblacional más baja del continente y una de las más bajas a nivel internacional.
En esencia, nuestros jóvenes migran dentro de Cuba y hacia el exterior, buscan alternativas de trabajo que favorezcan más las ganancias y menos el nivel de escolaridad, y tienen cada vez menos hijos. No sorprende que así sea luego de tantos años de penuria económica.